Venezuela: Un informe de Transparencia Venezuela revela la consolidación de Cilia Flores como una figura clave del chavismo a lo largo de tres décadas, detallando un entramado familiar extenso y una red de 122 empresas vinculadas a su entorno. El documento expone cómo Flores, desde sus inicios como abogada cercana a Hugo Chávez, ascendió en cargos públicos clave, incluyendo diputada, presidenta de la Asamblea Nacional y procuradora general, facilitando la transición del poder a Nicolás Maduro y manteniendo una influencia constante en la estrategia política del oficialismo.
El informe destaca la presencia de al menos 30 familiares en el círculo cercano de Flores, con cerca de 17 ocupando cargos públicos en diversas instituciones estatales. Estos familiares han ocupado posiciones en organismos tan importantes como Pdvsa, el Cicpc, el Saime, la Procuraduría, la Tesorería Nacional y diversos programas sociales. Se estima que entre 407 y 478 familiares llegaron a formar parte de la nómina de la Asamblea Nacional en diferentes momentos.
Entre los miembros de la familia más destacados se encuentran los hijos de Cilia Flores, Walter, Yosser y Yoswal Gavidia Flores, varios de ellos sancionados por Estados Unidos. También figura su sobrino, Carlos Erik Malpica Flores, quien simultáneamente ocupó cargos estratégicos relacionados con la administración de recursos públicos. La investigación subraya que este entramado familiar se extendió al sistema judicial y a los organismos de control, creando una estructura alineada y complaciente con el régimen.
El informe de Transparencia Venezuela señala que Cilia Flores ejerció influencia en la conformación del sistema judicial venezolano, particularmente en la designación de magistrados y autoridades afines al chavismo. Esta influencia habría permitido que las decisiones judiciales no obstaculizaran los objetivos del gobierno. Se mencionan casos específicos de magistrados vinculados a su entorno que participaron en decisiones controvertidas, como la anulación de competencias del Parlamento opositor y la validación de procesos electorales cuestionados, incluyendo la Asamblea Nacional Constituyente y las elecciones presidenciales de 2024.
Además de la influencia política y el control institucional, el informe detalla la existencia de 122 empresas vinculadas al entorno familiar de Cilia Flores, registradas en Venezuela, Panamá, Estados Unidos, Singapur e Islas Mauricio. Estas compañías operan en diversos sectores, incluyendo servicios inmobiliarios (22), finanzas (19), construcción (10), medios de comunicación (8), importación, farmacéutica, transporte, minería y entretenimiento.
El reporte advierte que varias de estas estructuras empresariales han sido relacionadas con investigaciones por presuntos esquemas de corrupción, sobornos y lavado de dinero, así como con sanciones internacionales. Entre los nombres más destacados se encuentra Mario Bonilla Vallera, presuntamente involucrado en operaciones financieras que habrían generado más de 1.200 millones de dólares a través del sistema cambiario venezolano.
Otro caso mencionado es el del empresario panameño Ramón Carretero Napolitano, quien posee al menos 24 compañías y obtuvo contratos estatales por 769 millones de dólares, parte de los cuales, según las investigaciones, habrían sido destinados a personas cercanas a Cilia Flores.
El informe agrupa casos que involucran a familiares y aliados en diversas tramas de corrupción. Entre ellas, el esquema conocido como "Money Flight", relacionado con el desvío de fondos de Pdvsa a través de operaciones cambiarias y transferencias internacionales. También se mencionan vínculos con la trama de los CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción) e investigaciones sobre la explotación de oro en el Arco Minero del Orinoco. Asimismo, se establecen relaciones con empresarios como Alex Saab y Álvaro Pulido, quienes han sido señalados en expedientes judiciales.
En resumen, el informe de Transparencia Venezuela presenta un panorama detallado de la consolidación del poder de Cilia Flores y su entorno familiar en Venezuela, revelando un entramado complejo de influencia política, control institucional y actividades empresariales vinculadas a presuntos actos de corrupción. El documento subraya la importancia de investigar y transparentar estas prácticas para fortalecer la gobernabilidad y combatir la impunidad en el país. La investigación pone de manifiesto cómo una figura clave del chavismo ha logrado acumular poder e influencia a través de una red familiar extensa y una diversificada cartera de empresas, generando interrogantes sobre la legitimidad de su patrimonio y la transparencia de sus acciones.
