El Gobierno de Pedro Sánchez se encuentra al borde del colapso interno, evidenciando profundas divisiones entre el PSOE y Sumar, lo que ha obligado a la aprobación de dos decretos separados para abordar las consecuencias económicas de la escalada de tensiones en Irán. La fractura, que se hizo patente con un retraso de más de dos horas en el inicio del Consejo de Ministros, ha culminado en una estrategia de "troceamiento" legislativo, buscando evitar un enfrentamiento directo que podría desestabilizar la coalición.
El primer decreto, que cuenta con mayor consenso y será sometido a votación en el Congreso la próxima semana, contempla la rebaja del IVA al 10% en la electricidad, el gas y los carburantes, así como la prohibición de despidos y el establecimiento de un control sobre los márgenes empresariales. Estas medidas, impulsadas por el ala socialista del Gobierno, buscan aliviar la carga económica sobre los ciudadanos y las empresas frente al aumento de los precios de la energía, derivado de la inestabilidad geopolítica en Oriente Medio.
Sin embargo, la verdadera batalla se ha librado en torno al segundo decreto, una exigencia clave de Sumar que incluye la congelación temporal de los alquileres y la prórroga de los contratos de arrendamiento que expiren este año. Esta propuesta, defendida con vehemencia por la vicepresidenta primera y líder de Sumar, Yolanda Díaz, se enfrenta a una fuerte oposición interna y a una escasa probabilidad de aprobación en el Congreso, donde partidos como Junts y PNV ya han manifestado su rechazo.
La crisis se desencadenó por la negativa inicial de Pedro Sánchez a incluir medidas de vivienda en el decreto original, lo que provocó la protesta de los cinco ministros de Sumar, quienes se negaron a participar en el Consejo de Ministros hasta que se atendieran sus demandas. La situación se desbloqueó tras intensas negociaciones entre Sánchez y Díaz, que incluyeron incluso contactos con Junts, en un intento desesperado por evitar una ruptura abierta en la coalición.
Fuentes de Moncloa revelaron que la decisión de dividir los decretos se basó en la inviabilidad de aprobar un texto único con las medidas de Sumar, debido a la falta de apoyos parlamentarios. Se argumentó que Junts y PNV no respaldarían un decreto que incluyera la congelación de los alquileres, lo que condenaría su fracaso desde el principio.
El PSOE defendió la necesidad de centrarse en medidas con mayor consenso, como las rebajas fiscales, argumentando que ya se han intentado sin éxito aprobar medidas más ambiciosas en materia de vivienda en el pasado. Recordaron que un escudo social que incluía la congelación de alquileres y la prohibición de desahucios fue rechazado por Junts, PP y Vox hace apenas unas semanas.
Junts, por su parte, ha advertido al Gobierno de que no apoyará medidas que puedan ser interpretadas como un "blanqueamiento de las okupaciones" de vivienda y ha propuesto que el Estado asuma el pago del alquiler a familias vulnerables para evitar desahucios. Como concesión a Sumar, el PSOE ofreció topar al 2% la actualización anual del precio de los alquileres residenciales firmados antes de la entrada en vigor de la Ley de Vivienda, una medida que fue considerada insuficiente por la formación liderada por Yolanda Díaz.
La aprobación del segundo decreto, centrado en la vivienda, se presenta como un desafío mayúsculo para el Gobierno. Incluso dentro de sus propios socios, como PNV y Junts, existen dudas sobre su viabilidad. La falta de apoyos parlamentarios podría obligar a Sánchez a recurrir a medidas desesperadas, como la negociación con partidos de la oposición, para evitar un fracaso que debilitaría aún más su posición.
Alberto Ibáñez, portavoz adjunto de Sumar, criticó duramente la actitud del PSOE, acusándolo de "escudarse excesivamente en las derechas" y de cerrarse a impulsar medidas en materia de vivienda. Ibáñez argumentó que la rebaja del IVA en los carburantes, sin topar precios ni imponer un impuesto a las grandes energéticas, beneficiará principalmente a las petroleras y no a los ciudadanos.
La crisis interna del Gobierno ha generado un clima de tensión y desconfianza que amenaza con prolongarse en el tiempo. La división entre PSOE y Sumar se ha convertido en un factor de inestabilidad política que podría dificultar la adopción de medidas necesarias para hacer frente a la crisis económica y social.
La oposición, por su parte, ha aprovechado la situación para atacar al Gobierno, acusándolo de improvisación y falta de liderazgo. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, criticó a Sánchez por "presentar como suyas medidas que son del PP" y lo acusó de "fachosfera".
En un contexto internacional marcado por la incertidumbre y la volatilidad, la crisis interna del Gobierno español añade un elemento de riesgo adicional. La incapacidad de alcanzar acuerdos y de adoptar medidas eficaces podría tener consecuencias negativas para la economía y la sociedad española. La situación exige un diálogo constructivo y una búsqueda de soluciones que permitan superar las diferencias y garantizar la estabilidad política y económica del país. La pelota está ahora en el tejado del Congreso, donde se decidirá el futuro de las medidas propuestas por el Gobierno y la viabilidad de la coalición entre PSOE y Sumar.
