El retiro de decretos destinados a corregir distorsiones en el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) y, crucialmente, en el sistema de Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD), ha abierto la puerta a un alza estructural en las cuentas de la luz que impactará directamente a los hogares chilenos a partir de 2027. La decisión, tomada por el Ministerio de Energía liderado por Ximena Rincón, revierte años de negociaciones y pone en riesgo la estabilidad del mercado eléctrico, beneficiando a fondos de inversión extranjeros en detrimento de la industria nacional y los consumidores.
La atención se centra ahora en el Presidente José Antonio Kast y su ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quienes deberán explicar el impacto de estas modificaciones en el bolsillo de los ciudadanos, en un contexto internacional ya de por sí tensionado por la inestabilidad geopolítica, especialmente la guerra en Irán. La preocupación es generalizada, abarcando desde la clase media hasta el mundo político y las actividades productivas que dependen del transporte y, por ende, del precio de los combustibles y la energía.
Los cinco decretos retirados de la Contraloría, dos de ellos fruto de intensas negociaciones de casi tres años, buscaban corregir una anomalía estructural que transformó una política pública bien intencionada –fomentar la participación de pequeños actores nacionales en la generación de energía limpia a través de un subsidio al precio de esa energía– en un lucrativo negocio para fondos de inversión internacionales. Originalmente, el precio estabilizado buscaba reducir el riesgo para los nuevos generadores, permitiendo el desarrollo de proyectos en un mercado históricamente dominado por grandes empresas. Sin embargo, la eliminación del riesgo convirtió la política pública en una oportunidad de negocio, atrayendo a actores con mayor capacidad financiera.
Hoy, detrás de muchas centrales PMGD ya no operan pequeñas empresas nacionales, sino fondos de inversión con sede en Nueva York, Londres o Toronto, que capturan recursos del sistema eléctrico a través de un mecanismo regulatorio diseñado para apoyar a las pymes. El costo de este subsidio, que termina en manos de gigantes financieros internacionales, es asumido por la minería chilena, la industria nacional y, a partir de 2027, por los clientes residenciales, directamente en sus cuentas de la luz. Se estima que el costo total de este precio estabilizado supera los US$ 4.600 millones.
El sistema PMGD nació con la promesa de democratizar el mercado eléctrico, permitiendo que centrales pequeñas, de hasta 9 MW, se conectaran a las redes de distribución y abrieran espacio a actores locales, descentralizando la generación y acelerando la transición energética. Durante años, este diseño funcionó como un incentivo efectivo. Pero la lógica del mercado, al eliminar el riesgo, transformó el incentivo en un negocio. Y en un negocio con retornos asegurados, los primeros en capitalizarlo no fueron los actores que se buscaba fomentar, sino aquellos con mayor capacidad financiera.
El crecimiento de los PMGD fue exponencial. En poco más de una década, el sistema pasó de cerca de 200 MW a más de 3.000 MW instalados, con un predominio solar cercano al 82%. En horas de alta radiación, los PMGD pueden llegar a generar más del 20% de la energía del sistema. Sin embargo, el dato clave no es la expansión, sino quién la capitalizó.
A través de una sofisticada ingeniería financiera, el actor local ha desaparecido. En su lugar, han aparecido actores globales con gran capacidad de apalancamiento, como BlackRock, Brookfield, JP Morgan, Macquarie, Antin y TPG, entre otros. Fuentes del mercado eléctrico explican que un desarrollador levanta el proyecto, lo encapsula en una sociedad por acciones y lo vende a un fondo de inversión. El fondo no compra un solo proyecto, sino varios, los agrupa, los financia y los convierte en un portafolio. Las centrales están en Chile, inscritas en SpA locales, pero el control financiero y estratégico está fuera del país.
El negocio PMGD en Chile está dominado por fondos globales, plataformas internacionales y vehículos societarios locales que empaquetan activos bajo estructuras de inversión sofisticadas. La clave para que este mecanismo funcione es el precio estabilizado, que funciona como un subsidio implícito. A los PMGD se les paga, a todo evento, 80 USD/MWh por su producción, un precio preferencial muy superior al precio de mercado, originalmente diseñado para una pyme de energía solar.
En situaciones de congestión en la red de transmisión en hora solar, a los generadores renovables se les paga cero dólares, mientras que a los PMGD se les sigue pagando los mismos 80 dólares. Los decretos retirados, aunque no eliminaban esta anomalía, al menos buscaban corregir su ganancia recortando su producción en hora solar, igual que a las otras generadoras renovables, una excepción de la que los PMGD gozaban hasta ahora.
Fuentes cercanas a la institucionalidad eléctrica revelan que la elaboración del reglamento se vio obstaculizada por presiones de influyentes estudios de abogados, agencias de lobby y autores de estudios económicos –algunos de ellos ahora en puestos clave del Gobierno– que defendieron este segmento en debates regulatorios, legislativos y de política pública. En esencia, los decretos retirados buscaban que los PMGD internalizaran las condiciones reales del sistema, incluyendo escenarios de sobreoferta y precios bajos o nulos.
El Coordinador Eléctrico Nacional advirtió, durante las discusiones técnicas, que en un sistema con sobreoferta solar –donde los precios marginales pueden ser cero– los PMGD siguen recibiendo ingresos estables y compensaciones. Entre 2022 y 2024, esas compensaciones se dispararon.
El problema más polémico es quién paga el costo. Según el DS 125 que se buscaba corregir, de los 80 dólares que se les paga a los PMGD, 70 son pagados por los clientes libres, principalmente las mineras e industrias. El resto es pagado por las renovables, que, aun recibiendo cero dólares, deben subvencionar a los PMGD, que, en realidad, son controlados por fondos de inversión millonarios.
La Asociación de Clientes Eléctricos No Regulados (Acenor) y el Consejo Minero encargaron un estudio a Philippi, Prietocarrizosa, Ferrero DU & Uría para calcular el perjuicio para el país que significan las compensaciones vía subsidio a los PMGD. El cálculo se estimó en US$ 500 millones de dólares anuales, acumulando US$ 4.650 millones al 2034, cuando terminan los contratos.
Javier Bustos, director ejecutivo de Acenor, espera que el proceso no se detenga y que las autoridades retomen el trabajo técnico ya avanzado. Advierte que el impacto de esta distorsión está a punto de cambiar de escala. “Hoy en día este costo que se genera por las compensaciones a las centrales PMGD […] a partir del próximo año también lo van a empezar a pagar los clientes regulados”, explica. Y recalca que ya no se trata solo de clientes libres, pues los contratos adjudicados en las últimas licitaciones incorporan el traspaso de estos sobrecostos, lo que terminará reflejándose en las cuentas de la luz de los hogares.
“Entonces también es algo que ya empieza a ser urgente no solamente para los industriales, el transporte, el gran consumidor de energía, sino también para el cliente residencial de sus hogares”, advierte.
A partir de 2027, cuando entren en operación los nuevos contratos de suministro adjudicados en las últimas licitaciones, estos costos comenzarán a incorporarse en las tarifas reguladas. No aparecerán como una línea separada, sino dentro del precio de la energía. Las nuevas licitaciones incorporaron los llamados “costos sistémicos” dentro de la indexación del precio, incluyendo las compensaciones a los PMGD. Lo que antes pagaban principalmente los clientes libres, ahora se distribuirá también entre los clientes residenciales.
Hernán Calderón, presidente de Conadecus, advierte que los consumidores no tienen ninguna posibilidad de rebajar este costo sistémico. “La generadora no lo va a asumir (…), lo traslada a costo sistémico”.
En resumen: un mecanismo diseñado para democratizar el sistema terminó concentrándolo. Un subsidio pensado para pequeños actores terminó siendo capturado por grandes fondos extranjeros. Y un costo que hasta ahora estaba contenido dentro del sistema eléctrico comenzará, el próximo año, a trasladarse directamente a las cuentas de luz de millones de chilenos.
