La Contraloría General de la República ha iniciado un sumario y una fiscalización en el Hospital Sótero del Río debido a presuntas irregularidades en la contratación de servicios médicos por un monto superior a los $680 millones con una empresa que mantenía vínculos directos e indirectos con un funcionario interno del recinto. La investigación se centra en el contrato suscrito con Servicios Traumatológicos y Médicos TRAUMAHARD Ltda. , donde el principal beneficiario era un facultativo del hospital, quien ejercía control sobre la empresa a través de participaciones tanto directas como indirectas, lo que contraviene la Ley N 19.886 que prohíbe este tipo de contrataciones.
El organismo fiscalizador detectó que el Hospital Sótero del Río celebró un contrato por $680.271.966 con Servicios Traumatológicos y Médicos TRAUMAHARD Ltda. para la prestación de servicios profesionales médicos especializados en tratamientos quirúrgicos de traumatología . Sin embargo, la investigación reveló que el principal beneficiario de esta firma era un médico que trabajaba en el mismo hospital, quien mantenía el control efectivo de la empresa a través de una compleja estructura societaria.
La estructura de propiedad de Servicios Traumatológicos y Médicos TRAUMAHARD Ltda. estaba compuesta por dos socios: el facultativo del hospital, con un 8% de participación, y la sociedad Servicios Médicos Integrados Limitada , que poseía el 92% restante. No obstante, la investigación de la Contraloría descubrió que Servicios Médicos Integrados Limitada también estaba controlada en gran medida por el mismo profesional, quien tenía un 98% de participación en esta última sociedad. Esta configuración societaria, según la Contraloría, posicionaba al médico como el dueño efectivo de la empresa contratada por el hospital.
La Ley N 19.886 establece claramente que los organismos del Estado no pueden celebrar contratos con su propio personal o con empresas en las que estos tengan participación o sean beneficiarios finales, a menos que se justifique adecuadamente una excepción. En este caso, la Contraloría determinó que la resolución que aprobó el contrato no cumplía con este requisito, ya que no se proporcionó una justificación válida para la excepción. Además, el hospital informó inicialmente que el médico tenía una participación minoritaria del 8%, sin revelar su control indirecto sobre la sociedad Servicios Médicos Integrados Limitada .
La Contraloría advierte que esta situación afecta la integridad, transparencia y confidencialidad del proceso , lo que motivó el inicio de un sumario administrativo para determinar si existen responsabilidades al interior del Hospital Sótero del Río. La fiscalización en curso tiene como objetivo esclarecer cómo se aprobó el contrato y si se cumplieron todas las normativas vigentes en materia de compras públicas.
El sumario administrativo buscará identificar a los funcionarios responsables de la aprobación del contrato, así como determinar si existió colusión o cualquier otra irregularidad en el proceso de contratación. La Contraloría también investigará si se siguieron los procedimientos adecuados para garantizar la transparencia y la competencia en la selección del proveedor.
Este caso ha generado preocupación en el ámbito de la salud pública, ya que pone en evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y fiscalización en los hospitales y otros centros asistenciales. La contratación de empresas vinculadas a funcionarios internos puede generar conflictos de interés y comprometer la calidad de los servicios prestados a los pacientes.
La Contraloría ha reiterado su compromiso de seguir fiscalizando el uso de los recursos públicos y de sancionar a aquellos que incurran en irregularidades. Este caso del Hospital Sótero del Río es un ejemplo de la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de los recursos públicos.
La investigación de la Contraloría podría tener consecuencias significativas para el Hospital Sótero del Río y para los funcionarios involucrados en la contratación irregular. Además de las sanciones administrativas, los responsables podrían enfrentar cargos penales si se determina que hubo delito en el proceso de contratación.
El sumario administrativo y la fiscalización en curso son un llamado de atención para todos los hospitales y centros asistenciales del país. Es fundamental que se implementen medidas para prevenir la contratación de empresas vinculadas a funcionarios internos y para garantizar la transparencia y la competencia en los procesos de contratación.
La ciudadanía espera que la Contraloría actúe con rigor y celeridad en esta investigación, y que se apliquen las sanciones correspondientes a los responsables de esta irregularidad. La confianza en las instituciones públicas se construye con transparencia, honestidad y rendición de cuentas.
Este caso también pone de manifiesto la importancia de que los hospitales cuenten con sistemas de control interno robustos y efectivos para prevenir la corrupción y garantizar el buen uso de los recursos públicos. La prevención es la mejor herramienta para evitar que se repitan situaciones como esta.
La Contraloría General de la República continuará informando sobre los avances de la investigación y sobre las conclusiones a las que se llegue. Se espera que este caso sirva como un precedente para fortalecer la transparencia y la integridad en la gestión de los recursos públicos en el ámbito de la salud.
