El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito deberá desembolsar más de 10 millones de dólares al consorcio constructor de la Línea 1 del Metro, tras dos fallos arbitrales internacionales que resolvieron disputas contractuales a favor de la empresa. La Procuraduría General del Estado confirmó que tribunales arbitrales, operando bajo el reglamento de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), emitieron dos laudos en los casos vinculados al contrato del proyecto, acogiendo las pretensiones del Consorcio Acciona Línea 1.
Los fallos establecen que el Municipio está obligado a compensar al contratista por ajustes derivados de cambios en la legislación, tal como se estipula en el contrato, específicamente en la Subcláusula 13.7. Esta cláusula, común en proyectos de gran envergadura, busca proteger la inversión frente a variaciones normativas que puedan afectar los costos del proyecto.
El monto total reconocido, que supera los 10,3 millones de dólares, se desglosa en diversas partidas. Una parte significativa corresponde a la compensación por el impacto de la eliminación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la importación de bienes y servicios relacionados con el proyecto. Inicialmente, el contrato contemplaba que el contratista podría recuperar el IVA, pero la eliminación de este impuesto generó un costo adicional que, según el fallo arbitral, debe ser cubierto por el Municipio.
Otro rubro importante se refiere a los ajustes derivados de cambios en las regulaciones laborales. Durante la ejecución del proyecto, se implementaron nuevas normas laborales que incrementaron los costos de mano de obra para el consorcio. Los árbitros determinaron que estos cambios regulatorios afectaron directamente los costos del contratista y que el contrato establecía la obligación de compensar dicho impacto.
Además, se reconocieron costos adicionales relacionados con modificaciones en las especificaciones técnicas del proyecto. Si bien estas modificaciones fueron solicitadas por el Municipio para mejorar la calidad o funcionalidad del Metro, generaron costos adicionales para el consorcio que no fueron inicialmente contemplados en el contrato. Los árbitros consideraron que, de acuerdo con las condiciones contractuales, el Municipio debía compensar estos costos adicionales.
Es importante destacar que el fallo arbitral no se basa en un incumplimiento directo del Municipio en sus obligaciones contractuales. Más bien, se centra en la aplicación de las condiciones contractuales pactadas, específicamente en la cláusula que establece la obligación de compensar al contratista por los impactos de cambios en la legislación.
La Procuraduría General del Estado, en conjunto con el estudio jurídico Clark Hill, se encuentra actualmente analizando el alcance de los laudos arbitrales conforme a la legislación aplicable en la sede del arbitraje, ubicada en Santiago de Chile. El objetivo de este análisis es determinar las implicaciones legales y financieras de los fallos, así como las posibles opciones para su cumplimiento.
La situación plantea interrogantes sobre la gestión de riesgos en proyectos de infraestructura de gran escala y la importancia de redactar contratos claros y precisos que contemplen la posibilidad de cambios en la legislación. La inclusión de cláusulas de ajuste por variaciones normativas, como la Subcláusula 13.7 en este caso, puede ser una herramienta útil para proteger la inversión y evitar disputas contractuales.
Sin embargo, también es fundamental que las autoridades públicas evalúen cuidadosamente los costos y beneficios de estas cláusulas, y que se aseguren de contar con los recursos financieros necesarios para cumplir con sus obligaciones contractuales en caso de que se produzcan cambios en la legislación.
El caso del Metro de Quito sirve como un recordatorio de que los proyectos de infraestructura son complejos y están sujetos a una serie de riesgos, tanto técnicos como legales y financieros. Una gestión adecuada de estos riesgos es esencial para garantizar el éxito del proyecto y evitar costos adicionales para el erario público.
La decisión arbitral podría sentar un precedente para futuros proyectos de infraestructura en Ecuador, y podría influir en la forma en que se redactan los contratos y se gestionan los riesgos en este tipo de proyectos. La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente y efectiva en la construcción de infraestructura que beneficie a la ciudadanía.
El Municipio de Quito aún no ha emitido una declaración oficial sobre los fallos arbitrales, pero se espera que en los próximos días se pronuncie al respecto y presente un plan para cumplir con sus obligaciones contractuales. La situación generará debate sobre la conveniencia de las cláusulas contractuales y la necesidad de una mejor planificación financiera en proyectos de esta magnitud.
