Ecuador enfrenta una realidad ineludible: la gestión de riesgos es una deuda pendiente que amenaza su estabilidad económica. A pesar de ser un país históricamente vulnerable a desastres naturales como terremotos, inundaciones y fenómenos climáticos extremos, la sociedad ecuatoriana aún opera en un modo reactivo, en lugar de proactivo, ante estas eventualidades. Esta falta de una cultura de prevención robusta no solo incrementa el impacto de las crisis, sino que también traslada sus costos a los ciudadanos, las empresas y el Estado.
La problemática central radica en la distribución de las consecuencias económicas de los desastres. Cuando las familias carecen de seguros de vivienda o de vida, la carga recae directamente sobre sus miembros, especialmente aquellos dependientes económicamente. De igual manera, las empresas sin una cobertura adecuada se enfrentan al riesgo de cierre y pérdida de empleos, generando un efecto dominó en la economía local. En casos de desastres de gran magnitud, el Estado se ve obligado a asumir una parte significativa de los costos, ya sea a través de impuestos, endeudamiento o la reducción de la inversión pública en áreas esenciales como salud y educación.
Ignorar el riesgo no lo hace desaparecer; simplemente lo encarece. Esta es una verdad fundamental que Ecuador debe internalizar. Mientras que en economías más desarrolladas los seguros desempeñan un papel crucial en la mitigación de los efectos económicos de los desastres, permitiendo una recuperación más rápida, protegiendo la continuidad de los negocios y reduciendo la presión fiscal, en Ecuador este mecanismo aún no está plenamente desarrollado ni aprovechado.
Los seguros, en esencia, representan una forma inteligente de distribuir el riesgo antes de que ocurra la crisis. Sin embargo, para que este sistema funcione de manera efectiva, es indispensable contar con un entorno de confianza que se base en reglas claras, seguridad jurídica y mecanismos eficientes para la resolución de controversias. Además, se requiere una mayor coordinación entre el sector público, incluyendo los gobiernos autónomos descentralizados, y el sector privado, así como la incorporación de tecnologías avanzadas para la anticipación y el monitoreo de riesgos.
La resiliencia de un país no se mide por la ausencia de riesgos, sino por su capacidad para prepararse y responder ante ellos. Ecuador necesita urgentemente avanzar hacia una cultura donde la gestión de riesgos sea una parte integral de su estrategia de desarrollo económico. Esto implica no solo la inversión en infraestructura y sistemas de alerta temprana, sino también la promoción de la educación y la sensibilización ciudadana sobre la importancia de la prevención.
El análisis de la situación actual revela que la falta de inversión en prevención y la escasa penetración de los seguros en la población y las empresas son factores clave que contribuyen a la vulnerabilidad del país. La dependencia de las hidroeléctricas para la generación de energía, como se evidenció recientemente con la suspensión de la venta de electricidad por parte de Colombia, es otro ejemplo de la necesidad de diversificar las fuentes de energía y fortalecer la infraestructura eléctrica para reducir el riesgo de apagones y garantizar el suministro continuo.
La reciente intervención de 36 establecimientos en el sur y valles de Quito, así como los problemas de acumulación de basura en Guayaquil debido a cambios en el horario de recolección, son ejemplos de cómo la falta de planificación y coordinación pueden generar crisis locales que afectan la calidad de vida de los ciudadanos y la imagen del país.
En el ámbito judicial, la disposición del Tribunal de que Álvarez deje temporalmente la cárcel del Encuentro por problemas de conexión para reanudar la audiencia, pone de manifiesto las deficiencias en la infraestructura y los sistemas de comunicación del país, lo que puede obstaculizar la administración de justicia y generar incertidumbre jurídica.
La situación económica de Ecuador se ve agravada por la volatilidad de los precios del petróleo, su principal producto de exportación, y por la creciente deuda pública. En este contexto, la gestión de riesgos se convierte en una herramienta fundamental para proteger la economía de los shocks externos y garantizar la sostenibilidad fiscal a largo plazo.
La LigaPro, con el liderazgo de los Rayados del Valle, y los rituales de prosperidad asociados al Equinoccio 2026, son ejemplos de cómo la sociedad ecuatoriana busca alternativas para mejorar su calidad de vida y enfrentar los desafíos del futuro. Sin embargo, estas iniciativas individuales no son suficientes para abordar los problemas estructurales que enfrenta el país.
En conclusión, Ecuador se encuentra en una encrucijada. Debe elegir entre seguir reaccionando ante las crisis o asumir la responsabilidad de prepararse para ellas. La respuesta a esta pregunta determinará el futuro económico y social del país. La prevención no es un gasto, sino una inversión en la estabilidad y el bienestar de todos los ecuatorianos. El verdadero precio de ignorar el riesgo es demasiado alto para seguir pagándolo.
