La Fiscal General Luz Adriana Camargo ha solicitado formalmente al presidente Gustavo Petro la reactivación de las órdenes de captura contra Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, líder de un grupo de disidencias guerrilleras que participa en el proceso de diálogo de la política de Paz Total del Gobierno. La petición, contenida en una carta enviada al mandatario, se produce tras denuncias de que Calarcá ha continuado delinquiendo a pesar de la suspensión de las órdenes de captura como parte de las negociaciones.
La solicitud de la Fiscal General se suma a la presión pública ejercida por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien también ha pedido la reactivación de la orden de captura contra el líder guerrillero. La controversia radica en que, si bien el Gobierno busca una solución negociada al conflicto armado, las autoridades locales y ahora la Fiscalía señalan que Calarcá ha aprovechado la suspensión de las órdenes para continuar con actividades criminales.
En su carta, Camargo detalla cuatro episodios criminales específicos que responsabiliza directamente a Calarcá. El primero es el homicidio de la líder indígena Carmelina Yule, ocurrido en marzo de 2024 en el departamento del Cauca, apenas dos meses después de que se suspendieran sus órdenes de captura. La Fiscal General enfatiza la proximidad temporal entre el beneficio otorgado a Calarcá y el asesinato de la líder indígena, sugiriendo una falta de compromiso con el proceso de paz por parte del líder guerrillero.
El segundo episodio mencionado es la masacre de 26 personas en Miravalle, Guaviare, en enero de 2026, donde siete de las víctimas eran menores de edad. La Fiscalía ha determinado, según la carta, que este ataque no fue resultado de un enfrentamiento armado, sino de una acción deliberada y planificada.
La carta también destaca una campaña de terrorismo en el Meta llevada a cabo en 2024 y 2025, que incluyó 19 eventos relacionados con explosivos en diferentes municipios: 10 en Granada, 5 en Acacias, 2 en Villavicencio, 1 en Mesetas y 1 en Guamal. Estos ataques, según la Fiscalía, buscaban generar miedo e inestabilidad en la región.
Finalmente, la Fiscal General menciona la instalación de minas antipersonales para atacar un convoy militar en Antioquia en julio de 2024, un ataque que resultó en la muerte de seis soldados.
Camargo argumenta que estos crímenes no son hechos aislados ni acciones de mandos intermedios, sino que forman parte de una estrategia sistemática dirigida por Calarcá. Citando un informe técnico, la Fiscal General afirma que el líder guerrillero ha continuado impartiendo directrices claras para la ejecución de conductas punibles después de la suspensión de sus órdenes de captura.
La carta de la Fiscal General ha generado reacciones en el ámbito político. La candidata presidencial Paloma Valencia, del uribismo, criticó la decisión de la Fiscal de enviar una carta en lugar de actuar unilateralmente, recordando que la Fiscalía tiene la facultad de reactivar las órdenes de captura en caso de nuevos delitos sin necesidad del aval del Gobierno.
Hasta el momento, el presidente Petro no se ha pronunciado públicamente sobre la carta de la Fiscal General. Sin embargo, la situación plantea un dilema para el Gobierno, que busca mantener abiertos los canales de diálogo con los grupos armados, pero también debe responder a las denuncias de criminalidad y garantizar la seguridad de la población.
La controversia en torno a Calarcá se agrava aún más por recientes revelaciones de medios de comunicación, como Noticias Caracol, que han expuesto vínculos entre el líder guerrillero y un general del Ejército colombiano y un exfuncionario de la Dirección Nacional de Inteligencia. Según estas investigaciones, Calarcá habría obtenido información reservada que le permitió evitar operativos militares y recibir apoyo logístico para sus desplazamientos en territorios en disputa. Estos vínculos, de ser confirmados, podrían poner en tela de juicio la transparencia y la legitimidad del proceso de diálogo con este grupo armado.
La situación exige una respuesta clara y contundente por parte del Gobierno, que debe equilibrar la búsqueda de una solución negociada al conflicto armado con la necesidad de garantizar la justicia y la seguridad de los ciudadanos. La decisión de reactivar o no las órdenes de captura contra Calarcá tendrá implicaciones significativas para el futuro del proceso de paz y la estabilidad del país.
