El Consejo de Defensa del Estado (CDE) ha lanzado una ofensiva legal contra altos ejecutivos de Sartor Administradora General de Fondos S.A., interponiendo cuatro demandas de nulidad absoluta. La acusación central: una serie de operaciones inmobiliarias diseñadas para disminuir su patrimonio personal y, consecuentemente, evitar el pago de multas impuestas por la Comisión del Mercado Financiero (CMF). La acción del CDE, respaldada por medidas precautorias ya concedidas por los tribunales, busca invalidar estas transacciones, calificándolas como simuladas y con una causa ilícita clara: frustrar el cobro de deudas al fisco.
La raíz del conflicto se remonta a noviembre pasado, cuando la CMF determinó sanciones contra Sartor por infracciones a la Ley Única de Fondos y a la Ley de Sociedades Anónimas. Ante la inminencia de estas obligaciones pecuniarias, el CDE inició una exhaustiva investigación patrimonial de los ejecutivos involucrados. El objetivo era simple: determinar su capacidad de pago y asegurar que las multas fueran efectivamente cumplidas.
Lo que descubrió el CDE fue un patrón preocupante. Durante el período en que los ejecutivos ya estaban al tanto del procedimiento sancionatorio en su contra, comenzaron a realizar movimientos significativos en sus bienes raíces. Estas operaciones no fueron simples transacciones de mercado; consistieron en compraventas y donaciones de propiedades, dirigidas directamente a familiares cercanos.
El análisis del CDE concluyó que estas acciones no eran fortuitas, sino que respondían a un plan deliberado para ocultar los inmuebles y ponerlos fuera del alcance del fisco. Al transferir la propiedad a sus familiares, los ejecutivos buscaban crear una barrera legal que les impidiera el pago de las multas.
Para evitar que esta estrategia se consolidara, el CDE actuó rápidamente. Solicitó a los tribunales medidas precautorias prejudiciales, que fueron concedidas sin demora. Estas medidas prohíben la celebración de cualquier acto o contrato sobre los bienes involucrados, congelando efectivamente la posibilidad de nuevas transferencias. Las inscripciones de estas medidas en los Conservadores de Bienes Raíces garantizan su cumplimiento.
Pero la acción del CDE no se limitó a medidas preventivas. Paralelamente, se formalizaron las cuatro demandas de nulidad absoluta, que atacan directamente la validez de las operaciones de enajenación realizadas. El argumento central de estas demandas es que las transacciones carecían de una voluntad real y seria de transferir la propiedad. En otras palabras, se trata de contratos simulados, diseñados únicamente para ocultar activos y evadir el pago de deudas.
Además de la falta de voluntad real, las demandas del CDE se basan en la existencia de una causa ilícita en los actos. Al estar orientados a frustrar las legítimas acciones del fisco, estos actos son considerados contrarios a la ley y, por lo tanto, nulos y sin efecto jurídico.
“Se interpusieron cuatro demandas de nulidad absoluta por falta de voluntad real y seria, en el marco de un contrato simulado y causa ilícita”, explicaron fuentes del CDE.
Esta acción contra los ejecutivos de Sartor se enmarca en una reestructuración interna del Consejo de Defensa del Estado, que busca fortalecer su capacidad para proteger los intereses del fisco. Recientemente, el CDE creó una unidad especializada denominada Análisis Patrimonial y Triangulación Societaria, cuyo objetivo es precisamente el ejercicio de acciones judiciales estratégicas.
Esta nueva área tiene una doble misión. Por un lado, busca impedir el detrimento patrimonial de deudores del fisco, evitando que puedan vaciar sus activos para evitar el pago de sus deudas. Para ello, realiza análisis complejos que permiten detectar movimientos de activos y operaciones societarias sospechosas. Por otro lado, la unidad también está enfocada en la recuperación de activos en beneficio fiscal, buscando revertir aquellas operaciones que se realizan con el propósito de burlar los mecanismos de pago y ejecución de deudas con el Estado.
El caso Sartor es una de las primeras aplicaciones de esta nueva estrategia, que promete ser un elemento clave en la lucha contra la evasión fiscal y la protección de los recursos públicos. La creación de esta unidad especializada refleja el compromiso del CDE con la transparencia y la ética en la gestión de los recursos del Estado.
La investigación del CDE ha puesto de manifiesto la sofisticación de las estrategias utilizadas por algunos ejecutivos para evadir el pago de sus deudas. Sin embargo, la respuesta del CDE ha sido igualmente contundente, demostrando que el Estado está dispuesto a utilizar todos los recursos legales a su alcance para proteger sus intereses y garantizar el cumplimiento de la ley.
El resultado de estas demandas de nulidad absoluta podría tener un impacto significativo en el futuro de Sartor y sus ejecutivos. Si el CDE logra demostrar la simulación de las operaciones y la existencia de una causa ilícita, los ejecutivos podrían verse obligados a reintegrar los bienes transferidos al patrimonio de la empresa, lo que permitiría al fisco hacer efectivo el cobro de las multas impuestas por la CMF.
Este caso también podría sentar un precedente importante para futuros casos de evasión fiscal, demostrando que el Estado está dispuesto a perseguir y sancionar a aquellos que intentan ocultar sus activos para evitar el pago de sus deudas. La creación de la unidad especializada en Análisis Patrimonial y Triangulación Societaria del CDE es un paso importante en esta dirección, y se espera que contribuya a fortalecer la lucha contra la evasión fiscal y la protección de los recursos públicos. La transparencia y la ética, pilares fundamentales de BioBioChile, se ven reflejadas en la cobertura exhaustiva de este caso, que pone de manifiesto la importancia de la rendición de cuentas y la defensa de los intereses del Estado.
