Chile ha iniciado este lunes la construcción de barreras físicas en sus fronteras con Perú y Bolivia, cumpliendo una de las promesas centrales de la campaña electoral del presidente José Antonio Kast. La medida, que busca frenar el flujo de migrantes irregulares, ha generado controversia y debate a nivel regional, mientras el gobierno chileno justifica la acción como una respuesta necesaria ante la vulneración de su soberanía y el aumento de la criminalidad.
La ceremonia de inicio de las obras se llevó a cabo en las cercanías del paso fronterizo de Chacalluta, en Arica, donde el propio Kast operó una máquina excavadora para dar inicio a la excavación de una profunda zanja. El presidente, visiblemente decidido, declaró a la prensa que “hoy comenzamos a frenar la migración irregular”, marcando un punto de inflexión en la política migratoria de Chile.
El plan, denominado “Escudo Fronterizo”, contempla la construcción de barreras a lo largo de aproximadamente 500 kilómetros en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. Si bien el gobierno no ha especificado el tipo exacto de infraestructura que se utilizará, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, ha confirmado que se trata de “barreras físicas” diseñadas para dificultar el cruce ilegal de personas. Además de las barreras, el plan incluye el despliegue de más militares en la zona fronteriza y la implementación de sistemas de supervisión tecnológica.
La decisión de Kast se basa en la percepción de que Chile ha sido “vulnerado” por la inmigración ilegal, el narcotráfico y el crimen organizado en los últimos años. El presidente argumenta que el flujo descontrolado de migrantes ha generado problemas de seguridad y ha sobrecargado los servicios públicos del país. Sin embargo, las cifras oficiales contradicen en parte esta afirmación. Según el Servicio Nacional de Migraciones, los ingresos irregulares han experimentado una “disminución sostenida” desde el pico registrado en 2021. En 2025, se registró una caída del 10,2% en las denuncias de ingresos por pasos no habilitados, con un total de 26.275 casos.
A pesar de esta disminución, el gobierno chileno insiste en que es necesario tomar medidas más drásticas para controlar la inmigración irregular y proteger las fronteras del país. Se estima que en Chile viven cerca de 337.000 migrantes irregulares, en su mayoría venezolanos, quienes huyen de la crisis económica y política que azota a su país. La situación de estos migrantes es precaria, ya que carecen de derechos laborales y sociales, y se encuentran en una situación de vulnerabilidad.
La construcción de las barreras fronterizas ha generado una fuerte reacción en Perú y Bolivia. El gobierno peruano ha expresado su preocupación por la medida, calificándola de “unilateral” y “contraria al espíritu de cooperación regional”. El presidente peruano, Dina Boluarte, ha anunciado que enviará una delegación a Chile para dialogar con las autoridades y buscar una solución al problema. Por su parte, el gobierno boliviano ha condenado la construcción de las barreras, acusando a Chile de “xenofobia” y “discriminación”.
Organizaciones de derechos humanos también han criticado la medida, argumentando que viola los derechos de los migrantes y que no es una solución efectiva para el problema de la inmigración irregular. Amnistía Internacional ha emitido un comunicado en el que denuncia que la construcción de las barreras “criminaliza la migración” y que “pone en riesgo la vida y la integridad de las personas que buscan una vida mejor”.
La polémica en torno a la construcción de las barreras fronterizas se suma a un creciente debate a nivel mundial sobre la gestión de la inmigración. En Europa, países como Hungría y Polonia han construido vallas en sus fronteras para frenar el flujo de migrantes, mientras que Estados Unidos ha reforzado la seguridad en su frontera con México. La construcción de barreras físicas es una medida controvertida que genera divisiones y que plantea serias interrogantes sobre los derechos humanos y la cooperación internacional.
El gobierno chileno, sin embargo, se mantiene firme en su decisión. Kast ha asegurado que el “Escudo Fronterizo” es una medida necesaria para proteger a los chilenos y para garantizar la seguridad del país. El plazo para la construcción de las barreras es de 90 días, y se espera que las obras comiencen a tener un impacto en el flujo de migrantes irregulares en las próximas semanas. El futuro de la inmigración en Chile, y las relaciones con sus países vecinos, penden de un hilo. La efectividad de esta política, y su impacto en los derechos humanos, serán observados de cerca por la comunidad internacional. La pregunta que queda en el aire es si esta medida realmente resolverá el problema de la inmigración irregular, o si simplemente lo trasladará a otras zonas de la frontera.
