A pesar de una inversión de $8,2 billones en los Equipos Básicos de Salud (EBS) desde agosto de 2022, las barreras de acceso a los servicios de salud en centros poblados y zonas rurales dispersas del país han aumentado en un 3,4% en 2025, según cifras oficiales. Este retroceso contradice la política pública del Gobierno del presidente Gustavo Petro, enfocada en mejorar la atención médica en las áreas más apartadas del territorio nacional.
La estrategia de los EBS, que consiste en brigadas de ocho profesionales de la salud (cuatro auxiliares de enfermería, un líder comunitario, un médico, una enfermera y un profesional entre psicólogo, odontólogo o trabajador social) que se desplazan a las zonas rurales para brindar atención médica a domicilio, se ha visto cuestionada en cuanto a su efectividad. Especialistas del sector y consultores independientes debaten si se trata de una estrategia de salud genuina o una política con otros objetivos.
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reveló en su última medición que, si bien la cobertura en salud ha mejorado entre 2024 y 2025, el acceso a los servicios se ha dificultado en las áreas donde el Gobierno ha concentrado sus esfuerzos. La defensora del Pueblo, Iris Marín, advirtió que en salud, aunque sigue mejorando la cobertura de aseguramiento (afiliación), suben las barreras de acceso a servicios, pero no en cabeceras, sino en centros poblados y rural disperso en 0,6 puntos. Es decir, el acceso a salud rural no solo no ha mejorado, sino que se ha reducido .
Este hallazgo es particularmente preocupante considerando que el acceso a la salud en zonas apartadas fue uno de los pilares del Plan Nacional de Desarrollo (PND) del Gobierno Petro, el cual se encuentra en sus últimos cuatro meses de ejecución. La situación pone en riesgo el cumplimiento de las metas establecidas y la credibilidad de la administración, especialmente en el contexto de las elecciones de mayo y junio.
Las promesas del presidente Petro en materia de salud incluían la creación de redes integrales de atención sin intermediarios ni autorizaciones, políticas de talento humano en salud con enfoque de género y la distribución equitativa de profesionales de la salud en todo el país. El PND también contemplaba el fortalecimiento de la red hospitalaria en las zonas más remotas, reconociendo la dificultad de transporte como una de las principales barreras para el acceso a la atención médica.
Sin embargo, los datos del Dane muestran una realidad diferente. A pesar de la disminución del porcentaje de personas sin afiliación a una Entidad Promotora de Salud (EPS) en un 1,3% a nivel nacional entre 2024 y 2025, y una reducción similar en las cabeceras municipales, el acceso a la salud en los centros poblados y zonas rurales dispersas no ha seguido la misma tendencia.
Además de las dificultades en el acceso a la atención médica, el Dane también reportó un aumento en la inasistencia escolar en zonas rurales, así como un incremento del trabajo infantil a nivel nacional. Estos indicadores sugieren que las políticas sociales del Gobierno no están logrando los resultados esperados en las áreas más vulnerables del país.
En cuanto a la ejecución de los recursos destinados a los EBS, el Ministerio de Salud ha asignado $8,21 billones para las transferencias presupuestales a las entidades territoriales desde agosto de 2022. No obstante, solo se ha ejecutado el 14,2% de este monto, lo que equivale a $1,17 billones, y se han pagado $1,11 billones.
Paralelamente, el Gobierno ha destinado $16,7 billones para el apoyo a programas de desarrollo de la salud, incluyendo proyectos de promoción, prevención e infraestructura hospitalaria. Sin embargo, la falta de datos transparentes sobre la eficiencia de estos programas y el acceso limitado a la información pública dificultan la evaluación de su impacto real.
La plataforma del Ministerio de Salud, que inicialmente proporcionaba información detallada sobre los componentes poblacionales del programa, ahora solo permite consultar el control financiero de las transferencias. Los demás componentes se encuentran en mantenimiento o requieren credenciales institucionales para acceder a ellos, lo que limita la transparencia y la rendición de cuentas.
La situación plantea interrogantes sobre la efectividad de la estrategia de los EBS y la necesidad de una revisión profunda de las políticas de salud del Gobierno Petro. La falta de acceso a la información pública y la ejecución limitada de los recursos asignados generan dudas sobre el compromiso real de la administración con la mejora de la salud en las zonas más apartadas del país. La cercanía de las elecciones y el tiempo limitado que queda para cumplir con las metas del PND exigen una acción inmediata para revertir esta tendencia y garantizar el derecho a la salud de todos los colombianos.
