El distrito de Santa María, ubicado en la provincia de Herrera, se encuentra actualmente en el centro de una controversia administrativa y social debido al proyecto de construcción de un centro penitenciario de máxima seguridad en la zona de Divisa. El alcalde de la localidad, Iván De León, ha sido el portavoz del sentimiento ciudadano, manifestando formalmente el rechazo de la población hacia la implementación de esta obra en su territorio.
Esta postura fue transmitida directamente por el alcalde De León durante una conversación mantenida con la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo. El objetivo del encuentro fue exponer que los habitantes de la zona no están de acuerdo con la instalación de este complejo penitenciario, argumentando diversas preocupaciones que afectan la tranquilidad y el entorno del distrito.
No obstante, la respuesta de la titular de Gobierno fue tajante respecto a la naturaleza de la obra. La ministra Montalvo enfatizó que la construcción del penal no es una decisión aislada, sino que constituye un proyecto de Estado y una medida de seguridad nacional. Bajo esta premisa, el Gobierno central sostiene que la obra es fundamental para el fortalecimiento del sistema penitenciario y la gestión de la seguridad en el país.
En cuanto a los detalles técnicos y administrativos del proceso de contratación, la autoridad local informó que el proyecto ya se encuentra en una etapa avanzada de gestión. Según los datos proporcionados, un grupo de 18 empresas participará en el proceso de licitación y selección. La fecha límite para que estas compañías presenten sus propuestas formales ha sido fijada para el próximo 13 de agosto, lo que indica que el cronograma de ejecución sigue su curso a pesar de las objeciones locales.
La justificación estratégica para la ubicación de este centro en las provincias centrales radica en la necesidad de descentralizar la población privada de libertad. De acuerdo con las conversaciones entre el alcalde y la ministra, se ha recalcado que es imperativo contar con un penal en esta región que permita albergar a los internos provenientes de cuatro provincias: Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas. Esta medida busca optimizar la gestión penitenciaria y, presumiblemente, facilitar la logística de traslado y control de los privados de libertad en el centro del país.
Paralelamente a su labor de gestión del rechazo comunitario, el alcalde Iván De León aprovechó el espacio de diálogo con la ministra para resaltar que el distrito de Santa María posee necesidades urgentes que deberían ser priorizadas sobre la construcción del penal. Entre las demandas principales que el alcalde puso sobre la mesa se encuentran la construcción y mejora de vías de acceso, la instalación de plantas potabilizadoras para garantizar el suministro de agua y la ejecución de mejoras significativas en la infraestructura educativa de la zona.
Además de las prioridades sociales y de infraestructura, el alcalde detalló los motivos específicos por los cuales la comunidad se opone a la obra. Uno de los puntos más críticos mencionados es la preocupación por los posibles impactos ambientales que la construcción y operación de un complejo de máxima seguridad podrían generar en el ecosistema local de Divisa.
A pesar de las objeciones presentadas por la alcaldía y la ciudadanía, el proyecto está contemplado para ejecutarse. Para mitigar el conflicto y reducir la resistencia social, las autoridades han previsto implementar una estrategia de comunicación directa con los residentes. Se planean realizar visitas casa por casa con el fin de explicar detalladamente los alcances de la obra, sus beneficios previstos y cómo se gestionarán los impactos mencionados por la población.
En términos financieros y logísticos, la obra representa una inversión considerable. El complejo penitenciario tendrá un costo total de 180 millones de balboas. En cuanto a su ubicación geográfica exacta, se ha confirmado que el centro estará situado en las cercanías de las instalaciones del Instituto Nacional de Administración Pública (INA), consolidando así un nodo de infraestructura estatal en el área de Divisa.
