La Cámara de Diputados debatirá este miércoles la modificación a la Ley de Glaciares, una iniciativa que ya cuenta con media sanción del Senado y que, de ser aprobada, permitirá a las provincias definir qué áreas protegidas pueden ser habilitadas para actividades extractivas como la minería. El oficialismo confía en contar con los votos necesarios, aunque anticipa una sesión tensa marcada por cuestionamientos a funcionarios del gobierno.
El plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales dictaminó favorablemente el proyecto luego de audiencias públicas realizadas los días 25 y 26 de marzo. Durante estas audiencias, funcionarios nacionales y provinciales, incluyendo a los gobernadores integrantes de la Mesa del litio y el cobre, solicitaron la sanción de la ley, argumentando la necesidad de impulsar el desarrollo económico de las provincias cordilleranas.
Sin embargo, la oposición criticó la metodología del proceso y el limitado número de representantes que tuvieron la oportunidad de exponer. Más de 100.000 personas se inscribieron para participar, pero solo alrededor de 400 fueron escuchadas.
El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, defendió el proceso, señalando que se cumplió con el Acuerdo de Escazú, que exige garantizar instancias de participación ciudadana. La audiencia pública fue una de las formas de escuchar a la ciudadanía, que también pudo expresarse por escrito. Hay más de 2500 posiciones presentadas, a favor y en contra, y también se recibieron videos , explicó.
El dictamen de mayoría contó con el respaldo de bloques como el PRO, la UCR y diversas fuerzas provinciales, sumando un total de 37 firmas de diputados. Entre los apoyos se destacan legisladores de Catamarca, San Juan y Misiones, representando intereses provinciales en la discusión.
En contraposición, Unión por la Patria presentó un dictamen de minoría con 23 firmas, mientras que Provincias Unidas y la Coalición Cívica (a través del diputado Maximiliano Ferraro) también emitieron dictámenes disidentes, rechazando la iniciativa.
Ferraro cuestionó la composición del plenario, señalando la preponderancia de funcionarios y representantes de provincias con proyectos mineros en curso. Convocaron solo a gobernadores y representantes de provincias cordilleranas con proyectos mineros, como si el dominio de los recursos naturales fuera exclusivo de esas jurisdicciones , afirmó.
Además, el diputado apuntó contra el secretario de Minería, Luis Lucero, a quien acusó de tener vínculos con empresas del sector, sugiriendo un posible conflicto de intereses. No participa como un mero funcionario: asesoró a varias compañías mineras , sostuvo.
El diputado Juan Schiaretti, de Provincias Unidas, también se opuso a la ley, advirtiendo sobre los posibles impactos negativos en el acceso al agua dulce. Los glaciares son fundamentales para el acceso al agua dulce. No es una discusión ideológica: es una necesidad concreta. Los errores en esta legislación pueden generar daños irreversibles , planteó.
Los legisladores del Frente de Izquierda, aunque no integran las comisiones y no pudieron firmar dictámenes, también expresaron su rechazo al proyecto.
Por otro lado, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, defendió la iniciativa, argumentando que la minería es esencial para el futuro de su provincia. Sin minería no hay futuro , declaró durante su exposición virtual.
El secretario de Minería, Luis Lucero, respaldó el proyecto y criticó a la oposición por generar temor y subestimar la capacidad de las provincias. Se está instalando miedo y se menosprecia la capacidad de las provincias. Esto es federalismo en acción , afirmó.
Lucero explicó que el objetivo del proyecto es establecer criterios científicos para definir qué áreas deben ser consideradas reservas hídricas estratégicas, desmintiendo acusaciones de que se trata de una norma regresiva. No es una norma regresiva. Queremos que la ciencia determine qué debe protegerse , agregó.
El proyecto de ley, impulsado por el Poder Ejecutivo a pedido de los gobernadores de las provincias cordilleranas, propone redefinir los conceptos de glaciar y ambiente periglacial. Esto implica que las provincias tendrán la potestad de determinar, a través de estudios técnicos, qué zonas deben ser incluidas o excluidas del Inventario Nacional de Glaciares elaborado por el IANIGLA.
La exclusión de un glaciar o ambiente periglacial del inventario implicaría la pérdida de su protección legal, abriendo la puerta a la realización de actividades extractivas, como la minería, en esas áreas. La sesión de este miércoles en la Cámara de Diputados será crucial para definir el futuro de la protección de los glaciares en Argentina y el debate sobre el desarrollo económico de las provincias cordilleranas. La oposición anticipa fuertes discursos y cuestionamientos, mientras que el oficialismo se prepara para una votación ajustada.
