La jornada nacional de protestas convocada por diversas organizaciones sociales alcanzó su punto máximo de tensión esta mañana en el Puente Pueyrredón, en Avellaneda. La movilización fue activada por los sectores piqueteros en respuesta a la eliminación del programa "Volver al Trabajo", una medida decidida por la ministra de Desarrollo Humano, Sandra Pettovello, y respaldada por una resolución judicial emitida la semana pasada.
En Avellaneda, manifestantes pertenecientes al Polo Obrero (PO) y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) se apostaron sobre la avenida Hipólito Yrigoyen. El objetivo de los grupos era avanzar hacia el Puente Pueyrredón para cruzar a la Ciudad de Buenos Aires y sumarse a una marcha en favor de la mejora de los haberes jubilatorios. Sin embargo, efectivos de la Prefectura Naval y la Policía Federal impidieron el paso mediante el uso de gases lacrimógenos, lo que derivó en un enfrentamiento cara a cara entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad que se extendió durante varios minutos.
El conflicto tiene su origen en la decisión gubernamental de dar de baja el programa Volver al Trabajo, el cual beneficiaba a unas 900.000 personas con un monto de $78.000. El Gobierno anunció el 17 de marzo que este plan, anteriormente conocido como Potenciar Trabajo, sería reemplazado por vouchers de capacitación con el fin de impulsar la inserción laboral y optimizar el presupuesto disponible. Cabe destacar que, desde diciembre de 2023, el monto del plan se había mantenido congelado en los $78.000 mencionados.
En el plano judicial, la medida atravesó un proceso complejo. Inicialmente, el juez Adrián González Charvay dictó un fallo favorable a las organizaciones sociales, manteniendo la vigencia del plan mediante una medida cautelar. No obstante, el Ministerio de Desarrollo Humano logró revertir esta situación a través de una decisión de la Cámara Federal de San Martín (Sala I), integrada por los jueces Juan Pablo Salas, Marcelo Darío Fernández y Marcos Morán.
Desde el liderazgo de las protestas, las críticas fueron severas. Eduardo Belliboni, referente del Polo Obrero y presente en los incidentes de Avellaneda, cuestionó el accionar de la Prefectura a través de sus redes sociales, afirmando que la fuerza debería combatir el narcotráfico en las fronteras en lugar de gasear a trabajadores despedidos. Asimismo, calificó la gestión de la ministra Pettovello como carente de tarea social. Por su parte, Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP, advirtió que "está en riesgo la paz social", señalando que la pérdida de este ingreso, aunque lo calificó de "miserable", permitía a miles de familias planificar la alimentación de sus hijos.
La protesta tuvo un alcance federal. En Rosario, militantes del PO y de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) intentaron bloquear la autopista que conecta con Buenos Aires, siendo desalojados por la Gendarmería Nacional en medio de momentos de tensión. En la ciudad de La Plata también se reportaron rutas y accesos bloqueados.
Uno de los puntos más críticos se registró en la ruta 2, en el acceso a Mardel Plata. Desde media mañana, ambas manos de la ruta permanecieron totalmente cortadas al tránsito vehicular. El plan Volver al Trabajo alcanzaba en dicha ciudad a unos 30.000 beneficiarios. Los manifestantes, entre quienes había mujeres y niños, se instalaron a la altura del puente sobre el arroyo La Tapera, donde organizaron una olla popular para alimentar a casi 200 asistentes. El bloqueo fue absoluto, afectando no solo a los viajeros hacia la Capital Federal, sino también a los residentes de los barrios aledaños y a pasajeros con vuelos programados desde el Aeropuerto Astor Piazzolla, quienes se vieron obligados a caminar con sus maletas por el pavimento para llegar a la terminal.
En Ciudadela, Esteban “Gringo” Castro encabezó otra columna de militantes en la intersección de la avenida General y la avenida Rivadavia. Castro denunció que la gestión de Javier Milei busca "hambrear aún más a los pobres" al quitar el salario social complementario, una conquista legal de 2016 que la justicia ahora autoriza a remover.
En términos demográficos, datos de la UTEP indican que la provincia de Buenos Aires es la región más afectada, concentrando 430.824 beneficiarios del plan, seguida por Tucumán con 56.421 personas. Néstor Pitrola, diputado nacional del Frente de Izquierda, enfatizó que se trata de un millón de planes utilizados para cubrir necesidades básicas como alimentos y garrafas.
La jornada coincidió con la marcha semanal de los jubilados frente al Congreso de la Nación, a la cual se sumaron las tres centrales obreras. La CGT, mediante esta adhesión, inicia un plan de lucha que continuará el 7 de agosto. Respecto a los haberes previsionales, tras el aumento de julio, la jubilación mínima ascendió a aproximadamente $411.989, que sumado al bono congelado de $70.000, totaliza un ingreso de $481.989 para quienes perciben el haber mínimo.
