Las deudas acumuladas por el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) con las provincias argentinas se han convertido en un foco de tensión entre los gobernadores y la Casa Rosada. Las quejas, que comenzaron a surgir el año pasado con Neuquén, se han intensificado en las últimas semanas con los reclamos abiertos de los mandatarios de Tucumán, Martín Llaryora, y Córdoba, evidenciando una crisis estructural en la obra social más grande del país, con 5,4 millones de afiliados.
El problema central radica en que los jubilados nacionales que no pueden ser atendidos por PAMI terminan demandando los sistemas de salud provinciales y municipales, generando una saturación de los servicios y un aumento de la presión sobre los recursos locales. Jamás vamos a dejar a un abuelo sin atender porque la Nación no nos paga , declaró el gobernador tucumano, Osvaldo Jaldo, al revelar que PAMI adeuda a su provincia la suma de 50.000 millones de pesos. Por su parte, Llaryora fue aún más contundente: No se escondan más, pongan la cara y los recursos .
La situación en Córdoba es particularmente preocupante, con una deuda estimada en 9.000 millones de pesos acumulada con los municipios por medicamentos de alto costo, y una deuda mensual estimada a la provincia de entre 1.700 y 1.800 millones de pesos desde octubre. En Santa Fe, la vocera del gobierno provincial, Virginia Coudannes, advirtió que los afiliados a PAMI representan el 25% de los pacientes con cobertura que se atienden en los hospitales y centros de salud de la provincia. Misiones enfrenta un traslado masivo de pacientes del PAMI al sector público de salud que supera el 30%, mientras que en Neuquén, dos de cada tres beneficiarios de PAMI son atendidos en el sistema público provincial, con 43.473 de los 69.000 afiliados dependiendo de la atención estatal.
Otras provincias como San Juan, Mendoza y Tucumán también han expresado su preocupación. El ministro de Salud de San Juan, Amílcar Dobladez, señaló que el 80% de las cirugías de cadera en el Hospital Rawson corresponden a afiliados de PAMI, saturando los hospitales públicos. En Mendoza, la falta de turnos en las clínicas que atienden PAMI está colapsando el sistema público, mientras que en Tucumán, los hospitales provinciales absorben diariamente más de un centenar de internaciones correspondientes a PAMI, además de estudios, cirugías y atención ambulatoria, con un reclamo de 35.000 millones de pesos a la Nación.
Desde PAMI, se limitaron a indicar que se empezaron a normalizar los pagos y que los primeros impactos ya se ven , prometiendo una regularización en el corto plazo y una mayor previsibilidad en el sistema. Aunque se mencionó la habilitación de 150.000 millones de pesos por parte del ministro de Economía, Luis Caputo, esta cifra apenas cubriría una parte de las necesidades totales.
El director ejecutivo de PAMI, Esteban Leguízamo, intentó minimizar la gravedad de la situación, afirmando que no creo que tengamos un momento de crisis y que la obra social ha enfrentado situaciones más difíciles en el pasado. Sin embargo, la realidad que se vive en las provincias contradice estas declaraciones.
La crisis de PAMI se agrava aún más con los reclamos de los prestadores, quienes denuncian una deuda acumulada de 500.000 millones de pesos, y un paro de 72 horas de los médicos de cabecera en rechazo a un recorte de sus ingresos, respaldado por los jubilados que se manifestaron frente a las delegaciones provinciales.
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, se desmarcó del conflicto, aclarando que las competencias sobre PAMI dependen del Ministerio de Salud, encabezado por Mario Lugones, quien ha estado negociando con Luis Caputo la asignación de fondos para paliar la situación.
Según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, el gasto público para las prestaciones de PAMI se contrajo un 41,3% en el primer trimestre del año, a pesar de contar con un presupuesto asignado de 10,17 billones de pesos para este año. El economista Jorge Colina, de Idesa, explica que, si bien PAMI cuenta con el doble de recursos por afiliado que otras obras sociales, el gasto es cuatro veces mayor debido a las características de los adultos mayores.
Colina advierte sobre un desfinanciamiento estructural y las fallas de gestión como factores clave de la crisis, que se profundizará con el envejecimiento de la población. La desaparición del impuesto PAIS, que destinaba el 28% de su recaudación a PAMI, también ha impactado negativamente en el financiamiento de la obra social.
Expertos como Graciela Ocaña, ex directora de PAMI, señalan que el Tesoro Nacional debe cubrir la pérdida de ingresos generada por la eliminación del impuesto PAIS, pero advierte que los fondos asignados no se han distribuido equitativamente entre las provincias.
El defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, coincide en que la crisis es el resultado de un proceso advertido hace meses, caracterizado por la falta de prestaciones en el interior del país, copagos, el cierre de clínicas y la saturación de los hospitales públicos. Semino critica la histórica utilización de PAMI como una caja de la política y la falta de una estrategia a largo plazo para garantizar su sostenibilidad.
Los jubilados se quejan de las largas esperas para conseguir estudios médicos y atención de especialistas, así como de los cupos impuestos a los prestadores. Desde PAMI justifican estos controles como una medida para combatir irregularidades y sobreprestaciones.
La situación actual exige una revisión profunda del sistema de financiamiento y gestión de PAMI, así como una mayor coordinación entre la Nación y las provincias para garantizar el acceso a la salud de los jubilados y pensionados, evitando que la carga recaiga sobre los sistemas públicos provinciales, que ya se encuentran al límite de su capacidad.
