El Bloque Constitucional de Venezuela ha emitido un pronunciamiento contundente este viernes, instando al gobierno interino liderado por Delcy Rodríguez a un respeto absoluto de la Constitución de 1999 en el marco del proceso de transformación constitucional, política e institucional que se está desarrollando en el país. La declaración, firmada por una amplia gama de figuras prominentes –académicos, magistrados y presidentes de colegios de abogados–, advierte sobre posibles desviaciones y plantea recomendaciones clave para garantizar una transición democrática y efectiva.
El Bloque Constitucional recuerda que la transición, tal como se ha planteado, se articula en tres etapas fundamentales: estabilización, recuperación económica y transición. En este contexto, enfatizan la necesidad de que la Constitución de 1999 sea aplicada de manera irrestricta, directa e inmediata, convirtiéndose en la norma fundamental que rige todas las acciones y decisiones del gobierno interino.
“Una constitución normativa exige que todos los actos y decisiones políticas y jurídicas que se produzcan, estén sujetos al principio de supremacía constitucional (art. 7 constitucional), especialmente, los asociados a la naturaleza, duración, poderes y límites del interinato, de conformidad con lo previsto en el artículo 234 de la Constitución”, señala el comunicado. Esta insistencia en la supremacía constitucional busca evitar que el gobierno interino, a pesar de su naturaleza transitoria, se aparte de los principios y garantías establecidos en la Carta Magna.
Uno de los pilares centrales de la declaración es el llamado a respetar la pluralidad política, ideológica, social y cultural del país. El Bloque Constitucional subraya la importancia de promover un proceso de reconciliación nacional genuino, que vaya más allá de las declaraciones de intenciones y se traduzca en acciones concretas. Entre estas acciones, destacan la liberación plena e incondicional de todos los presos políticos, la interpretación favorable de la ley de amnistía bajo los principios *pro homine* y *favor libertatis*, y el retorno libre e incondicional de todos los exiliados venezolanos. Estas medidas se consideran esenciales para sanar las heridas del pasado y construir un futuro de convivencia pacífica y democrática.
La organización también se pronuncia sobre la necesidad de criterios estrictos de idoneidad para los cargos de Fiscal General y Defensor del Pueblo. En este sentido, advierten que las designaciones deben garantizar la independencia, neutralidad e imparcialidad de estos funcionarios, quienes son cruciales para la defensa del Estado de Derecho y la protección de los derechos humanos. El Bloque Constitucional enfatiza que se debe evitar a toda costa la sujeción de estos cargos a ataduras o influencias derivadas de un pasado político partidista o de la prestación de servicios subordinados a factores de poder. La integridad y la autonomía de estos funcionarios son vistas como garantías fundamentales para la transparencia y la justicia.
Sin embargo, la declaración no se limita a recomendaciones generales. El Bloque Constitucional expresa una preocupación específica por ciertas designaciones realizadas por el gobierno interino. En particular, señalan con alarma la designación de funcionarios militares sancionados y señalados por violaciones de los derechos humanos para liderar procesos de transformación institucional en la Fuerza Armada Nacional. Esta situación, según el comunicado, podría comprometer la profesionalización y la depuración de las fuerzas armadas, perpetuando una cultura de impunidad y violaciones de los derechos humanos.
Otro punto de controversia señalado por el Bloque Constitucional es la asignación de un magistrado del Tribunal Supremo de Justicia como ministro del Trabajo sin renunciar a su investidura judicial. Esta práctica, según la organización, viola lo dispuesto en el artículo 148 de la Constitución y el principio fundamental de separación de poderes. La acumulación de cargos por parte de un mismo individuo, especialmente cuando se trata de un magistrado del TSJ, podría generar conflictos de interés y socavar la independencia del poder judicial.
La declaración del Bloque Constitucional representa un llamado de atención al gobierno interino de Delcy Rodríguez, instándolo a cumplir con los principios constitucionales y a evitar prácticas que puedan comprometer la legitimidad y la efectividad de la transición. La organización subraya que el respeto a la Constitución no es solo una cuestión legal, sino también una cuestión ética y política, fundamental para la reconstrucción de la democracia venezolana.
La respuesta del gobierno interino a estas preocupaciones aún no se ha hecho pública. Sin embargo, la contundencia del comunicado y el respaldo de figuras prominentes del ámbito académico y jurídico sugieren que el Bloque Constitucional está dispuesto a jugar un papel activo en el seguimiento y la evaluación del proceso de transformación que se está llevando a cabo en Venezuela. El futuro del país, según esta organización, depende en gran medida del respeto irrestricto a la Constitución y del compromiso con los principios democráticos. La comunidad internacional observa atentamente el desarrollo de estos acontecimientos, esperando que la transición en Venezuela se lleve a cabo de manera pacífica, transparente y respetuosa de los derechos humanos. La presión interna y externa, combinada con la vigilancia de organizaciones como el Bloque Constitucional, podría ser clave para evitar que el proceso de cambio se desvíe de sus objetivos originales y se convierta en una mera continuación del régimen autoritario que ha gobernado Venezuela durante los últimos años.
