A más de tres semanas de asumir la presidencia, José Antonio Kast ha concretado un importante desembarco de exmilitares y expolicías en diversos ministerios de su administración, cumpliendo con las señales anticipadas antes de llegar a La Moneda. La estrategia, centrada en la confianza depositada en personal retirado de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y de Orden, ha generado incomodidad y cuestionamientos tanto al interior de las instituciones como en el análisis político.
El Ministerio de Defensa fue el primero en recibir a exuniformados de alto rango. El ministro Fernando Barros cuenta con el apoyo de dos exmilitares en subsecretarías clave: el vicealmirante (R) Rodrigo Álvarez, a cargo de la Subsecretaría de Defensa, y el general (R) Christian Bolívar, en la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas. A esto se suma la designación del general (R) Óscar Bustos como jefe de la División de Desarrollo Tecnológico e Industria, un nombre que también había sido considerado para la subsecretaría.
La preferencia por personal de la Armada se ha hecho evidente en otras áreas del gobierno. La noche del 11 de marzo, el presidente Kast anunció al vicealmirante (R) Alberto Soto como comisionado para la Macrozona Norte, encargándole la coordinación de la seguridad en la zona fronteriza, un pilar del denominado gobierno de emergencia .
El flujo de militares hacia puestos clave en el Ejecutivo no se detuvo ahí. El contraalmirante (R) Roberto Machiavello fue nombrado coordinador del Comité de Seguridad, la instancia creada por la nueva administración para analizar la situación de seguridad del país. Sin embargo, su designación ha generado controversia debido a que fue investigado por la Fiscalía por su manejo de la alerta de tsunami de 2010. Fuentes del oficialismo confirman que existen cuestionamientos internos, incluso relacionados con sus intereses privados en empresas de gestión de emergencias.
La Cancillería también ha sumado un marino a sus filas, el vicealmirante (R) Francisco García Huidobro, quien asumió la Dirección de Planificación Estratégica, habiendo integrado el Alto Mando de la Armada. Otro oficial de la Armada, el vicealmirante (R) Ronald Mc Intyre, fue designado al frente de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI).
El Ministerio de Seguridad, junto con la exfiscal de Tarapacá Trinidad Steinert, ha incorporado una serie de exfuncionarios de instituciones policiales y militares. De las cinco divisiones que componen la repartición, tres están ahora lideradas por exoficiales de las policías o el Ejército, mientras que las divisiones jurídica y de finanzas permanecen en manos de civiles.
El general (R) de Carabineros Eduardo Quijada asumió como jefe de la División de Control y Planificación Institucional de las Policías, mientras que el prefecto (R) de la Policía de Investigaciones (PDI) Marcelo Atala lidera la División de Crimen Organizado, Terrorismo y Seguridad Fronteriza. Atala, durante su carrera en la PDI, fue jefe de la Macrozona Norte del Crimen Organizado. A ellos se suma el oficial (R) del Ejército Rodrigo Pino, quien ocupa el cargo de jefe de la División de Seguridad y Orden Público, con una trayectoria de más de 38 años en la institución militar, llegando a integrar el alto mando.
Además de los jefes de división, varios funcionarios han sido nombrados como asesores, como el general (R) del Ejército Mario Grez, quien se incorporó a la Subsecretaría de Seguridad Pública.
Si bien estos fichajes eran previsibles, dada la formación de los oficiales de las FF.AA. y las policías, la situación no ha pasado desapercibida en las instituciones involucradas. Fuentes de La Tercera revelan que el desembarco de exintegrantes de sus filas genera incomodidad por diversas razones. En primer lugar, los fichajes, al tratarse de funcionarios en retiro, no se han consultado con los altos mandos, y la decisión carece de vinculación institucional, siendo más bien un asunto personal de cada militar que optó por dar el salto a la política.
En el ámbito militar, existe la expectativa de que los funcionarios en retiro no accedan a cargos políticos, ya que esto podría dañar la imagen de la institución de origen. Hay que cuidar las instituciones es el lema que se repite en los círculos militares.
Otra fuente consultada señala que las decisiones del mundo político difieren de las que se toman en las filas de las FF.AA. El criterio militar y las decisiones políticas no son iguales , afirma. Por lo tanto, la incomodidad se explica por la posibilidad de que los costos políticos de cualquier decisión tomada por estos funcionarios en retiro se puedan traspasar a las instituciones.
También preocupa el hecho de que funcionarios en retiro, que alcanzaron altos grados en las instituciones, ahora se encuentren en posiciones de decisión civiles y políticas por encima de las propias instituciones. Sin embargo, desde las FF.AA. se destaca que los exintegrantes de sus filas deben someterse a los protocolos y la jerarquía de relación entre el mundo político y militar.
Esta situación se replica en el Ministerio de Seguridad, donde uno de los principales objetivos era reforzar el control civil sobre las instituciones policiales. Este objetivo se ve difuminado cuando las decisiones son tomadas por los mismos oficiales que, hasta hace poco, formaban parte de las fuerzas policiales que el gobierno debe controlar.
