El Ministerio Público (MP) manifestó su desacuerdo con la sentencia de 5 años de prisión impuesta a Elizabeth Silverio, quien fue hallada culpable de violar la Ley General de Salud al ejercer ilegalmente como neurocientífica y tratar a niños con espectro autista en el centro Kogland. El abogado Félix Portes, representante del MP, expresó que esperaban una condena más severa, considerando la gravedad de los hechos y el daño potencial a los menores involucrados.
Obviamente nosotros esperamos una sentencia mayor, porque los crímenes que se le imputan son importantes, se trata de crimen contra menor de edad , declaró Portes a la prensa tras conocerse el fallo.
La condena actual representa la segunda vez que Silverio es sentenciada en este caso. Anteriormente, había recibido una pena de 8 años de prisión, la cual fue posteriormente anulada para permitir un nuevo juicio. Silverio cumplirá su nueva sentencia en el Centro Najayo Mujeres.
Durante el proceso judicial, el Ministerio Público había solicitado una pena de siete años de prisión para Silverio, acusándola de usurpación de funciones en el área de la salud y de estafar a varias familias que confiaron en sus servicios. Además de la pena privativa de libertad, el MP también había solicitado una multa equivalente a 50 salarios mínimos, el decomiso de las pruebas recolectadas durante la investigación y la variación de la medida de coerción impuesta a la acusada.
La investigación en torno a Elizabeth Silverio se centró en las prácticas realizadas en el centro Kogland, donde ofrecía tratamientos a niños con autismo sin contar con la formación ni la autorización necesarias para ejercer como neurocientífica. Las denuncias de los padres de los niños atendidos revelaron preocupaciones sobre la efectividad de los tratamientos y la falta de transparencia en los procedimientos aplicados.
El caso Silverio ha generado una amplia discusión sobre la necesidad de regular y supervisar de manera más efectiva las prácticas relacionadas con la salud mental y el desarrollo infantil, especialmente en el contexto de condiciones como el autismo, donde las familias a menudo buscan desesperadamente opciones de tratamiento.
La sentencia de 5 años de prisión, aunque considerada insuficiente por el Ministerio Público, representa un avance en la protección de los derechos de los niños y en la lucha contra la usurpación de funciones en el ámbito de la salud. Se espera que este caso sirva como precedente para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro y para garantizar que los niños con autismo reciban la atención adecuada de profesionales calificados y debidamente autorizados.
El Ministerio Público continuará trabajando en la defensa de los derechos de los menores y en la persecución de aquellos que se aprovechen de su vulnerabilidad para cometer actos ilícitos. La seguridad y el bienestar de los niños son una prioridad para las autoridades, y se tomarán todas las medidas necesarias para protegerlos de posibles abusos y negligencias.
La defensa de Silverio no ha emitido una declaración pública tras la confirmación de la sentencia. Se espera que evalúen la posibilidad de presentar una apelación ante instancias superiores. Mientras tanto, el caso sigue generando debate en la sociedad dominicana sobre la importancia de la regulación en el sector de la salud y la necesidad de proteger a los pacientes, especialmente a los más vulnerables.
La condena a Elizabeth Silverio subraya la importancia de verificar las credenciales y la experiencia de los profesionales de la salud antes de confiarles el cuidado de nuestros hijos. Es fundamental asegurarse de que los tratamientos que se ofrecen estén respaldados por evidencia científica y que se apliquen de manera ética y responsable.
El caso también pone de manifiesto la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y supervisión en el sector de la salud para prevenir la usurpación de funciones y proteger a los pacientes de posibles daños. Las autoridades deben garantizar que los profesionales de la salud cumplan con los requisitos legales y éticos necesarios para ejercer su profesión y que los centros de atención médica operen bajo estándares de calidad y seguridad.
En definitiva, la sentencia contra Elizabeth Silverio es un llamado de atención a la sociedad dominicana sobre la importancia de proteger los derechos de los niños y de garantizar que reciban la atención adecuada de profesionales calificados y debidamente autorizados. Es un recordatorio de que la salud es un derecho fundamental que debe ser protegido a toda costa.
