El Ministerio del Interior de Nicaragua ha notificado a al menos seis ciudadanos nicarag enses, previamente vetados para regresar al país, que su ingreso está ahora autorizado . La decisión, confirmada por CONFIDENCIAL, se produce en un contexto de crecientes tensiones entre la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo y Estados Unidos, y podría indicar un cambio táctico en la política represiva del régimen.
Las notificaciones, recibidas por correo electrónico, son concisas: Amablemente hacemos de su conocimiento: el ingreso a nuestro país está autorizado. Favor acusar recibo , firma el Ministerio del Interior. Algunos ciudadanos también han recibido un formulario estándar utilizado para el registro de extranjeros, solicitando detalles personales, nacionalidad, propósito de la visita y posibles vínculos con el gobierno, empresas o embajadas.
La noticia fue también publicada por el diario La Prensa, que reporta que algunas notificaciones se han realizado a través de llamadas telefónicas o mensajes de WhatsApp. Sin embargo, CONFIDENCIAL ha verificado únicamente las notificaciones por correo electrónico.
Esta medida representa un posible retroceso en la política de prohibiciones selectivas de ingreso a Nicaragua, implementada con mayor frecuencia desde mediados de 2023 y exacerbada en 2025. No obstante, las autoridades nicarag enses no han emitido ningún anuncio público al respecto, lo que genera incertidumbre sobre si el restablecimiento del derecho de ingreso es generalizado o si se aplicará de manera discriminatoria.
Varias personas a las que se les ha prohibido el retorno a Nicaragua han declarado a CONFIDENCIAL que aún no han recibido ninguna notificación sobre un cambio en su situación.
La decisión del Ministerio del Interior contrasta con las declaraciones previas de su titular, María Amelia Coronel, quien en noviembre de 2025 justificó las prohibiciones de ingreso argumentando la necesidad de proteger la soberanía nacional y nuestra seguridad ciudadana .
Según datos revelados por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GRHEN) en febrero de 2025, el régimen ha negado el ingreso a aproximadamente 318 nicarag enses entre junio de 2018 y agosto de 2025. Entre los afectados se encuentran periodistas, defensores de derechos humanos, activistas, familiares de opositores políticos y excarcelados. Diversos youtubers, tanto nacionales como extranjeros, también han denunciado públicamente la imposibilidad de ingresar al país.
El aumento de las prohibiciones de ingreso coincidió con la expulsión masiva de 222 excarcelados políticos a Estados Unidos en febrero de 2023. El GRHEN considera estas acciones como parte de un patrón más amplio de violaciones graves y sistemáticas del derecho a la libertad de circulación y a escoger libremente su residencia .
El mecanismo de destierro, según el GRHEN, se inicia cuando las aerolíneas y empresas de autobuses envían listas de pasajeros a la Dirección General de Migración y Extranjería. Las autoridades de Migración comparan estos nombres con una lista actualizada proporcionada por el Ministerio del Interior, que contiene alertas para prohibir la salida, el ingreso o el reingreso al país.
Además, los funcionarios de Migración realizan búsquedas en Internet y redes sociales para recopilar información sobre las personas señaladas. Cualquier dato, publicación o vínculo considerado sospechoso puede ser suficiente para levantar una ficha y considerar a la persona como una amenaza para la seguridad nacional.
Finalmente, las aerolíneas o empresas de transporte informan a los ciudadanos, generalmente 24 horas antes de su viaje, sobre la negación de entrada. En algunos casos, incluso se les retiran los pasaportes.
El GRHEN ha identificado una cadena de mando responsable de las decisiones sobre las prohibiciones de ingreso, encabezada por la Subdirección General de Investigación e Inteligencia Policial, la Dirección de Información para la Defensa del Ejército y operadores del Frente Sandinista. Estos funcionarios investigan a los ciudadanos y envían la información al Ministerio del Interior para su aprobación o rechazo.
La falta de documentación oficial sobre las prohibiciones de ingreso dificulta los procedimientos de regularización o reubicación en otros países, según denuncia el GRHEN. Muchos ciudadanos optan por no denunciar por temor a represalias.
En los últimos meses, el régimen orteguista ha mostrado una postura ligeramente más flexible tras las acciones del gobierno de Estados Unidos y sus aliados en Venezuela y Cuba. Esta flexibilización se ha manifestado en la excarcelación de algunos presos políticos después de la captura de Nicolás Maduro, así como en la respuesta a las acusaciones de incautaciones de drogas procedentes de Nicaragua. Incluso, los medios de propaganda oficial han comenzado a entrevistar a supuestos narcotraficantes detenidos en territorio nacional.
Asimismo, el régimen ha permitido que algunas iglesias católicas celebren las actividades propias de Semana Santa y ha enviado a sus medios de propaganda a cubrirlas, en un intento de desmentir la persecución religiosa, aunque el espionaje policial persiste en la mayoría de las parroquias.
La Copresidencia ha acusado a los denunciantes de ser voceros del gobierno norteamericano y ha pedido a quienes han vertido falsedades sobre nuestras vivencias religiosas que desmientan lo que considera una campaña política de desinformación .
Desde 2019, después de encarcelar a decenas de sacerdotes, más de 200 religiosos, incluyendo cuatro obispos de la Conferencia Episcopal, han sido desterrados y se encuentran en el exilio. El régimen también ha confiscado ilegalmente 39 propiedades de la Iglesia católica y órdenes religiosas, según detalló CONFIDENCIAL en una investigación reciente.
