El Congreso de la República se encuentra en una fase crítica de deliberación respecto a la aprobación de un nuevo subsidio a los combustibles, cuyo monto asciende a Q3,480 millones. De acuerdo con la información disponible, existe la posibilidad de que el Legislativo apruebe dicha medida el día de mañana, siempre y cuando se logre alcanzar un consenso amplio entre las diferentes bancadas. No obstante, la votación no está asegurada, ya que diversos legisladores han manifestado la necesidad imperativa de revisar exhaustivamente las fuentes de financiamiento antes de proceder con el respaldo oficial.
Se ha indicado, a través de declaraciones de un diputado en entrevista, que el Organismo Ejecutivo enviaría la propuesta formal al Legislativo el mismo día de la posible votación. Hasta el momento, los detalles técnicos conocidos se centran principalmente en el monto global solicitado y el desglose del subsidio por galón. La propuesta contempla un apoyo de Q12 por galón para el diésel y de Q3 para la gasolina regular. Un punto relevante de esta medida es la exclusión de los usuarios de gasolina súper, quienes quedarían sin cobertura bajo este esquema de subsidio.
Uno de los focos de mayor tensión en las negociaciones legislativas es el origen de los fondos para cubrir este gasto. El Ministerio de Finanzas Públicas ha planteado realizar readecuaciones presupuestarias para obtener el dinero, lo cual implicaría aplicar recortes financieros al Ministerio de Gobernación. Esta propuesta ha generado un rechazo considerable entre los legisladores, quienes argumentan que el Ministerio de Gobernación enfrenta necesidades urgentes que no pueden ser comprometidas, destacando específicamente la instalación de bloqueadores de señal en los centros carcelarios como una prioridad de seguridad nacional.
El debate sobre la gestión de los combustibles ha estado marcado por contradicciones institucionales. Un legislador confirmó haber visitado personalmente el Ministerio de Energía y Minas antes del vencimiento del subsidio anterior, ocurrido el pasado 28 de junio. Durante esa visita, los funcionarios del ministerio le aseguraron que no sería necesario implementar nuevas medidas económicas. Esta misma postura fue reiterada a inicios de julio, cuando el Congreso volvió a convocar a los representantes del ministerio para obtener claridad sobre la situación de los precios.
A pesar de estas aseguraciones, la realidad del mercado mostró un comportamiento opuesto. Tras el anuncio del nuevo subsidio, se registró un incremento en el precio del galón de entre Q1 y Q1.50 en un lapso inferior a las 24 horas. Ante este escenario, el diputado señaló que tanto el exministro Ventura como el actual titular de la cartera de Energía y Minas habían indicado previamente que los precios se estabilizarían. El legislador fue enfático al afirmar que estas declaraciones representaron una mentira hacia el pueblo de Guatemala.
Paralelamente, se ha puesto en evidencia una crisis de fiscalización en el sector. Según el diputado, tanto la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (DIACO) como el Ministerio de Energía y Minas carecen de las herramientas necesarias para supervisar y fiscalizar el mercado de combustibles de manera efectiva. Como prueba de ello, se detalló que la exdirectora de la DIACO presentó su renuncia debido a que no se le permitía fiscalizar ni presentar denuncias formales contra las gasolineras por presuntos abusos en la fijación de precios.
En cuanto al marco legal, el legislador subrayó que la Ley de Hidrocarburos otorga facultades claras al Ministerio de Energía y Minas para actuar frente a las empresas importadoras. Sin embargo, denunció que el ministerio no ha ejercido dichas facultades legales. Por esta razón, se ha planteado que cualquier reforma a la Ley de Hidrocarburos debe ser incluida prioritariamente en las discusiones del Congreso para evitar que se repitan estas situaciones de desprotección al consumidor.
Finalmente, el panorama legislativo para el segundo período ordinario no se limita únicamente al subsidio de combustibles. El diputado identificó otros cuatro temas que son considerados prioritarios para la agenda nacional: la Ley de Puertos, la gestión del IUSI, la aprobación del presupuesto 2023 y la elección de la junta directiva del Congreso. Esta última elección es vista con especial atención, ya que tendrá una incidencia directa en el rumbo del próximo año legislativo.
