El resonado caso del Banco Atlas continúa enfrentando obstáculos en el sistema judicial, con una serie de maniobras dilatorias que amenazan con entorpecer el avance del proceso y, potencialmente, evitar que los responsables rindan cuentas. El próximo 15 de abril, Miguel Zaldívar, presidente de la entidad, deberá comparecer ante el Juzgado para la audiencia de imposición de medidas, aunque su realización aún está en duda.
El juez Humberto Otazú tiene ahora la crucial tarea de decidir si admite las últimas acciones dilatorias presentadas por la defensa o si mantiene la fecha de la audiencia, permitiendo que Zaldívar, esposo de Natalia Zuccolillo, directora de ABC Color, enfrente las acusaciones en su contra. El juez dispone de tres días hábiles para responder, plazo que se extendió debido a los feriados de Semana Santa.
Si el juez Otazú admite las acciones dilatorias, la audiencia de imposición de medidas cautelares deberá ser revisada por un Tribunal de Apelaciones, lo que retrasaría aún más el proceso. En cambio, si las rechaza, la audiencia del 15 de abril se mantendrá, permitiendo avanzar en la investigación.
La Fiscalía, a través de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público, investiga el caso por presunto lavado de dinero, a raíz de la denuncia penal presentada por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). Los fiscales han solicitado como medidas cautelares para los imputados la prohibición de salir del país, la obligación de presentarse y firmar mensualmente ante el Juzgado, y una posible fianza.
La Conmebol busca recuperar aproximadamente 15 millones de dólares que Nicolás Leoz, ex presidente de la organización, habría desviado y depositado en el Banco Atlas, perteneciente al Grupo Azeta, propiedad de la familia Zuccolillo.
La imputación fiscal, formalizada en el Acta de Imputación N. 4/25, alcanza a Miguel Zaldívar y a otros directivos del banco Atlas, acusados de incurrir en el delito de lavado de dinero, previsto en el artículo 196 del Código Penal. Se les acusa de haber obtenido o administrado bienes provenientes de actividades ilícitas, en concordancia con las disposiciones sobre participación y complicidad.
La investigación fiscal reveló la existencia de contratos de fideicomiso suscritos en 2016 con el Banco Atlas SA, por un total de 23.014 millones de guaraníes y 2,16 millones de dólares. Estos fondos habrían sido constituidos como patrimonio autónomo destinado al pago de gastos personales y beneficios familiares.
Los fiscales argumentan que estas operaciones se llevaron a cabo a pesar de las alertas públicas y judiciales existentes sobre Nicolás Leoz, y que los responsables financieros involucrados no aplicaron las medidas de debida diligencia exigidas por la normativa de prevención del lavado de dinero.
La investigación se centra en determinar si los directivos del Banco Atlas conocían el origen ilícito de los fondos y si, a pesar de ello, facilitaron su movimiento y ocultamiento a través de los contratos de fideicomiso. La Fiscalía busca demostrar que los fondos desviados por Leoz fueron utilizados para fines personales y familiares, y que el Banco Atlas jugó un papel clave en el proceso de lavado de dinero.
El caso ha generado gran atención mediática debido a la notoriedad de los involucrados y a la gravedad de las acusaciones. La Conmebol, por su parte, ha expresado su determinación de recuperar los fondos desviados y de llevar a los responsables ante la justicia.
La audiencia del 15 de abril representa un momento crucial en la investigación. Si se lleva a cabo, permitirá a la Fiscalía presentar sus pruebas y argumentos ante el juez, y a la defensa de Zaldívar presentar su versión de los hechos. La decisión del juez Otazú sobre las acciones dilatorias será determinante para el futuro del caso y para la posibilidad de que se haga justicia en este complejo asunto financiero.
La dilación en el proceso judicial ha generado críticas por parte de la opinión pública y de algunos sectores de la prensa, quienes denuncian la posible intención de proteger a los involucrados y de evitar que rindan cuentas por sus acciones. La Fiscalía, por su parte, ha reafirmado su compromiso de llevar adelante la investigación hasta sus últimas consecuencias y de garantizar que se cumpla la ley.
El desenlace de este caso podría tener importantes implicaciones para el sistema financiero paraguayo y para la lucha contra el lavado de dinero. La resolución judicial sentará un precedente importante y podría fortalecer los mecanismos de control y prevención de este tipo de delitos.
