La Defensoría del Pueblo ha encendido las alarmas sobre el acceso a la salud en Colombia, revelando un preocupante aumento en las quejas relacionadas con la entrega de medicamentos. Un informe presentado ante la Corte Constitucional durante una mesa técnica sobre la Unidad de Pago por Capitación (UPC) detalla que, hasta 2025, se han registrado más de 11.900 quejas en este ámbito, evidenciando dificultades estructurales que se han intensificado en los últimos años.
Claudia Vaca, delegada de la Defensoría del Pueblo, expuso un balance detallado de las principales problemáticas que enfrentan los ciudadanos para acceder a los servicios de salud en diversas regiones del país. La información recopilada apunta a que la principal causa de reclamos se centra en la oportunidad en la entrega de medicamentos, un problema que afecta significativamente la calidad de vida de los pacientes y la efectividad de sus tratamientos.
El informe revela que la negación o entrega incompleta de medicamentos representa el 32% de las quejas a nivel nacional, lo que subraya una problemática recurrente en el suministro de tratamientos esenciales. Esta situación se agrava aún más al considerar que el 67% de las quejas recibidas se concentran en cinco tipos de afectaciones principales: demoras en citas médicas, medicina general, atención especializada y, por supuesto, la disponibilidad de medicamentos.
La Defensoría del Pueblo enfatiza que los mayores problemas se concentran en el acceso a medicamentos incluidos dentro del plan de beneficios, lo que sugiere que las barreras de acceso se han incrementado de manera sostenida, impactando directamente la entrega de tratamientos y servicios básicos. La forma en que se financian los medicamentos dentro del sistema, especialmente aquellos cubiertos por la UPC, es un factor clave en esta problemática.
El gasto en medicamentos en Colombia alcanzó en 2025 la cifra de 88 billones de pesos, convirtiéndose en una de las principales cargas dentro del sistema de salud. Esta situación se complica aún más debido a las dificultades en el flujo de recursos y las discrepancias entre los diferentes actores del sistema en cuanto a las cifras de deuda, lo que afecta la estabilidad financiera general.
A pesar de que el país destina más del 8% del Producto Interno Bruto al sistema de salud, persisten problemas relacionados con la eficiencia en la administración de los recursos. La Defensoría del Pueblo señala que es crucial garantizar la liquidez del sistema para su adecuado funcionamiento y avanzar en una discusión sobre la sostenibilidad del plan de beneficios.
El aumento en el número de acciones de tutela en salud es otro indicador preocupante. Entre enero de 2024 y julio de 2025, estas acciones aumentaron en un 34%, lo que refleja la creciente necesidad de los ciudadanos de recurrir a mecanismos judiciales para garantizar el acceso a medicamentos y servicios médicos, ante las dificultades que enfrentan en la atención oportuna.
El informe también destaca cambios en el gasto de los hogares en salud. El gasto de bolsillo pasó de 15,8% en 2019 a 17,2% en 2024, con variaciones significativas entre las diferentes regiones del país. En algunos departamentos, este indicador puede llegar hasta el 30%, lo que representa una mayor carga económica para los hogares, especialmente aquellos con menores ingresos.
La Defensoría del Pueblo identifica varios factores que contribuyen a las dificultades del sistema de salud, entre ellos el flujo irregular de recursos, la falta de transparencia en la gestión financiera y las diferencias en las cifras de deuda reportadas por los actores del sector. La inestabilidad en la operación del sistema también se considera un elemento que afecta la prestación de servicios y la continuidad en la entrega de medicamentos.
Para abordar esta problemática, la Defensoría del Pueblo propone fortalecer la gobernanza del sistema, mejorar la transparencia en la administración de recursos, reforzar la rendición de cuentas y definir con mayor claridad las responsabilidades de los actores públicos y privados en la garantía del derecho a la salud. La entidad enfatiza la necesidad de garantizar la liquidez del sistema y avanzar en una discusión sobre la sostenibilidad del plan de beneficios, con el objetivo de asegurar que todos los ciudadanos tengan acceso oportuno y efectivo a los medicamentos y servicios de salud que necesitan. La situación actual exige una atención urgente y medidas concretas para evitar que la crisis en el acceso a la salud se profundice aún más.
