El presidente Donald Trump ha propuesto en su nuevo presupuesto para 2027 transferir más controles de seguridad en aeropuertos a empresas privadas, una iniciativa que resurge tras las recientes interrupciones causadas por el cierre parcial del gobierno. La propuesta, presentada el viernes por la Oficina de Administración y Presupuesto, busca iniciar un proceso de privatización de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA), argumentando que esto generaría ahorros de 52 millones de dólares y reformaría una agencia federal considerada problemática.
La idea de privatizar la seguridad aeroportuaria no es nueva, y actualmente 20 aeropuertos en Estados Unidos ya utilizan empresas privadas para operar los controles de seguridad bajo la supervisión de la TSA. Entre ellos se encuentran el Aeropuerto Internacional de San Francisco, el Aeropuerto Internacional de Kansas City y el Aeropuerto Internacional de Orlando Sanford, además de 17 terminales más pequeñas. La propuesta de Trump busca expandir este modelo, obligando a los aeropuertos más pequeños a inscribirse en el Programa de Colaboración para el Control de Seguridad de la TSA, donde la agencia federal financia a inspectores privados.
El contexto de esta propuesta se remonta a las largas filas y retrasos experimentados en muchos aeropuertos del país durante el reciente cierre parcial del gobierno, debido a que los empleados de la TSA trabajaron sin sueldo. Mientras que los aeropuertos con personal de seguridad privado pudieron evitar las ausencias masivas, aquellos que dependían exclusivamente de la TSA sufrieron interrupciones significativas. Sheldon Jacobson, profesor fundador de informática en la Universidad de Illinois Urbana-Champaign, señaló que los 20 aeropuertos con seguridad privatizada desconocieron por completo el cierre del Gobierno , manteniendo operaciones normales gracias a que sus empleados continuaron recibiendo su salario. Nat Carmack, de BOS Security, la empresa que opera los controles en el Aeropuerto Regional de Tupelo en Mississippi, confirmó que sus empleados nunca han dejado de cobrar su sueldo durante ninguno de los cierres del Gobierno .
La administración Trump argumenta que la seguridad privada es más eficiente y económica que la gestión federal. El presupuesto propuesto para 2027 afirma que los aeropuertos que ya utilizan el programa de colaboración han demostrado ahorrar dinero en comparación con los controles de seguridad federales. Sin embargo, esta propuesta ha generado fuertes críticas por parte de sindicatos y expertos en seguridad.
La Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales (AFGE), que representa a unos 47.000 agentes de la TSA, ha expresado su preocupación por los intentos de la administración Trump de privatizar la fuerza laboral. El sindicato teme que la Casa Blanca esté utilizando el reciente caos en los aeropuertos para argumentar que la TSA está en fracaso de misión , y advierte que la privatización podría comprometer la seguridad de los pasajeros. Johnny Jones, secretario tesorero del Consejo 100 de la AFGE TSA, enfatizó que la privatización no tiene nada que ver con su seguridad. Tiene todo que ver con que alguien obtenga ganancias .
Los líderes sindicales también señalan que antes de los atentados del 11 de septiembre de 2001, toda la seguridad aeroportuaria en Estados Unidos estaba a cargo de empresas privadas, y que la creación de la TSA fue una respuesta directa a las fallas de seguridad que permitieron los ataques.
Keith Jeffries, exdirector federal de seguridad de la TSA en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles y actual vicepresidente de K2 Security Screening Group, argumenta que, independientemente de quién gestione los controles de seguridad, el proceso y las normas siguen siendo los mismos. Según Jeffries, los agentes de seguridad de las empresas privadas reciben el mismo tipo de formación que la TSA y todas las operaciones privadas permanecen bajo supervisión federal, cumpliendo con las mismas regulaciones. Sin embargo, reconoce que el proceso de transición y solicitud podría ser un obstáculo para los aeropuertos más grandes, que podrían preferir no modificar un sistema que consideran funcional.
La propuesta de Trump se alinea con el Proyecto 2025, un plan conservador de la Fundación Heritage para un segundo mandato de Trump, que también contempla la privatización de los controles de seguridad de la TSA. El Proyecto 2025 estima que el gobierno podría ahorrar entre un 15% y un 20% mediante la privatización, e incluso sugiere que el servicio al cliente podría mejorar.
En años anteriores, Trump también ha propuesto recortes en los fondos para la TSA y una reducción en el número de agentes, argumentando la necesidad de reducir el gasto público innecesario y el abuso de los programas gubernamentales. Estas propuestas han sido criticadas por los sindicatos y expertos en seguridad, quienes argumentan que la reducción de personal y fondos podría comprometer la seguridad de los pasajeros.
La propuesta presupuestaria para 2027 argumenta que la seguridad privada es más barata que la gestión federal, citando ejemplos de aeropuertos que ya utilizan el programa de colaboración y han logrado ahorros significativos. Sin embargo, los críticos advierten que la priorización de las ganancias sobre la seguridad podría tener consecuencias negativas, y que la privatización podría conducir a una escasez de personal y a una disminución en la calidad del servicio.
El futuro de la seguridad aeroportuaria en Estados Unidos sigue siendo incierto, y la propuesta de Trump seguramente generará un intenso debate en el Congreso y entre los diferentes actores involucrados. La decisión final sobre la privatización de la TSA tendrá un impacto significativo en la seguridad de los pasajeros y en el funcionamiento del sistema de aviación del país.
