La Contraloría General de la República ha revelado graves fallas en la organización y ejecución de las elecciones generales del 12 de abril, señalando una totalmente avasallada Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y una preocupante negligencia en la distribución del material electoral. Guzmán Vera Coronel, portavoz y asesor legal de la Contraloría, detalló los hallazgos de 278 informes emitidos sobre el rol de la ONPE, apuntando a deficiencias en infraestructura, capacitación y, crucialmente, en la contratación del proveedor Galaga.
Según Vera, desde el año pasado, la Contraloría detectó que la infraestructura contratada por la ONPE para sus oficinas descentralizadas y el almacenamiento del material de capacitación se encontraban en condiciones inadecuadas. La capacitación tanto del personal de la ONPE como de los miembros de mesa también fue deficiente, aunque se reconoció la efectividad de las charlas para los miembros de mesa, se cuestionó la baja cobertura de estas.
Un total de 33 informes se centran específicamente en la distribución del material electoral y la crisis del 12 de abril. La Contraloría ha identificado que la observación realizada sobre las características de los conductores de Galaga era esencial, ya que el contrato exigía que todos tuvieran licencias habilitadas para conducir los vehículos asignados y que fueran debidamente identificados antes del despliegue del material.
La Contraloría también está evaluando si hubo irregularidades en la contratación de Galaga, considerando que los términos de referencia de la ONPE no coincidían con las necesidades reales y que la calificación de la capacidad de carga de los vehículos fue cuestionable. Se investiga si se discriminó correctamente la cabina de los vehículos al calcular el tonelaje, ya que la mayoría de los vehículos no salieron de la ONPE completamente cargados.
Respecto a posibles actos de corrupción, Vera explicó que se está evaluando si la oferta de Galaga fue justificada como la más solvente y si existió un favorecimiento a esta empresa. No se ha encontrado un documento que justifique la variación de las condiciones sobre el tonelaje en el expediente de contratación.
En cuanto a las 601 observaciones registradas en los 278 informes, el 77% de ellas no ha sido corregido. Entre las más delicadas se encuentra la falta de custodia e identificación adecuada del material tecnológico en el hangar de Lurín, lo que impactó en el embalaje del material de cómputo. Se detectó que muchas laptops no llegaron a los miembros de mesa con todos sus componentes, debido al desorden en el hangar. La Contraloría alertó sobre esta situación entre enero y febrero, pero no se tomaron medidas correctivas.
Otra observación crítica se refiere al proceso de distribución del material electoral, donde se evidenció negligencia por parte del personal de la ONPE al no dimensionar adecuadamente la cantidad de personas necesarias para la tarea. El proveedor, Galaga, reportó que llevó 400 vehículos pero encontró poco personal para la carga del material, sin una identificación clara de las rutas.
La responsabilidad de esta negligencia podría alcanzar al jefe de la ONPE, Piero Corvetto, debido a su deber de supervisión. Vera cuestionó la actitud de Corvetto al afirmar que realizó un lanzamiento protocolario a las 8 p.m. y luego se fue a dormir, mientras que a las 10 p.m. ya se conocía la lentitud del proceso de entrega. Los vehículos que debían salir a las 10 p.m. terminaron saliendo entre las 2 a.m. y las 4 a.m. del día siguiente, lo que obligó a modificar las rutas previamente establecidas debido al desorden en la entrega del material.
La Contraloría también está evaluando la pérdida de cédulas de votación y ha recabado información del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la fiscalía. Se constató que mucho material aún no llegaba al almacén de Lurín el sábado, por lo que no se sabe con certeza si todo el material electoral ha sido replegado.
En las regiones, el esquema de distribución fue diferente, ya que Galaga solo se encargó de dejar el material en las oficinas descentralizadas, las cuales organizaron su propio proceso de distribución con otro proveedor. No se reportaron incidentes críticos en las regiones como el ocurrido en Lima, debido a que la ONPE decidió distribuir directamente el material en la capital, sin la participación de las oficinas descentralizadas.
La Contraloría también investiga la compra de 30 mil laptops e impresoras y 4,538 módems, que debían ser distribuidos entre el 20 de marzo y el 4 de abril, pero cuya tarea concluyó el mismo 12 de abril. Se ha confirmado que no se utilizaron todos los equipos, y se está realizando un inventario para determinar la cantidad exacta de equipos no distribuidos.
Vera también se refirió a chats entre José Samané, exgerente de Gestión Electoral, y Juan Phang, subgerente de Producción Electoral, que evidencian plazos inviables para la distribución del material. Consideró imposible que Corvetto no estuviera al tanto de esta situación, dada la estructura de distribución de funciones dentro de la ONPE. Incluso se detectó que la ONPE intentó contratar a otros proveedores de emergencia para la distribución del material y modificó las rutas el sábado por la tarde, faltando pocas horas para las elecciones.
La crisis del 12 de abril pudo haber sido peor si no se hubieran modificado las rutas de distribución. La ONPE no contó con un plan de contingencia para mitigar un problema generalizado, lo que llevó a situaciones extremas como el envío de material en taxis.
La Contraloría está desarrollando un control posterior para determinar responsabilidades administrativas, civiles y penales. En caso de encontrar indicios de delitos, se pondrá en conocimiento del Ministerio Público, que ya ha iniciado una investigación por corrupción de funcionarios y omisión de funciones.
Para evitar que el escenario se repita en el balotaje, la ONPE debe realizar un repliegue inmediato de todos los materiales, hacer un inventario completo del material de cómputo y comenzar a embalar el material con anticipación, aprovechando que ya se conocen los locales de votación.
Finalmente, Vera abordó la pregunta sobre por qué la Contraloría no alzó la voz antes de las elecciones. Explicó que su mandato constitucional exige comunicar las observaciones directamente al titular de la entidad, lo que se hizo de manera constante. Sin embargo, el JNE inició un proceso sancionador contra el contralor por difundir las acciones de control, lo que limitó la capacidad de la Contraloría para informar públicamente. Además, la ONPE no proporcionó la información necesaria de manera oportuna, lo que obligó a la Contraloría a recurrir a la fiscalía para obtenerla.
