El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha criticado duramente el acuerdo de gobierno entre el Partido Popular (PP) y Vox en Extremadura, calificándolo de "bloqueo, frenazo e involución" para la región. Las declaraciones se produjeron durante la I Cumbre España-Brasil en Barcelona, donde Sánchez se reunió con el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva. El jefe del Ejecutivo español prometió actuar desde el Gobierno para frenar las políticas que emanen de este pacto, asegurando que se recurrirá a todas las instancias legales para preservar los derechos de los ciudadanos.
Sánchez se refirió específicamente a la inclusión de medidas en el acuerdo que considera un "recorte de derechos" y un "debilitamiento del Estado del bienestar". Criticó la mención a la "desregulación" como un eufemismo para la reducción de protecciones sociales y el abandono de proyectos de energías renovables, cruciales en el contexto de la crisis climática. "El papel lo aguanta todo, pero les digo, como hemos hecho en otros momentos, que el Gobierno lo va a recurrir con toda la fuerza. Que los españoles tengan la total y absoluta garantía de que el Gobierno preservará sus derechos", enfatizó.
El pacto de gobierno en Extremadura, que permitirá la investidura de María Guardiola (PP) como presidenta, incluye 74 medidas articuladas en 61 puntos, abarcando áreas como energía, industria, educación, familia, gasto y la distribución de poder dentro del Ejecutivo. Sin embargo, es en el ámbito de la inmigración donde se concentran las críticas más severas. El acuerdo rechaza el reparto de menores extranjeros no acompañados, busca adaptar el reglamento europeo de retornos para facilitar las devoluciones, incluso con los padres, veta la creación de nuevos centros de acogida o la ampliación de plazas existentes, endurece el régimen disciplinario y contempla pruebas de edad y auditorías anuales del gasto en inmigración.
El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, se sumó a las críticas, describiendo el pacto como un reflejo de un "marco ideológico de la extrema derecha". Advirtió que el Gobierno estará "muy vigilante" y llevará al Tribunal Constitucional cualquier medida que sea discriminatoria o que implique recortes de derechos. Bolaños señaló que medidas como la posible negación de asistencia sanitaria a migrantes en situación irregular o la revisión de la Ley de Memoria Democrática, incluyendo la tramitación de la Cruz de los Caídos de Cáceres como Bien de Interés Cultural, serían contrarias a la legislación vigente.
"Llevaremos todo aquello que sea contrario a la ley y a la Constitución a los tribunales ordinarios y al Tribunal Constitucional cuando sea necesario", insistió Bolaños, calificando el acuerdo como "absolutamente xenófobo". Planteó el escenario de un bebé con una "otitis o un cólico" hijo de migrantes sin regularizar, cuestionando si recibiría atención médica bajo los términos del acuerdo. El ministro también criticó al PP por alinearse con partidos conservadores en la Unión Europea que, en lugar de combatir a la ultraderecha, le abren las puertas para gobernar.
Desde el Ministerio de Vivienda, se anunció que el Gobierno velará por el respeto a la igualdad, el rigor y la transparencia en las políticas de vivienda, y se "blindará la protección" de las viviendas para evitar la especulación. El acuerdo de gobierno en Extremadura también contempla la supresión total de subvenciones a ONG que, según el texto, favorezcan la inmigración ilegal, la creación de una unidad para combatir el fraude en el padrón y la residencia efectiva, la prohibición del burka y el nicab en espacios públicos autonómicos, y la retirada del programa de lengua árabe y cultura marroquí en las aulas.
Por su parte, Vox ha destacado el compromiso de establecer un sistema de acceso a ayudas, subvenciones y prestaciones basado en la "prioridad nacional", dando preferencia a los ciudadanos españoles. El líder de Vox, Santiago Abascal, defendió esta medida, aunque reconoció que podría entrar en conflicto con la normativa estatal.
La Cumbre España-Brasil, que sirvió de escenario para las declaraciones de Sánchez, se centró en fortalecer las relaciones bilaterales en áreas como la economía, la energía, la transición ecológica y la cooperación cultural. Sin embargo, la polémica en torno al pacto de gobierno en Extremadura eclipsó en parte los anuncios realizados durante el encuentro. El Gobierno español ha dejado claro que no dudará en utilizar todos los recursos legales a su disposición para defender los derechos de los ciudadanos frente a las políticas que considera regresivas y discriminatorias. La confrontación entre el Ejecutivo central y el gobierno regional de Extremadura se perfila como uno de los principales focos de tensión política en los próximos meses. La defensa de los derechos y el Estado del bienestar se han convertido en la principal línea de batalla del Gobierno de Pedro Sánchez frente al avance de la extrema derecha en el panorama político español.
