La directora del Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota, Andrea Quiero Gelmi, se encuentra en el centro de una investigación de la Contraloría General de la República tras acceder a una endoscopía en el Hospital de Quilpué fuera del protocolo establecido, saltándose una lista de espera que superaba los 900 pacientes. El caso, que ha generado indignación y cuestionamientos sobre la ética y la transparencia en el sistema de salud, recuerda a un incidente similar ocurrido con la madre de la exministra de Salud, Ximena Aguilera, en el Hospital del Salvador.
La investigación, iniciada a raíz de una denuncia anónima, revela que la endoscopía a la directora Gelmi se realizó el 23 de octubre de 2025 en el Consultorio Adosado de Especializadas (CAE) del Hospital de Quilpué, durante horario laboral y sin registro formal en los sistemas del establecimiento. La denuncia original acusaba que la directora, con un sueldo que supera los $7 millones mensuales, habría utilizado su influencia para obtener una atención preferencial, ocupando el lugar de pacientes que carecen de recursos y que se encuentran esperando por el mismo procedimiento desde hace meses, incluso años.
La Contraloría ha iniciado sumarios administrativos para determinar las responsabilidades de los funcionarios involucrados y verificar si se contravino el principio de probidad administrativa. La indagatoria se centra en cómo se gestionó la atención médica de la directora, quiénes fueron los responsables de coordinar el procedimiento y si se siguieron los protocolos establecidos para la asignación de horas médicas.
La subdirectora de Gestión Asistencial del Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota, Denise Cataldo Urbina, figura como una de las personas clave en la gestión de la endoscopía. La coincidencia de que Cataldo Urbina sea media hermana del exministro de Educación, Nicolás Cataldo Astorga, ha añadido un elemento adicional de controversia al caso.
Según los antecedentes recopilados por la Contraloría, la coordinación de la atención se realizó a través de una llamada telefónica el 21 de octubre de 2025, dos días antes de la endoscopía. La subdirectora Cataldo Urbina se comunicó con el subdirector médico (s) del Hospital de Quilpué, Víctor Arancibia Cofré, quien a su vez solicitó a la subdirectora de Gestión del Cuidado del hospital que programara la atención.
El director del Hospital de Quilpué, Jimmy Walker Vergara, ha reconocido que no existe registro formal de la atención en los sistemas del CAE, ni en los registros de ingreso a urgencias del centro hospitalario. Sin embargo, funcionarios del hospital han intentado justificar la atención argumentando que se trató de una urgencia diferida que requería una atención inmediata, por lo que no estaba sujeta a la lista de espera.
La Contraloría ha verificado que la directora Quiero Gelmi no figuraba en la lista de espera para la endoscopía, ni tampoco en las atenciones de urgencia informadas por los directivos del hospital. Esta discrepancia ha puesto en duda la veracidad de las explicaciones ofrecidas por los funcionarios y ha reforzado las sospechas de que se trató de una gestión irregular para saltarse la lista de espera.
Al momento de la endoscopía, el 23 de octubre de 2025, un total de 914 personas esperaban por el mismo procedimiento en los recintos pertenecientes al Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota. Algunos de estos pacientes llevaban esperando desde 2018, 2019, 2020 y 2021, lo que evidencia la alta demanda y la larga espera para acceder a este tipo de exámenes.
La Contraloría ha instruido un procedimiento disciplinario en el Hospital de Quilpué y en el Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota, en consideración a los hechos verificados y a las jefaturas involucradas. El sumario se encuentra en plena ejecución y, una vez concluida la etapa indagatoria, se podrían formular cargos y aplicar sanciones a los funcionarios responsables.
Desde el Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota han declarado que están colaborando plenamente con la investigación de la Contraloría y que se abstendrán de emitir mayores declaraciones para no interferir con el proceso.
Este caso ha reabierto el debate sobre los privilegios en el sistema de salud y la necesidad de garantizar la igualdad de acceso a la atención médica para todos los ciudadanos. La transparencia y la ética en la gestión de los recursos públicos son fundamentales para mantener la confianza de la población en las instituciones y asegurar que los servicios de salud se presten de manera justa y equitativa. La resolución de este caso por parte de la Contraloría sentará un precedente importante para el futuro y podría conducir a cambios en los protocolos y procedimientos de atención médica en la región. La comunidad espera que se apliquen las sanciones correspondientes a los responsables y que se tomen medidas para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro. La investigación continúa en curso y se esperan nuevos antecedentes en las próximas semanas.
