La situación política y legal en la Municipalidad Distrital de Veintiséis de Octubre ha generado una fuerte controversia luego de que se confirmara que la regidora Patricia Niño continúa habilitada para ejercer sus funciones oficiales. Esta permanencia ocurre a pesar de que la funcionaria se encuentra actualmente cumpliendo una medida de prisión preventiva y enfrenta una investigación judicial por el presunto asesinato del exalcalde Víctor Hugo Febre Calle, un caso que ha mantenido en alerta a la opinión pública local.
La continuidad de Niño en su cargo es el resultado directo de una decisión tomada por el concejo municipal, el cual optó por aplazar la sesión extraordinaria que había sido convocada específicamente para evaluar la vacancia de la regidora. El aplazamiento de este acto administrativo ha permitido que, técnicamente, la regidora no haya sido removida de su puesto, manteniendo así su condición de autoridad distrital mientras permanece recluida en un establecimiento penitenciario.
Desde la administración municipal, el secretario general de la comuna, Keelman Saavedra, ha salido al frente para justificar la decisión del concejo. Según Saavedra, la medida de aplazar la sesión responde estrictamente a la necesidad de respetar el marco legal vigente y asegurar que todo el procedimiento administrativo se realice sin vicios que puedan invalidarlo en el futuro. El funcionario enfatizó que cualquier convocatoria a una sesión de este tipo debe cumplir con todos los requisitos legales establecidos para evitar que la decisión final sea declarada nula por instancias judiciales superiores.
El punto crítico que obligó a la reprogramación fue la presentación de un documento por parte de la regidora Patricia Niño, en el cual manifestó que no había sido debidamente notificada sobre la sesión extraordinaria. Según el argumento presentado por la defensa de la regidora, el proceso de notificación fue defectuoso, ya que la funcionaria no tuvo acceso a la comunicación debido a su situación de reclusión. Saavedra explicó que Niño alegó no haber recibido una notificación válida puesto que no tiene acceso a su domicilio particular ni a su cuenta de correo electrónico mientras se encuentra internada.
Ante este escenario, la municipalidad procedió a subsanar el error procedimental. El secretario general informó que la regidora ya ha sido notificada formalmente dentro del establecimiento penitenciario donde cumple su prisión preventiva. Asimismo, se ha asegurado que se le otorgará el acceso completo al expediente administrativo relacionado con su posible vacancia, con el objetivo de garantizar plenamente su derecho a la defensa, un principio fundamental en cualquier proceso administrativo o judicial. De acuerdo con la hoja de ruta establecida por la comuna, la nueva sesión extraordinaria sería convocada durante la primera semana de agosto, una vez que se hayan cumplido todos los requisitos legales pertinentes.
Sin embargo, esta decisión no ha estado exenta de críticas severas. El abogado Juan Carlos Álamo Castro ha expresado su rotundo desacuerdo con la gestión del caso por parte de la municipalidad. Álamo Castro señaló que el aplazamiento de la sesión no debió producirse el mismo día en que esta estaba programada para llevarse a cabo, sugiriendo que hubo una falta de previsión o una gestión ineficiente del tiempo procesal.
El letrado fue enfático al señalar que la Secretaría General de la municipalidad incurrió en un error administrativo grave al remitir la notificación inicial al domicilio de la regidora en lugar de enviarla directamente al centro penitenciario donde es de conocimiento público que ella permanece recluida. Para el abogado, este error no fue un simple descuido, sino una falla en la gestión de la notificación que terminó beneficiando la permanencia de la regidora en el cargo.
En sus declaraciones, Álamo Castro fue directo al señalar las responsabilidades políticas y administrativas, afirmando que el responsable directo de esta situación es el alcalde, aunque reconoció que las funciones operativas recaen específicamente en el secretario general y en el asesor legal de la entidad. Según el abogado, la mala ejecución de la notificación permitió la reprogramación de la sesión, cuando el concejo municipal pudo haber resuelto el caso de manera oportuna y dentro de los plazos establecidos si se hubiera actuado con la diligencia debida.
Por el momento, el distrito de Veintiséis de Octubre permanece a la espera de la sesión de agosto, mientras la regidora Patricia Niño sigue figurando en los registros oficiales como miembro del concejo municipal, a pesar de su situación jurídica y su actual encierro.
