Según el más reciente estudio de cartera hospitalaria de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), la deuda de las EPS intervenidas y con medida de vigilancia especial llegó a $12,6 billones, revelando los impactos de la insuficiencia de recursos en el sistema de salud colombiano. El informe, con corte a diciembre de 2025, detalla que 232 instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) reportan obligaciones pendientes por un total de $25,7 billones.
Este incremento representa un aumento del 7% frente a junio de 2025, lo que equivale a un alza cercana a $1,7 billones. Además, el estudio advierte sobre un deterioro en la calidad de la cartera, evidenciado por el aumento de la deuda en mora, que pasó del 56% al 58% en el mismo periodo. La situación plantea serias preocupaciones sobre la sostenibilidad financiera de las IPS y la calidad de la atención médica en el país.
El análisis de la ACHC indica que la mayor parte de la deuda se concentra en las EPS del régimen contributivo, acumulando el 50% del total, lo que se traduce en $12,9 billones. Las EPS del régimen subsidiado le siguen con un 27,6% ($7,1 billones), mientras que el Estado, incluyendo entidades como la Administradora de Recursos del Sistema de Salud (Adres) y las secretarías territoriales, representa el 7,3% de las obligaciones.
Dentro del régimen contributivo, cuatro aseguradoras Nueva EPS, Sanitas, Famisanar y Coosalud se destacan como las mayores deudoras, con obligaciones conjuntas cercanas a $9,3 billones y una cartera en mora que supera los $5,6 billones. Sura y Aliansalud, en contraste, presentan niveles de morosidad relativamente menores.
En el régimen subsidiado, la concentración de la deuda se observa en Nueva EPS, Savia Salud, Emssanar y Coosalud, que suman más de $4 billones en deudas. Sin embargo, Anas Wayuu y EPS Familiar de Colombia muestran niveles de cartera en mora más bajos dentro de este segmento.
El estudio identifica a las principales entidades deudoras del sistema. Nueva EPS (intervenida) encabeza la lista, seguida por Coosalud (cuya intervención fue suspendida recientemente por un tribunal), Sanitas (intervenida), Savia Salud (intervenida) y Emssanar (intervenida). En conjunto, estas entidades acumulan deudas por más de $15,2 billones y una cartera morosa cercana a $9,7 billones, lo que representa el 63,8% del total.
Un aspecto crítico del informe es el peso de las EPS intervenidas o bajo medida de vigilancia especial de la Superintendencia de Salud. Estas diez entidades adeudan más de $12,6 billones, lo que equivale al 70% de la deuda total de las aseguradoras en operación. Además, concentran el 79,5% de toda la cartera en mora del sistema, lo que evidencia el impacto de su situación financiera en la red hospitalaria.
Entre estas, Nueva EPS, Coosalud y Emssanar registran los mayores incrementos absolutos en su deuda entre junio y diciembre de 2025. Estas tres entidades concentran el 71,8% del crecimiento de la cartera del grupo intervenido, lo que refleja un deterioro acelerado en sus obligaciones.
La Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas advierte que estas cifras son un reflejo de la profunda falta de liquidez que enfrentan las IPS del país. Por ello, el gremio insiste en la necesidad de medidas urgentes para mejorar el flujo de recursos y evitar un mayor deterioro en la prestación de servicios.
Juan Carlos Giraldo, director del gremio, ha subrayado la necesidad de decisiones como la capitalización de estas entidades, el incremento del porcentaje del giro directo, la creación de un Fondo de Garantías y la aplicación estricta de normas que prohíban la concentración de pagos en entidades de integración vertical. Estas medidas, según Giraldo, tienen como finalidad afrontar la difícil coyuntura y aliviar la asfixia de los prestadores, mientras avanzamos en la obligación inaplazable que tenemos como sector, de replantear el funcionamiento estructural del sistema actual .
La situación de la deuda hospitalaria en Colombia se agrava en un contexto de crecientes desafíos para el sistema de salud, incluyendo la implementación de reformas y la necesidad de garantizar el acceso equitativo a servicios de calidad para todos los ciudadanos. El estudio de la ACHC sirve como una alerta temprana sobre los riesgos que enfrenta el sector y la urgencia de adoptar medidas correctivas para asegurar su sostenibilidad a largo plazo. La falta de recursos y la acumulación de deudas amenazan con comprometer la capacidad de las IPS para brindar atención médica adecuada, lo que podría tener consecuencias graves para la salud y el bienestar de la población colombiana.
