Tegucigalpa Los juicios políticos contra funcionarios electorales continúan generando tensión en Honduras, con la comparecencia del magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán, ante el Congreso Nacional este lunes 13 de abril de 2026. Mientras tanto, tres de los funcionarios convocados optaron por no asistir a la citación legislativa, complicando aún más el panorama político. Paralelamente, legisladores anticipan posibles juicios políticos contra al menos seis de sus colegas, miembros de la comisión permanente acusada de exceder sus funciones y violar la Constitución hondureña.
La diputada Tania Pinto enfatizó que la ausencia de los enjuiciados no detiene el proceso, ya que la comisión legislativa dispone de hasta 30 días para presentar un informe al pleno. Se espera que en las próximas horas se presenten testigos y, posteriormente, el pleno tomará una decisión sobre los cuatro procedimientos de juicio político en curso.
Mario Morazán enfrentó a la comisión legislativa durante más de cinco horas, defendiendo sus acciones y denunciando irregularidades en el proceso. Por otro lado, el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, cumplió su advertencia de no comparecer, desafiando la convocatoria del Parlamento para responder a las denuncias en su contra, las cuales, según sus detractores, pusieron en peligro la democracia hondureña.
La inasistencia de Ochoa también se extendió a una audiencia de querella interpuesta por su homóloga en el CNE, Cossette López. Ante el desconocimiento del paradero del consejero, un juez ordenó la publicación de edictos para asegurar su comparecencia a la audiencia de conciliación.
Cossette López expresó su convicción de que existen elementos suficientes para que el Ministerio Público presente un requerimiento fiscal contra Marlon Ochoa, en relación con los acontecimientos de la crisis electoral de 2025. Creo que sí hay algunos elementos que indican que él cometió delitos; al final la justicia humana no termina por resarcir el daño psicológico y todas las situaciones que uno haya atravesado , declaró López.
Los magistrados suplentes del TJE, Gabriel Gutiérrez y Lourdes Mejía Estapé, siguieron el ejemplo de Ochoa y no asistieron a la comparecencia ante la comisión legislativa. Presentaron, junto con Mario Morazán, un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) solicitando la suspensión del proceso.
Durante su comparecencia, Mario Morazán criticó la ley de juicio político, calificándola de inconvencional y recordando que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha solicitado su reforma. Atribuyó el juicio político en su contra a Jorge Cálix, a quien acusó de ser el instigador de las denuncias basadas en sus ejecutorias en el TJE.
Morazán denunció una colusión entre el magistrado presidente del TJE, Mario Flores, y su asistente, Roberta Lara, a quien identificó como cercana a David Matamoros Watson y presuntamente involucrada en la formulación de preguntas al diputado Kilvett Bertrand, yerno de Flores. Calificó la situación como una barbaridad y la vinculó a sus posturas sobre la inscripción de Jorge Cálix como diputado por Olancho.
El magistrado Morazán recordó que las consejeras del CNE, Cossette López y Ana Paola Hall, se habían pronunciado en contra de la inscripción de Cálix como candidato. Sin embargo, la resolución de sus compañeros del TJE permitió la inscripción, alegando una inasistencia injustificada a una sesión plenaria que, según Morazán, nunca fue convocada.
Morazán también afirmó que desconocía la enfermedad terminal de la extinta magistrada Suyapa Barahona, y que se enteró de su estado de salud a través de Jorge Cálix, quien supuestamente declaró que la magistrada en cualquier momento se moría, la instrumentalizaron .
Reiterando que todas sus actuaciones se apegaban a derecho, Morazán se jactó de su experiencia como fiscal de carrera del Ministerio Público y su conocimiento de las leyes hondureñas. Exhibió un pin que le fue otorgado por la presidenta Xiomara Castro en reconocimiento a su oposición a los hechos políticos de 2009 que culminaron con el derrocamiento del entonces presidente Manuel Zelaya.
Este no es un juicio político, este es un juicio politizado , enfatizó Morazán, confiando en que la historia y las instancias internacionales lo absolverán.
Morazán es el segundo funcionario en someterse a un juicio político en la actual gestión legislativa, después del Fiscal General Johel Zelaya, quien fue destituido del cargo por recomendación del pleno del Congreso Nacional.
La presidenta de la comisión especial, Tania Pinto, aseguró que el proceso continuará con la comparecencia de testigos este martes, aunque reiteró que disponen de 30 días para presentar el informe al pleno del Congreso Nacional sobre los cuatro procedimientos iniciados contra los funcionarios de los entes electorales.
Pinto aclaró que la no comparecencia de los enjuiciados no implica la conclusión del proceso, ya que existen etapas que deben agotarse para garantizar el debido proceso. Garantizó que se seguirán los procedimientos establecidos en la Ley de Juicio Político vigente desde 2013.
El abogado constitucionalista, Juan Carlos Barrientos, explicó que el juicio político en Honduras no es un proceso jurídico como los que se desarrollan en los tribunales , sino un mecanismo de carácter político cuyo objetivo principal es la destitución de funcionarios nombrados por el Congreso Nacional.
Barrientos instó a la población a no confundir esta figura, ya que el juicio político es de carácter político y no jurídico. Subrayó que no se basa en la valoración estricta de pruebas como en un juicio penal, sino en la existencia de causales y la obtención de los votos necesarios para su aprobación.
El jurista indicó que la comparecencia de los señalados no es obligatoria, aunque advirtió que no acudir implica renunciar a presentar descargos. Consideró que el proceso responde más a decisiones políticas que jurídicas.
En el marco de las audiencias de descargo en el Congreso Nacional, la exdiputada Fátima Mena se pronunció sobre los juicios políticos que enfrentan los funcionarios del CNE y el TJE. Subrayó que estas acciones no responden a una persecución política, sino a la necesidad de proteger la institucionalidad del país.
Mena fue contundente al señalar que diversos funcionarios del partido Libertad y Refundación (Libre) priorizaron sus intereses partidarios por encima de sus responsabilidades legales. Muchos de sus altos dirigentes y funcionarios (de Libre), se comportaron más como militantes de un partido y no como titulares de instituciones; eso los llevó a acciones claramente cuestionadas que provocaron pronunciamientos tanto nacionales como internacionales , afirmó Mena.
La exparlamentaria consideró que el proceso debe manejarse bajo criterios estrictamente legales y técnicos, y que las denuncias están debidamente sustentadas, pero el cumplimiento del procedimiento adecuado es lo que garantizará la transparencia del juicio.
Según Mena, el objetivo del juicio político debe ser evitar que estos hechos se repitan en el futuro y salvaguardar la integridad de los procesos electorales y la institucionalidad.
