La Corte Suprema de Estados Unidos permitió este lunes que el Gobierno avance en la desestimación del caso penal contra Steve Bannon, exasesor de la Casa Blanca condenado en 2022 por no acatar una citación del Congreso en la investigación del asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. La decisión se produce después de que fiscales federales solicitaran en febrero desestimar la acusación, originalmente presentada durante el Gobierno de Joe Biden. Tanto el Departamento de Justicia como Bannon pidieron al alto tribunal anular el fallo de una corte de apelaciones que había ratificado la condena y devolver el caso a un tribunal de primera instancia para que los cargos originales fueran desestimados.
Michael Buschbacher, abogado de Bannon, declaró a CNN: Este caso nunca debió presentarse y estamos encantados de que finalmente se haya anulado la decisión que confirmaba la condena contra el señor Bannon .
Bannon fue declarado culpable por un jurado federal por negarse a cumplir una citación para una entrevista y la entrega de documentos en la investigación de la Cámara de Representantes sobre los eventos del 6 de enero de 2021. Ya había cumplido una condena de cuatro meses de prisión por este caso en 2024. Aunque la decisión de la Corte Suprema no tendrá consecuencias prácticas significativas, dado que Bannon ya cumplió su pena, el exasesor de Trump ha continuado impugnando su condena.
Bannon, quien sigue siendo un aliado cercano de Trump, argumentó ante la Corte Suprema que no desobedeció deliberadamente la citación de la comisión de la Cámara, sino que actuó basándose en el consejo de sus abogados de no responder hasta que los legisladores resolvieran los reclamos de privilegio ejecutivo de Trump. Su apelación se centró en la definición de deliberadamente por parte de los tribunales inferiores.
Los abogados de Bannon argumentaron que se le debía permitir explicar que actuó siguiendo el consejo de sus abogados y el privilegio ejecutivo, pero se le impidió presentar esa defensa en el juicio. Ese fue un defecto crucial en su proceso, añadieron.
El Departamento de Justicia, durante el Gobierno de Biden, había sostenido que Bannon respondió a la citación con incumplimiento total . Sin embargo, en un giro inesperado, y siguiendo la línea de indultos concedidos a personas involucradas en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, el Departamento de Justicia informó a la Corte Suprema que ya no continuaría con el caso.
El Gobierno ha determinado, en ejercicio de su facultad discrecional, que la desestimación de este caso penal responde al interés de la justicia , declaró el Departamento de Justicia a la Corte Suprema.
En una decisión previa, una corte federal de apelaciones en Washington había señalado que sus propios precedentes sobre citaciones del Congreso impedían los argumentos de Bannon. El tribunal indicó que el hecho de que hubiera actuado siguiendo el consejo de sus abogados no constituía una defensa válida .
Semanas después, la Corte Suprema rechazó argumentos similares presentados por Bannon en una apelación de emergencia con la que buscaba evitar la prisión. La breve orden que desestimó la solicitud implicaba que Bannon debía presentarse a cumplir su condena, sin que se registraran disidencias en ese momento.
David Schoen, abogado de Bannon en el juicio, declaró a CNN: El caso penal por desacato al Congreso contra Steve Bannon nunca debió presentarse. Fue impulsado por el Departamento de Justicia de Biden con fines exclusivamente políticos . Schoen añadió que la acusación socavó el principio constitucional de separación de poderes una vez que el presidente invocó el privilegio ejecutivo .
Esta orden se produjo meses después de que otro exasesor de Trump, Peter Navarro, tampoco lograra obtener alivio del alto tribunal en un caso similar. La decisión de la Corte Suprema en el caso de Bannon, aunque no revierte su tiempo en prisión, representa una victoria legal para el exasesor y plantea interrogantes sobre la estrategia del Departamento de Justicia en casos relacionados con la investigación del 6 de enero. La desestimación del caso, solicitada tanto por el gobierno actual como por la defensa de Bannon, sugiere un cambio en la postura legal con respecto a la aplicación de las citaciones del Congreso en casos que involucran reclamos de privilegio ejecutivo.
