---
Bogotá/EFE - La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (MOE/OEA) manifestó este sábado su más enérgico rechazo a las amenazas de muerte contra candidatos presidenciales en Colombia y a los actos de vandalismo contra sedes de campaña, a seis semanas de las elecciones del 31 de mayo. La preocupación aumenta en un contexto ya marcado por la violencia política.
El jefe de la misión, el expresidente de República Dominicana, Leonel Fernández, advirtió que estos hechos generan profunda preocupación y constituyen una grave amenaza al proceso electoral y a la democracia . La MOE/OEA ha confirmado haber recibido información sobre múltiples candidaturas afectadas por amenazas directas.
La escalada de tensión se produce en medio de denuncias cruzadas de amenazas. El presidente Gustavo Petro reveló el viernes que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos posee datos reales sobre un presunto plan para atentar contra Iván Cepeda, el candidato oficialista que lidera las encuestas de intención de voto. Esta acusación, de gran impacto, añade una capa de complejidad al panorama de seguridad.
Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) denunció un presunto plan de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) contra Paloma Valencia, candidata del partido de derecha Centro Democrático. Otros aspirantes, como el ultraderechista Abelardo de la Espriella, también han reportado haber recibido amenazas. La diversidad de candidatos afectados sugiere un intento generalizado de intimidación.
El pronunciamiento de la MOE/OEA se da en un momento en que las autoridades colombianas han anunciado nuevas medidas para reforzar la seguridad del proceso electoral. Entre estas medidas, destaca una recompensa de hasta 1,000 millones de pesos (aproximadamente 275,000 dólares) por información que permita prevenir posibles atentados contra los candidatos presidenciales.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, explicó que el objetivo de esta recompensa es anticipar y evitar cualquier acción criminal contra los aspirantes. Asimismo, recordó que desde hace un año se está implementando el Plan Democracia, que implica el despliegue de la fuerza pública y la coordinación entre las diferentes instituciones del Estado.
La situación actual recuerda trágicamente al atentado perpetrado en junio de 2025 contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien falleció dos meses después debido a la gravedad de sus heridas. Este hecho, aún fresco en la memoria colectiva, subraya la vulnerabilidad de los candidatos y la necesidad de extremar las precauciones.
La MOE/OEA ha anunciado que desplegará alrededor de 90 observadores en Colombia para las elecciones del 31 de mayo. Esta será su vigésimo quinta misión electoral en el país, lo que demuestra el compromiso continuo de la organización con la defensa de la democracia en Colombia. La presencia de observadores internacionales busca garantizar la transparencia y la legitimidad del proceso electoral.
La creciente preocupación por la seguridad de los candidatos ha llevado a un debate nacional sobre la necesidad de fortalecer las medidas de protección y garantizar un ambiente electoral libre y seguro. Las autoridades colombianas se enfrentan al desafío de investigar las denuncias, identificar a los responsables y prevenir nuevos ataques.
El clima de incertidumbre y temor podría afectar la participación electoral y la confianza de los ciudadanos en el proceso democrático. Por ello, es fundamental que las autoridades tomen medidas contundentes para garantizar la seguridad de los candidatos y la integridad de las elecciones.
La MOE/OEA ha instado a todas las partes involucradas en el proceso electoral a actuar con responsabilidad y a respetar los principios democráticos. Asimismo, ha llamado a la calma y a la unidad nacional para superar este momento de crisis y garantizar la celebración de unas elecciones pacíficas y transparentes.
La comunidad internacional observa con atención la situación en Colombia y espera que las autoridades tomen todas las medidas necesarias para proteger la democracia y garantizar la seguridad de los candidatos. El futuro político del país podría depender de la capacidad de las autoridades para enfrentar este desafío y garantizar un proceso electoral justo y transparente.
