El programa Hello Brete, impulsado por el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) para otorgar 500.000 becas de inglés a través de la plataforma Open English, se encuentra bajo escrutinio público. Diputados electos y actuales, así como una exdirectora del INA, han levantado cuestionamientos sobre la adjudicación del contrato al consorcio Say Pura Vida, integrado por Open English y Radiográfica Costarricense S.A. (Racsa). Hasta el momento, ni Open English ni Racsa han respondido a las consultas de El Financiero sobre las críticas.
La licitación pública internacional para la selección de la plataforma educativa fue ganada por el consorcio Say Pura Vida! by Open Education & Racsa, tras la participación de otras compañías. El lanzamiento del programa, realizado en la Antigua Aduanas durante una feria de empleo, contó con la presencia de autoridades del Poder Ejecutivo y Andrés Moreno, fundador de Open English, lo que intensificó el debate.
La Contraloría General de la República ha publicado un resumen de los recursos de objeción presentados por las empresas que no fueron adjudicadas. Estos recursos fueron rechazados por falta de fundamentación técnica u otros motivos formales, según el informe de la Contraloría.
Ante las inquietudes planteadas por las compañías no adjudicatarias, El Financiero consultó al INA. La entidad se limitó a indicar que el costo por licencia es de $82,99 anuales, equivalente a $6,92 mensuales, lo que representa una inversión de aproximadamente $41,5 millones anuales para las 500.000 becas iniciales. El INA justificó la contratación como una compra “según demanda y de cuantía inestimada”, lo que permite adquirir las licencias de manera congruente con la demanda real.
Sin embargo, la controversia no se limita al proceso de contratación. El formulario de solicitud de becas ha generado preocupación entre expertos legales debido a la información personal que solicita. Mauricio París, socio de Ecija Legal y especialista en derecho digital, advierte que el formulario exige datos que no están permitidos por la Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales (N° 8968) y que no son necesarios para una solicitud de beca.
“Un ciudadano que quiere aprender inglés termina entregando sus datos biométricos, su orientación sexual, su etnia y su condición de salud sin saber realmente a quién se los está entregando, sin un consentimiento verdaderamente libre y sin certeza de dónde termina su información”, señaló París. Considera que la Procuraduría de la Defensa de los Habitantes (Prodhab) tiene fundamentos sólidos para iniciar una revisión de oficio y corregir esta situación.
La Prodhab es la entidad encargada de garantizar el derecho fundamental a la autodeterminación informativa de las personas. El INA, a través de su oficina de prensa, defendió la solicitud de datos, argumentando que se utilizan exclusivamente para fines estadísticos y para cumplir con las obligaciones legales e institucionales ante los entes de control del Estado, permitiendo evaluar el alcance e impacto del programa.
La entidad asegura que el tratamiento de estos datos se realiza conforme a la normativa vigente y a lo establecido por la Ley 8968, en concordancia con las verificaciones de regulaciones establecidas por la Prodhab. Además, el INA garantiza la confidencialidad de los datos mediante instrumentos jurídicos formalizados en el contrato.
El INA también enfatizó que esta práctica de recopilación de datos es parte de los procesos institucionales de matrícula en el INA y no es exclusiva del programa Hello Brete. Asimismo, la entidad recalca que el suministro de datos es voluntario y que todas las preguntas incluyen la opción “prefiero no contestar”, lo que garantiza que el acceso al servicio no esté condicionado a la entrega de información personal.
La situación plantea interrogantes sobre la necesidad de equilibrar la recopilación de datos para fines estadísticos y de control con el derecho a la privacidad y la protección de la información personal de los ciudadanos. La respuesta del INA y la posible intervención de la Prodhab serán cruciales para determinar si el programa Hello Brete cumple con las regulaciones vigentes y respeta los derechos de los usuarios. El debate continúa abierto, con la expectativa de que se aclare la justificación de la solicitud de datos sensibles y se garantice la transparencia en la gestión de la información recopilada. La falta de respuesta de Open English y Racsa agrava la situación, impidiendo un análisis completo de las implicaciones del contrato y del tratamiento de los datos personales de los beneficiarios del programa.
