Quito
La Asamblea Nacional enfrenta críticas por la demora en la aprobación de la Ley Orgánica de la Eutanasia , pese a que el plazo fijado por la Corte Constitucional venció en septiembre de 2025. El debate, que avanza lentamente, se centra en garantizar la seguridad jurídica del procedimiento, pero también en la capacidad del Estado para ofrecer una atención médica digna y equitativa, evitando que la eutanasia se convierta en una opción por falta de alternativas.
El caso de Paola Roldán, quien logró acceder a la eutanasia tras una batalla legal, abrió un precedente en Ecuador. Sin embargo, la ausencia de una ley específica ha mantenido vigente el Reglamento del procedimiento para la aplicación de la eutanasia activa voluntaria y no voluntaria emitido por el Ministerio de Salud Pública (MSP), mientras la Asamblea analiza el proyecto de ley. La Corte Constitucional también declaró inaplicable el artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal en casos de eutanasia cumpliendo con requisitos específicos.
El proyecto de ley, actualmente en análisis por la Comisión del Derecho a la Salud y Deporte, unificó cuatro iniciativas presentadas previamente. El primer debate se realizó el 24 de marzo de 2026, pero la normativa aún enfrenta obstáculos para su aprobación definitiva.
Asambleístas de diferentes bancadas han expresado sus preocupaciones. Esteban Torres, de Acción Democrática Nacional (ADN), enfatizó que la eutanasia debe considerarse una opción excepcional y no un derecho general. Por otro lado, Viviana Veloz, de Revolución Ciudadana (RC), advirtió sobre vacíos técnicos en el proyecto y la necesidad de controles previos más rigurosos, dada la irreversibilidad del procedimiento.
María del Cisne Molina, asambleísta del oficialismo, expresó su inquietud por la burocracia planteada en el proyecto, señalando que el procedimiento debe ser ágil para evitar dilaciones que perjudiquen a los pacientes. En contraste, Torres defendió la necesidad de mantener controles administrativos para prevenir abusos y presiones sobre personas vulnerables.
Sin embargo, la advertencia más contundente proviene de Cristina Jácome, asambleísta de RC, quien argumenta que el debate sobre la eutanasia no puede desvincularse de la situación del sistema de salud ecuatoriano. Jácome señaló que el Estado aún no garantiza una atención médica digna, oportuna y equitativa, lo que podría llevar a que las solicitudes de eutanasia se deban a la falta de acceso a tratamientos o medicamentos.
El Estado debe priorizar el acceso efectivo a la salud antes de avanzar en la aplicación de este procedimiento , insistió Jácome. De no hacerlo, la eutanasia podría convertirse en una salida frente a la negligencia estatal, en lugar de una decisión libre y respaldada por condiciones dignas .
La legisladora advirtió que Ecuador corre el riesgo de que leyes importantes queden sin aplicación real debido a la falta de recursos y capacidad institucional, citando como ejemplo la Ley Orgánica para la Atención Integral del Cáncer. En este sentido, Jácome teme que la legislación sobre eutanasia pueda convertirse en letra muerta .
Victoria Desintonio, otra asambleísta, ha advertido sobre posibles vacíos legales que podrían afectar a pacientes y sus familias en ámbitos como seguros o créditos, si la eutanasia se registra como causa de muerte.
La falta de acceso a entrevistas con los principales actores de la Comisión, como su presidente Juan José Reyes y la vicepresidenta Diana Blacio, dificulta la comprensión completa de las negociaciones y los puntos de vista en juego. Solo Cristina Jácome accedió a dialogar con EXPRESO, ofreciendo una perspectiva crítica sobre la situación.
El debate sobre la eutanasia en Ecuador se desarrolla en un contexto internacional donde cada vez más países están considerando o ya han legalizado este procedimiento. El caso de Noelia Castillo en España, ocurrido pocos días antes del primer debate del proyecto de ley en Ecuador, pone de relieve la complejidad y la sensibilidad del tema.
La aprobación de una ley de eutanasia en Ecuador podría marcar un hito en la defensa de los derechos de los pacientes, pero también plantea desafíos importantes en términos de acceso a la salud, control y prevención de abusos. La demora en la aprobación de la normativa y las advertencias sobre la situación del sistema de salud sugieren que el camino hacia una regulación efectiva aún es largo y complejo. La sociedad ecuatoriana espera que la Asamblea Nacional tome una decisión informada y responsable, que garantice el respeto a la dignidad humana y el derecho a una muerte digna, pero también el acceso a una atención médica de calidad para todos los ciudadanos.
