La escribana Adriana Mónica Nechevenko declaró ante el fiscal federal, Gerardo Pollicita, negando que dos jubiladas le hayan prestado dinero al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para las operaciones inmobiliarias que involucran la compra de un departamento en Caballito y una propiedad en Exaltación de la Cruz. Nechevenko, quien certificó la compra del departamento de Caballito, estuvo dos horas declarando en Comodoro Py y enfatizó que no hubo préstamos de dinero, así, en efectivo, no hubo .
La profesional aclaró que trabaja con Adorni desde hace muchos años y aseguró que no hubo irregularidades en las operaciones , describiéndolas como una operación normal . Remarcó en varias ocasiones que las dos mujeres involucradas en la causa no prestaron dinero para el inmueble de Caballito . No le prestaron US$200.000, no le prestaron plata y tampoco les pregunté si eran jubiladas. Todos los datos que se necesitan los acabo de dejar en el juzgado , afirmó a la salida de Comodoro Py.
En relación a la operación específica del departamento de Caballito, Nechevenko precisó que fue una compraventa con una hipoteca con un saldo de precio, no hubo préstamo . La jueza también intervino en la escritura de una propiedad registrada a nombre de la esposa de Adorni, Julieta Bettina Angeletti, en Exaltación de la Cruz.
La investigación judicial se originó a partir de una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, quien advirtió sobre presuntas inconsistencias en las declaraciones juradas del funcionario. Según el planteo de Pagano, el patrimonio de Adorni habría registrado un aumento del 500% en un período fiscal, con omisiones en la información presentada.
Los registros inmobiliarios muestran que la propiedad en Caballito, de casi 200 metros cuadrados, pertenecía a Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, quienes figuraron como vendedoras y acreedoras de un crédito hipotecario por 200 mil dólares que permitió completar la operación. Cada una aportó el 50% del préstamo, que quedó asentado a su nombre. La intervención de Nechevenko fue clave en esta transacción y también en la escritura de la propiedad en el country Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz, comprada en noviembre de 2025 y a nombre de Angeletti.
Ante las dudas planteadas, el fiscal Pollicita solicitó una serie de medidas de prueba para reconstruir la evolución patrimonial de Adorni y verificar la información declarada ante los organismos oficiales. Entre los pedidos se incluyen oficios a registros de la propiedad, de vehículos y requerimientos vinculados con movimientos financieros. La fiscalía consideró que existen motivos suficientes para avanzar en la causa y esclarecer la conformación patrimonial del funcionario.
La denuncia de Pagano también señala activos financieros y depósitos en el exterior por más de 16 millones de pesos, así como la incorporación de US$24.500 en efectivo que, según se indicó, habrían tenido origen en préstamos familiares. Además, se cuestiona la declaración patrimonial presentada ante la Oficina Anticorrupción, donde Adorni informó la titularidad de la mitad de un departamento en la Ciudad de Buenos Aires y una propiedad en La Plata, sin consignar bienes ubicados en countries.
Las expensas del lote en el country Indio Cuá, que figuran a nombre de Angeletti, también motivaron consultas de los investigadores sobre la relación entre los bienes declarados y los movimientos patrimoniales recientes. La investigación busca determinar si la estructura financiera utilizada para la compra del departamento en Caballito y la propiedad en Exaltación de la Cruz es consistente con las declaraciones juradas de Adorni y si existen irregularidades en la conformación de su patrimonio.
La declaración de la escribana Nechevenko representa un punto clave en la investigación, ya que su testimonio busca aclarar la naturaleza de las operaciones inmobiliarias y desmentir la presunta participación de las dos jubiladas como prestamistas. Sin embargo, la fiscalía continuará con las medidas de prueba para reconstruir la evolución patrimonial del jefe de Gabinete y verificar la información declarada ante las autoridades. La causa sigue en curso bajo la supervisión del juez Ariel Lijo, quien delegó el impulso en el fiscal Pollicita.
