El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires denunció irregularidades en la licitación pública, nacional e internacional, de la Red Federal de Concesiones Etapa II, que involucra la administración y concesión de 1.800 kilómetros de rutas nacionales en territorio bonaerense. La denuncia fue realizada a través del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos (MISP) y la empresa Autopistas de Buenos Aires S.A (AUBASA).
El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, formalizó la presentación ante el Ministerio de Economía de la Nación solicitando la designación de veedores independientes. En su solicitud, incluyó al Defensor del Pueblo de la Nación y al Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, con el objetivo de asegurar la legalidad, objetividad, transparencia, imparcialidad y razonabilidad del proceso administrativo en curso.
Katopodis explicó que, por indicación del gobernador Axel Kicillof, AUBASA se presentó oportunamente en la licitación pública para la concesión de los tramos Sur Atlántico Acceso Sur. Estos tramos incluyen la Ruta Nacional 3, la Ruta Nacional 205, la Ruta Nacional 226, y las autopistas Riccheri y Ezeiza-Cañuelas, todas ubicadas en la Provincia de Buenos Aires.
La preocupación del gobierno provincial radica en posibles irregularidades que podrían afectar la transparencia y la equidad del proceso de licitación. La solicitud de veedores busca garantizar que la competencia se desarrolle en un marco de reglas claras y justas, protegiendo así el interés público y asegurando la mejor oferta para la administración y mantenimiento de las rutas bonaerenses.
La licitación de la Red Federal de Concesiones Etapa II es de gran importancia estratégica para la Provincia de Buenos Aires, ya que involucra una extensa red de rutas nacionales que son vitales para el transporte de personas y mercancías, así como para el desarrollo económico y social de la región. La correcta administración y mantenimiento de estas rutas son fundamentales para garantizar la seguridad vial, la eficiencia del transporte y la competitividad de la provincia.
La denuncia del gobierno provincial se produce en un contexto de creciente debate sobre la necesidad de mejorar la infraestructura vial del país y de garantizar la transparencia en los procesos de concesión de obras públicas. La designación de veedores independientes podría contribuir a fortalecer la confianza en el proceso de licitación y a asegurar que se seleccionen las mejores opciones para la administración y mantenimiento de las rutas nacionales en la Provincia de Buenos Aires.
La presentación de Katopodis ante el Ministerio de Economía de la Nación representa un paso importante en la defensa de los intereses de la Provincia de Buenos Aires y en la búsqueda de una gestión transparente y eficiente de la infraestructura vial. El gobierno provincial espera que la solicitud de veedores sea atendida favorablemente y que se tomen todas las medidas necesarias para garantizar la legalidad y la transparencia del proceso de licitación.
La situación también ha generado atención en otros ámbitos políticos. El diputado provincial de La Libertad Avanza, Nicolás Arce, ha manifestado su interés en el tema, habiendo mantenido reuniones al respecto. Además, se menciona que la ahora Auditora General de la Nación fue la diputada con más proyectos presentados en 2024.
Paralelamente, se informa sobre situaciones relacionadas con trabajadores que prestaban servicio en el cobro de acceso al Parque Nacional Los Glaciares, quienes comenzaron a recibir cartas documento. Sin embargo, esta información parece no estar directamente relacionada con la denuncia de irregularidades en la licitación de las rutas, aunque sí refleja un clima de incertidumbre en el ámbito de las concesiones y los servicios públicos.
AUBASA, por su parte, ha anunciado su participación en la licitación por las rutas nacionales, reafirmando su compromiso con el desarrollo de la infraestructura vial en la Provincia de Buenos Aires. No obstante, la denuncia del gobierno provincial plantea interrogantes sobre la transparencia del proceso y la necesidad de garantizar la competencia justa entre los diferentes oferentes.
