La Fiscalía General de Colombia revocó parcialmente la suspensión de órdenes de captura contra 16 de 23 peligrosos cabecillas de bandas criminales y narcotraficantes, inicialmente solicitada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro como parte de su política de Paz Total . La decisión, anunciada este martes por la Fiscal General Luz Adriana Camargo, se basa en inconsistencias detectadas en el trámite presentado por la Oficina del Alto Comisionado de Paz.
La Ley 2272 de 2022 otorga al presidente la facultad de solicitar el levantamiento de medidas judiciales contra miembros de estructuras armadas para facilitar diálogos de paz. Sin embargo, la designación de líderes de organizaciones como el Clan del Golfo y disidencias de las FARC como gestores de paz ha generado controversia y críticas por considerarse un desafío al principio de legalidad y justicia.
Según la Fiscal General, la revocación afecta a 16 de los 23 criminales que estaban pagando condena por delitos graves. Siete de ellos continuarán beneficiándose de la suspensión de la orden de captura. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó sobre la decisión a través de su cuenta en X, destacando que se ha retirado el beneficio a 16 criminales condenados.
La figura del gestor de paz implica la suspensión de la ejecución de la pena para que miembros de grupos armados condenados realicen labores de mediación, facilitación o desmovilización, permaneciendo en prisión pero pudiendo salir en ocasiones autorizadas por un juez. El Gobierno argumenta que la presencia de estos actores en las negociaciones es crucial para el desmantelamiento de las estructuras criminales y no implica su excarcelación.
Sin embargo, la medida ha desatado una ola de críticas y acciones legales. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, interpuso una demanda ante el Consejo de Estado para suspender el beneficio a personas condenadas por delitos graves, calificando la acción como un intento de liberar a los peores criminales del departamento.
Alcaldes como Carlos Fernando Galán de Bogotá también han expresado su desacuerdo, señalando la contradicción entre la captura de miembros de bandas criminales por parte de las autoridades y la designación de sus líderes como gestores de paz . Galán criticó la falta de resultados positivos de la negociación y la calificó como peligrosa e irresponsable .
La controversia se extiende al ámbito de la campaña presidencial, con candidatos de la oposición cuestionando la medida y acusando al Gobierno de buscar ventajas políticas. Abelardo De La Espriella acusó a Petro y a su equipo de intentar torcer las urnas con alianzas oscuras , mientras que Paloma Valencia enfatizó que la Corte ha dejado claro que el Gobierno no puede influir en la Rama Judicial.
El candidato presidencial Iván Cepeda, del partido de gobierno Pacto Histórico, no se ha pronunciado públicamente sobre el tema. Cepeda ha sido un firme defensor de la política de Paz Total y uno de los promotores de la Ley 2272 de 2022.
Claudia López, otra candidata presidencial, anunció que interpondrá denuncias ante entes de control por considerar que la decisión de la Fiscalía es un abuso de las facultades presidenciales que podría estar permitiendo la liberación de criminales para que apoyen al candidato del gobierno.
La política de Paz Total del Gobierno Petro busca establecer mesas de diálogo con diferentes grupos ilegales para lograr su desmovilización y reintegración a la vida civil. Sin embargo, la falta de resultados tangibles y la controversia generada por la designación de gestores de paz ponen en tela de juicio la viabilidad de la estrategia.
El éxito de esta política dependerá de la capacidad del Gobierno para demostrar que estos gestores están contribuyendo efectivamente al desarme y no utilizando el beneficio para fortalecer su control territorial. La situación recuerda a la controversia generada en 2024, cuando el Gobierno designó a exjefes paramilitares como gestores de paz , lo que llevó a la Fiscalía a insistir en su postura de no ceder ante la suspensión indiscriminada de órdenes de captura.
Hasta el momento, el presidente Petro no se ha pronunciado públicamente sobre el debate generado por la decisión de la Fiscalía. La situación se desarrolla en un contexto electoral clave para Colombia, con la primera vuelta de las elecciones presidenciales programada para el 31 de mayo y una posible segunda vuelta el 21 de junio. Petro permanecerá en el cargo hasta el 7 de agosto.
