En la ciudad de Guayaquil, se ha reportado un lamentable caso de abandono infantil que ha generado una profunda conmoción en la ciudadanía. Una menor de apenas cuatro meses de edad fue abandonada en las instalaciones del Hospital del Niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante, donde actualmente se encuentra internada y bajo el cuidado especializado del personal sanitario. La paciente permanece ubicada en el área de Medicina 2, recibiendo la atención médica necesaria para garantizar su bienestar.
El caso tomó relevancia pública luego de que la noticia fuera difundida a través de diversas redes sociales. La viralización de la información provocó una respuesta inmediata por parte de la comunidad, cuyos usuarios exigieron la activación urgente de los protocolos de protección a la infancia. Los ciudadanos hicieron un llamado a las autoridades correspondientes para que se inicien las gestiones legales pertinentes, con el objetivo primordial de salvaguardar la integridad física y emocional de la pequeña paciente.
Ante la situación, las autoridades competentes han puesto en marcha los procedimientos normativos establecidos para determinar la situación legal de la menor y definir el mecanismo de acogimiento más adecuado. Paralelamente al proceso judicial, se registró una movilización de voluntarios locales quienes, motivados por la solidaridad, emprendieron una campaña de donaciones. El objetivo de esta iniciativa ciudadana era recolectar insumos básicos de primera necesidad, tales como pañales, fórmula láctea, biberones y prendas de vestir, para asistir en el cuidado de la bebé.
En respuesta a la movilización social y a la información que circulaba en las plataformas digitales, el Hospital del Niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante emitió un comunicado oficial para esclarecer los hechos. En dicho documento, la institución confirmó que la menor ingresó al centro hospitalario en el mes de marzo y aseguró que, a la fecha, su estado de salud es estable.
Asimismo, la casa de salud precisó que la Fiscalía General del Estado ya se encuentra realizando las investigaciones pertinentes para esclarecer las circunstancias del presunto abandono. Un punto crítico del comunicado fue la aclaración de que el hospital no gestiona procesos de adopción, deslindándose de cualquier trámite de esa naturaleza.
De manera enfática, la administración del hospital desmintió haber autorizado el uso de números telefónicos o la apertura de cuentas bancarias para la recolección de dinero o insumos. La institución advirtió que no se responsabiliza por campañas organizadas por terceros y subrayó que cualquier ayuda material o económica debe ser canalizada exclusivamente a través de la Coordinación de Comunicación de la casa de salud. Esta medida tiene como propósito evitar que la ciudadanía sea víctima de posibles estafas aprovechando la sensibilidad del caso.
Desde el punto de vista legal, el marco jurídico ecuatoriano es severo respecto a estas conductas. El abandono infantil está tipificado como un delito dentro del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Específicamente, el Artículo 153 de dicho cuerpo legal establece que cualquier persona que abandone a niñas, niños o adolescentes, dejándolos en situación de desamparo o riesgo, será sancionada con una pena privativa de libertad que oscila entre uno y tres años.
No obstante, la ley prevé agravantes significativos. En los casos donde la omisión de cuidado resulte en lesiones graves o provoque el fallecimiento de la víctima, las penalizaciones penales aumentan considerablemente, alcanzando un rango de entre 16 y 19 años de prisión.
En cuanto a la ruta de atención institucional, el protocolo dicta la intervención inmediata de la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (DINAPEN) y del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). Una vez que la menor concluya su valoración médica y reciba el alta hospitalaria, estas entidades estatales asumirán la custodia temporal de la paciente para iniciar una medida de protección de acogimiento institucional.
Finalmente, el proceso legal continuará con la búsqueda de un recurso familiar ampliado que sea idóneo para el cuidado de la niña. En caso de que no se identifique a ningún familiar apto, un juez de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia deberá dictaminar la declaratoria de adoptabilidad de la menor, permitiendo así su ingreso formal al sistema nacional de adopciones para asegurar que crezca en un entorno familiar seguro y estable.
