La Contraloría General de la República ha detectado una serie de irregularidades en pagos realizados a Pablo Amaro Valenzuela, actual seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio del Maule, durante su anterior desempeño en la Municipalidad de Villa Alegre. El informe del ente fiscalizador revela desembolsos por un total de $30.448.520 entre enero y octubre de 2024, asociados a dos contratos distintos, sin la debida justificación documental que acredite la efectiva ejecución de los servicios comprometidos.
La primera irregularidad detectada corresponde a pagos por $13.424.000 realizados en el marco del Programa de la Juventud, entre enero y agosto de 2024. La Contraloría señaló la falta de respaldos suficientes que demuestren la realización de las actividades por las cuales se efectuaron los desembolsos. Esto ha generado interrogantes sobre el destino de los fondos públicos y la transparencia en la gestión de dicho programa.
A esta situación se suma un segundo contrato, por un monto de $17.024.520, destinado a servicios profesionales en gestión comunicacional, extendido entre enero y octubre del mismo año. En este caso, el informe de la Contraloría destaca la presentación de informes mensuales de carácter genérico, la ausencia total de reportes correspondientes al mes de abril y la falta de verificación de las actividades realizadas durante el mes de mayo. Estas deficiencias en la documentación entregada refuerzan las dudas sobre la correcta prestación de los servicios contratados y el cumplimiento de las obligaciones contractuales.
Ante estos hallazgos, la Contraloría General de la República ha instruido formalmente a la Municipalidad de Villa Alegre a llevar a cabo una revisión exhaustiva de los contratos en cuestión. El objetivo principal de esta revisión es determinar con precisión qué funciones fueron efectivamente ejecutadas por Pablo Amaro Valenzuela durante el período comprendido por los contratos. Asimismo, se exige que se identifiquen las tareas que no fueron realizadas, y que se inicien las acciones legales y administrativas pertinentes para obtener la restitución de los fondos públicos que fueron pagados indebidamente.
El informe de la Contraloría es categórico al respecto: Corresponderá determinar las tareas realizadas y, respecto de las no ejecutadas, iniciar acciones para obtener la restitución de los fondos . Esta instrucción subraya la importancia de la rendición de cuentas y la responsabilidad en el manejo de los recursos públicos.
Desde la Municipalidad de Villa Alegre se ha indicado que la situación fue subsanada mediante la entrega posterior de la documentación requerida por la Contraloría. Sin embargo, el ente fiscalizador ha ordenado igualmente la apertura de un sumario interno para establecer si existieron responsabilidades administrativas por parte de los funcionarios involucrados en la gestión de los contratos. Este sumario interno permitirá investigar a fondo las circunstancias que rodearon los pagos irregulares y determinar si hubo negligencia o mala fe en la gestión de los recursos públicos.
El caso de Pablo Amaro Valenzuela y los contratos en la Municipalidad de Villa Alegre se enmarca en una serie de denuncias previas impulsadas por autoridades locales. La concejala María Ignacia González, junto con los diputados Francisco Pulgar y Consuelo Veloso, han solicitado en reiteradas ocasiones la investigación de diversas anomalías en la gestión del alcalde Pablo Fuentes Vallejos.
Entre los cuestionamientos más relevantes planteados por estas autoridades se encuentra el uso excesivo de tratos directos en las adquisiciones realizadas por la municipalidad. Se ha señalado que entre 2021 y 2023, el 75% de las adquisiciones se realizaron a través de tratos directos, lo que podría haber limitado la competencia y favorecido a determinados proveedores. Además, se han denunciado posibles sobreprecios en las compras realizadas, retrasos en la ejecución de proyectos y pagos de honorarios injustificados.
La Contraloría ya había advertido sobre la necesidad de mejorar los controles internos en la Municipalidad de Villa Alegre. En septiembre de 2024, el organismo instruyó al municipio a abstenerse de contratar personal a honorarios para desempeñar funciones permanentes. Esta instrucción buscaba evitar la precarización laboral y garantizar que las funciones esenciales del municipio sean desempeñadas por personal de planta, con contratos de trabajo que cumplan con la legislación laboral vigente.
La investigación de la Contraloría sobre los pagos a Pablo Amaro Valenzuela representa un nuevo capítulo en las controversias que rodean la gestión de la Municipalidad de Villa Alegre. Los resultados de la revisión exhaustiva y el sumario interno serán cruciales para determinar las responsabilidades administrativas y, en su caso, penales de los funcionarios involucrados. Este caso pone de manifiesto la importancia de la transparencia, la rendición de cuentas y el control en el manejo de los recursos públicos, y reafirma el papel fundamental de la Contraloría General de la República en la fiscalización de la gestión pública. La ciudadanía espera que se esclarezcan los hechos y que se apliquen las sanciones correspondientes a quienes hayan incurrido en irregularidades.
