La provincia de Buenos Aires y el gobierno nacional se enfrentan en un conflicto de proporciones millonarias, con una deuda que supera los 15,6 billones de pesos. La disputa, que incluye siete demandas activas por parte de la administración bonaerense, llegó a un punto crucial con una audiencia en la Corte Suprema de Justicia, marcando el primer encuentro cara a cara entre representantes de ambas partes tras meses de tensiones y acusaciones cruzadas. El eje central de la controversia radica en los aportes que la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) debe girar a la caja bonaerense de jubilaciones, una de las trece que aún no fueron transferidas al sistema nacional.
La audiencia, celebrada el martes a las 11, tuvo lugar poco después de la declaración de la expresidenta Cristina Kirchner en el juicio por los Cuadernos de las Coimas. Por la provincia de Buenos Aires, estuvieron presentes el fiscal de Estado provincial, Hernán Gómez; el ministro de Economía, Pablo López; el asesor general, Santiago Pérez Teruel, y la presidenta del Instituto de Previsión Social (IPS), Marina Moretti. Del lado nacional, asistieron el secretario legal y técnico de la Anses, Andrés Gutiérrez; la directora general administrativa y técnica de esa dependencia, María Agustina Terribile Riva, y los letrados apoderados Gerardo Martín Corti y José Luis Álvarez.
El encuentro, calificado como “enfático” por fuentes cercanas al caso, finalizó con la fijación de una nueva audiencia para el 21 de abril, en la que ambas partes deberán informar sobre el estado de las negociaciones para alcanzar un acuerdo. La Corte Suprema instó a las partes a avanzar en la búsqueda de una solución, dejando claro que no se aceptarán excusas sobre la falta de comunicación. “La Corte fue muy enfática en que el 21 no podemos discutir si se recibió un mail o no”, advirtió una fuente informada a LA NACION.
El conflicto se centra en la transferencia de fondos correspondientes a la diferencia entre lo que un jubilado de las cajas provinciales recibiría bajo el régimen nacional y lo que efectivamente percibe. Según la provincia, se calcula esta diferencia y se transfiere como un adelanto a cuenta de una auditoría. La administración de Axel Kicillof alega que la deuda asciende a más de 2,2 billones de pesos, y que desde 2020 no se han realizado pagos de adelanto. La respuesta del gobierno nacional, según fuentes consultadas, se basa en la falta de las auditorías correspondientes. La provincia, por su parte, asegura haber ofrecido toda la información necesaria para llevarlas a cabo.
El ministro de Economía bonaerense, Pablo López, destacó en un comunicado posterior a la audiencia que el gobierno nacional se comprometió a trabajar en la resolución del reclamo. Sin embargo, las consultas realizadas a fuentes de la Anses y del Ministerio de Economía no obtuvieron respuesta. López enfatizó que, gracias al espacio de diálogo institucional proporcionado por la Corte, pudieron plantear el reclamo por la deuda que el gobierno nacional mantiene con la provincia por el sistema jubilatorio provincial.
El decreto 280/2024, emitido por el gobierno de Javier Milei en marzo, suspendió la vigencia de los artículos 92 y 93 del Presupuesto 2023, que habían prorrogado la liquidación mensual de los fondos a las provincias que no transfirieron sus cajas jubilatorias. Esta medida agudizó la tensión y llevó a la provincia de Buenos Aires a intensificar sus reclamos.
A pesar de la suspensión, el presupuesto 2026 destina 122.762.664.874 pesos “para financiar gastos corrientes dentro del Programa Transferencias y Contribuciones a la Seguridad Social y Organismos Descentralizados, Transferencias a Cajas Previsionales Provinciales”. El texto del presupuesto establece que la Anses transferirá mensualmente a las provincias que no transfirieron sus regímenes previsionales al Estado nacional, en concepto de anticipo a cuenta del resultado definitivo del sistema previsional provincial, el equivalente a una doceava parte del último monto total del déficit determinado.
Sin embargo, se subraya que solo podrán requerir el pago de los anticipos a cuenta aquellas provincias que tuvieran un déficit reconocido, ya sea provisorio o definitivo, que surja de un acuerdo suscripto con la Anses, y que corresponda al menos al Ejercicio 2021 o posterior. Esta condición impuesta por el gobierno nacional complica aún más la situación, ya que la provincia de Buenos Aires argumenta que ya ha cumplido con los requisitos para acceder a los fondos.
El conflicto entre la provincia de Buenos Aires y el gobierno nacional no se limita a la cuestión jubilatoria. La administración de Kicillof ha reclamado también fondos y obras a la administración de Milei, generando momentos de alta tensión y cruces de declaraciones públicas. El ministro de Gobierno provincial, Carlos Bianco, ha exigido en repetidas ocasiones una reunión con el ministro del Interior, Diego Santilli, e incluso publicó un mensaje en la red social X solicitando formalmente el encuentro, al que Santilli respondió con ironía.
La audiencia en la Corte Suprema representa un intento de canalizar el conflicto a través del diálogo y la negociación. Sin embargo, las posiciones de ambas partes parecen estar muy distanciadas, y el camino hacia un acuerdo se presenta complejo. La provincia de Buenos Aires insiste en que el gobierno nacional debe cumplir con sus obligaciones y transferir los fondos adeudados, mientras que el gobierno nacional exige la realización de las auditorías correspondientes y la existencia de un déficit reconocido.
El resultado de la próxima audiencia, programada para el 21 de abril, será crucial para determinar el futuro de esta disputa millonaria. La Corte Suprema tendrá un papel fundamental en la mediación entre las partes y en la búsqueda de una solución que garantice la sostenibilidad del sistema jubilatorio provincial y el cumplimiento de las obligaciones del Estado nacional. La resolución de este conflicto no solo afectará a la provincia de Buenos Aires, sino que también sentará un precedente para otras provincias que se encuentran en una situación similar.
