La Ley General de Sanidad, piedra angular del sistema sanitario español, cumple 40 años. Aprobada el 25 de abril de 1986, esta norma impulsada por el socialista Ernest Lluch, y continuada por Julián García Vargas tras el trágico asesinato de Lluch por ETA, sentó las bases de la sanidad que conocemos hoy, incluyendo el principio fundamental de la universalidad. La ley transformó un panorama fragmentado, donde el acceso a la atención médica dependía del empleo y las cotizaciones a la Seguridad Social (cubriendo al 90% de la población), o de la beneficencia y la Administración Institucional de la Sanidad Nacional (Aisna) para aquellos con enfermedades infecciosas, complementado por la asistencia de Cruz Roja. En 1989, estos organismos se fusionaron en el Instituto Nacional de la Salud (Insalud).
Esta ley estableció la universalización en la atención a todos los ciudadanos por el hecho de serlo , recuerda García Vargas, quien también enfrentó una huelga de médicos que se resolvió mejorando sus condiciones laborales. La ley supuso un cambio radical en la financiación, pasando de las cotizaciones a los impuestos, y estableció las bases del sistema MIR, la descentralización del sistema sanitario y la creación del Consejo Interterritorial de Salud. García Vargas destaca la longevidad de la ley, superando en duración a las seis leyes de educación aprobadas en el mismo período, lo que evidencia su correcta orientación.
La ley contó con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, salvo la abstención de Alianza Popular, pero fue aplicada sin reservas por el Partido Popular con José Manuel Romay, y posteriormente respetada y desarrollada por todos los gobiernos del PP, según defiende García Vargas. Este consenso político ha sido clave para su supervivencia.
Sin embargo, tanto García Vargas como otras figuras relevantes del ámbito sanitario coinciden en que la ley necesita adaptarse a los nuevos desafíos. García Vargas señala la necesidad de desfuncionalizar al personal, desburocratizar la gestión, avanzar en la digitalización y mejorar la prevención, lo que podría implicar cambios en las competencias profesionales.
Ana Pastor, ministra de Sanidad entre 2002 y 2004, subraya que la ley definió con claridad un modelo sanitario, reconociendo el derecho a la protección de la salud como un derecho real y efectivo, creando un sistema público integrado que superó la fragmentación anterior, y adoptando un enfoque integral de la salud que incluye la prevención y la promoción. Sentó las bases de un sistema orientado por valores que siguen siendo irrenunciables: la equidad en el acceso, la universalidad de la cobertura y la cohesión del sistema , afirma Pastor.
Aunque considera que los principios de la ley siguen siendo válidos, Pastor reconoce que su desarrollo ha dado lugar a nuevas normativas, como la Ley de Autonomía del Paciente, la Ley de ordenación de las profesiones sanitarias, la Ley de Salud Pública de 2011 y la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, esta última fundamental para garantizar la equidad territorial.
María Luisa Carcedo, ministra de Sanidad entre 2018 y 2020, destaca que la ley, a pesar de la descentralización en la gestión, permite un liderazgo cohesionado del sistema a través de organismos como el Consejo Interterritorial y los centros de referencia estatal. La ley fue, según Carcedo, el faro que guio sus políticas y sigue siendo adaptable a los cambios en la organización de los servicios, el tratamiento de enfermedades crónicas y las necesidades de una población envejecida.
La Ley General de Sanidad también impulsó la creación del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), un organismo clave para la investigación biomédica y la salud pública. Rafael Nájera Morrondo, su primer director, explica que el ISCIII agrupó los aspectos científico-técnicos de las decisiones en torno a la salud, creando centros especializados en epidemiología, sanidad ambiental y biología celular, modernizando el control de vacunas y alimentos.
Nájera Morrondo considera que los objetivos de la ley siguen vigentes, pero enfatiza la necesidad de reforzar la inversión presupuestaria y humana para satisfacer las necesidades de la población.
Tomás Cobo, presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), señala dos retos clave para la ley: la cronicidad de las enfermedades y el envejecimiento de la población. Cobo advierte que el 70% de la ley ha sido derogada, pero reconoce su importancia en la consolidación de un modelo sanitario basado en la justicia social, considerado uno de los mejores del mundo.
Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo General de Enfermería, coincide en que la ley necesita una adaptación continua para responder a los nuevos desafíos, como el envejecimiento de la población, los avances tecnológicos y la gestión de crisis sanitarias, sin renunciar a sus principios básicos de universalidad, equidad, financiación pública y descentralización.
En conclusión, la Ley General de Sanidad de 1986 ha sido un pilar fundamental en la construcción del sistema sanitario español, garantizando el acceso universal a la atención médica. Si bien requiere una actualización para abordar los desafíos del siglo XXI, sus principios y valores siguen siendo esenciales para mantener un sistema sanitario público, equitativo y de calidad. La ley ha demostrado su capacidad de adaptación y su consenso político, lo que la convierte en un legado duradero para la salud de los ciudadanos españoles.
