Pakistán ha incrementado nuevamente los precios de la gasolina y el diésel, marcando el segundo aumento en menos de un mes y profundizando la crisis económica que atraviesa el país. La decisión, anunciada el jueves por el ministro de Petróleo, Ali Pervaiz Malik, eleva el precio de la gasolina en aproximadamente un 43% hasta alcanzar las 458,40 rupias (1,65 dólares) por litro, mientras que el diésel experimenta un aumento de alrededor del 55%, situándose en 520,35 rupias (1,87 dólares) por litro.
El ministro Malik justificó estas difíciles y responsables medidas como resultado de una consulta a nivel nacional que involucró al presidente Asif Zardari, al primer ministro Shehbaz Sharif, a la cúpula militar y a los líderes provinciales. La decisión se produce tras una subida anterior en marzo, que ya representó el mayor incremento en la historia del país, con un aumento del 20% en los precios de la gasolina y el diésel, equivalente a 55 rupias paquistaníes (0,20 dólares) por litro.
El gobierno paquistaní atribuye estos aumentos a la interrupción de los suministros internacionales provocada por el conflicto en Oriente Medio, que ha generado volatilidad en los mercados energéticos mundiales y afectado las rutas de suministro, especialmente a través del Estrecho de Ormuz, una vía crucial para el transporte global de petróleo. Pakistán depende en gran medida de las importaciones de combustible, lo que lo hace particularmente vulnerable a estas fluctuaciones.
Ante el impacto de estas subidas en la población, el ministro de Finanzas, Muhammad Aurangzeb, ha anunciado una serie de ayudas específicas destinadas a mitigar las consecuencias. Los usuarios de motocicletas recibirán un subsidio de 100 rupias (0,36 dólares) por litro, con un límite de 20 litros mensuales durante un período inicial de tres meses. Esta medida busca aliviar la carga financiera de los conductores de motocicletas, un medio de transporte común en Pakistán.
Además, se ha previsto un pago único de 1.500 rupias (5,40 dólares) por acre para los pequeños agricultores, con el objetivo de compensar el encarecimiento del diésel en plena temporada de cosecha. El sector agrícola, que representa aproximadamente la cuarta parte del Producto Interno Bruto (PIB) de Pakistán, es especialmente sensible a los precios del combustible, ya que el diésel es esencial para la maquinaria agrícola y el transporte de productos.
Para contener la inflación y proteger a los sectores más afectados, el gobierno también implementará apoyos directos al sector del transporte. Los camiones de carga recibirán hasta 70.000 rupias (252 dólares) mensuales, los vehículos de transporte de mayor tamaño, 80.000 rupias (288 dólares), y los autobuses de transporte público, 100.000 rupias (360 dólares) al mes. Estas ayudas buscan evitar que el aumento de los precios del combustible se traslade a los consumidores a través de tarifas de transporte más elevadas.
Las autoridades han advertido que estos subsidios serán revisados mensualmente, dada la rápida evolución de la situación en los mercados energéticos mundiales. Esta flexibilidad permitirá al gobierno ajustar las medidas de apoyo en función de las condiciones del mercado y garantizar que los recursos se utilicen de manera eficiente.
La situación económica de Pakistán es particularmente delicada, con una alta inflación, una deuda externa considerable y una balanza de pagos deficitaria. Los aumentos en los precios del combustible exacerban estos problemas, aumentando los costos de producción, el transporte y la energía, lo que a su vez puede alimentar la inflación y afectar el crecimiento económico.
El gobierno paquistaní se enfrenta al desafío de equilibrar la necesidad de estabilizar las finanzas públicas con la necesidad de proteger a la población de los efectos negativos de la crisis económica. Las medidas anunciadas, aunque limitadas, representan un intento de mitigar el impacto de las subidas de los precios del combustible y brindar cierto alivio a los sectores más vulnerables. Sin embargo, la sostenibilidad de estas medidas dependerá de la evolución de los mercados energéticos mundiales y de la capacidad del gobierno para implementar políticas económicas sólidas y a largo plazo. La situación requiere un monitoreo constante y ajustes según sea necesario para evitar una mayor inestabilidad económica y social en el país.
