La defensa de la empresaria Roberta Luchsinger ha presentado una nueva línea argumental en relación a los mensajes que envió al empresario Antônio Camilo, conocido como “Careca do INSS”, instándole a deshacerse de sus teléfonos móviles tras una operación de la Policía Federal (PF). Según el abogado Bruno Salles, Luchsinger actuó bajo un “pánico” desatado por la aprehensión de un sobre a nombre de Fábio Luís Lula da Silva, conocido como Lulinha, en un palco privado perteneciente a Camilo.
La defensa argumenta que el temor de Luchsinger no se basaba en la comisión de un delito, sino en la “exposición natural” que conlleva el nombre del hijo del presidente Lula da Silva. Salles enfatizó que este miedo surgió incluso antes de que Luchsinger supiera el contenido del sobre incautado. La abogada relató que, al enterarse de la aprehensión a través de los medios de comunicación, Luchsinger experimentó una “aflicción inmediata” debido a su desconocimiento sobre el contenido del paquete. Su principal preocupación era que cualquier elemento asociado al hijo del presidente pudiera ser utilizado como “munición política”, independientemente de su relevancia.
La defensa insiste en que Luchsinger solo tuvo conocimiento posteriormente de que el sobre contenía únicamente entradas para un evento deportivo en Brasilia, entradas que, según se informa, nunca fueron utilizadas por Lulinha. En este contexto, Salles defiende que la orden de deshacerse de los teléfonos fue un consejo impulsivo de “gestión de crisis”, motivado por el temor a la manipulación política de la amistad entre Luchsinger y Lulinha, y no un intento de encubrir delitos que ella aún no comprendía.
La PF, sin embargo, continúa investigando si Luchsinger actuó como intermediaria en transferencias de fondos de Camilo a Lulinha, centrándose en pagos mensuales de 300.000 reales a la empresaria, supuestamente por servicios de consultoría relacionados con la regulación del cannabidiol en la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa).
Ante la pregunta sobre un mensaje de Camilo que mencionaba un pago de 300.000 reales al “hijo del muchacho”, el abogado Salles negó rotundamente que se tratara de una referencia a Lulinha. Sugirió que la expresión podría ser un error de tipeo o una alusión al padre de Roberta, quien es socio en la empresa familiar.
La defensa también abordó la controversia en torno al viaje de Lulinha a Portugal, financiado por Camilo, para visitar una fábrica de cannabis medicinal. Salles confirmó el viaje, pero desmintió cualquier indicio de lobby. Según su versión, Lulinha conoció a Camilo a través de Luchsinger y el viaje fue una mera “prospección de negocios”. Mientras Roberta se encargaba de los aspectos regulatorios en Brasil, Camilo buscaba comprender el mercado internacional, y Lulinha lo acompañó como un amigo.
En cuanto al uso de términos como “nuestro amigo” en lugar del nombre completo de Fábio, el abogado negó que se tratara de un código cifrado. Afirmó que Roberta menciona abiertamente el nombre de Fábio en otros mensajes y que el uso de la expresión “nuestro amigo” surgió de forma natural debido a la intimidad entre ellos en el momento de la preocupación.
La PF sospecha que el grupo liderado por Camilo buscaba abrir puertas en el Ministerio de Salud para comercializar productos de cannabidiol. Los investigadores están cotejando los pagos realizados a Roberta con los movimientos financieros de Lulinha y las agendas oficiales del gobierno.
La defensa de Fábio Luís Lula da Silva ha negado categóricamente cualquier irregularidad y ha declarado que está dispuesto a levantar el secreto bancario y fiscal para colaborar con la investigación.
La empresaria Roberta Luchsinger fue uno de los principales objetivos de la nueva fase de la operación “Sem Desconto”, que busca desmantelar una red de corrupción que involucra a funcionarios públicos y empresarios del sector del cannabis medicinal. La operación ha generado un intenso debate político en Brasil, con la oposición acusando al gobierno de Lula da Silva de proteger a su hijo y de interferir en la investigación.
El caso ha puesto de manifiesto la creciente importancia del mercado del cannabis medicinal en Brasil y la lucha por el control de este lucrativo negocio. La regulación del cannabidiol en el país aún es incierta, lo que ha generado un vacío legal que ha sido aprovechado por empresas y empresarios sin escrúpulos.
La defensa de Roberta Luchsinger se enfrenta a un desafío considerable para convencer a la justicia de que su cliente actuó de buena fe y que no participó en ningún esquema de corrupción. La presión pública es alta y la oposición está decidida a utilizar este caso para atacar al gobierno de Lula da Silva. El desenlace de esta investigación podría tener importantes consecuencias políticas y económicas en Brasil. La PF continúa recabando pruebas y entrevistando a testigos clave para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de cada uno de los involucrados. La transparencia y la imparcialidad de la investigación serán fundamentales para garantizar la confianza de la sociedad en el sistema judicial.
