El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, ha incluido a la empresa estatal Unión Cuba–Petróleo (Cupet) en la lista de entidades bloqueadas por el Departamento del Tesoro. Esta medida, implementada el pasado 11 de junio, afecta a la entidad encargada de importar y refinar la mayor parte del combustible consumido en la isla, prohibiendo que cualquier banco o empresa con presencia en el mercado estadounidense realice negocios con ella.
La decisión ha generado una contradicción operativa inmediata. Durante la misma semana en que se anunciaron las sanciones, una empresa con sede en Florida había concluido el acuerdo de suministro de combustible más significativo entre Estados Unidos y Cuba desde 1960. Dicho contrato estaba destinado a abastecer al sector privado cubano mediante el uso de depósitos de almacenamiento alquilados a una entidad vinculada a Cupet. De este modo, la administración estadounidense parece haber dedicado cuatro meses a construir una alternativa de suministro para luego bloquearla.
Este escenario evoca un paralelismo histórico con los eventos de junio de 1960. En aquel entonces, el secretario del Tesoro Robert Anderson solicitó a los ejecutivos de Esso y Texaco que, siguiendo instrucciones del presidente Eisenhower, se negaran a refinar el crudo soviético que Fidel Castro había intercambiado por azúcar. La aceptación de esta petición derivó en que Castro confiscara las refinerías pocas semanas después, lo que desencadenó una reducción de la cuota de azúcar por parte de Eisenhower, expropiaciones masivas en agosto y la imposición definitiva del embargo en octubre.
En la actualidad, las refinerías sancionadas son las mismas que fueron bloqueadas hace sesenta años: la antigua planta de Esso, que hoy opera como Ñico López, y la planta de Texaco en Santiago, ahora conocida como Hermanos Díaz. Aunque Marco Rubio describe estos activos como expropiados ilegalmente de propietarios estadounidenses, el análisis sugiere que dichas confiscaciones fueron una respuesta directa a la directiva de Washington para estrangular el suministro energético de la isla. En aquel periodo, la presión no logró desmantelar la Revolución, sino que impulsó a Cuba hacia el bloque soviético, otorgando a Moscú un cliente estratégico a noventa millas de Florida.
En el plano político actual, Cuba carece de una oposición organizada similar a la liderada por María Corina Machado en Venezuela. No obstante, emerge una figura posible como interlocutor: Óscar Pérez–Oliva Fraga, viceprimer ministro y bisnieto de Fidel y Raúl Castro. Pérez–Oliva Fraga, quien facilitó la importación privada de combustibles, es visto como un posible sucesor de Díaz–Canel, aunque Washington ha complicado este camino al imputar a Raúl Castro hace tres semanas.
La situación se agrava con el fallecimiento de Ramiro Valdés a los 94 años. Valdés era el último miembro de la generación fundadora de la Revolución que mantenía lazos activos con el aparato de seguridad. Su muerte elimina el puente institucional entre los fundadores y el establecimiento militar-empresarial que gobierna la isla, dejando una estructura sin anclaje ideológico y con incentivos para resistir cualquier transición que amenace sus activos y redes.
En términos económicos, el 18 de junio Cuba aprobó 176 medidas que incluyen la banca privada y la inversión extranjera sin empresas conjuntas, calificadas como la reforma económica más profunda desde la Revolución. Sin embargo, Washington rechazó estas medidas al considerar que no incluían cambios políticos. Esta postura ignora que la infraestructura de combustible está totalmente controlada por la empresa estatal, y que el bloqueo a Cupet congela contratos de almacenamiento esenciales para el sector privado.
Finalmente, la geopolítica energética está girando. Mientras Rusia prometió inversiones de mil millones de dólares para 2030 pero ha mantenido un suministro limitado, China ha avanzado concretamente. El equipamiento y financiamiento chino han permitido conectar 49 parques solares a la red eléctrica cubana en un año, elevando la generación solar del 6% a más del 20%, con planes de alcanzar los 92 parques para 2028. Cada barril de combustible bloqueado por Washington incrementa el valor de la tecnología solar china. Así, la presión actual parece repetir el error de 1960: mientras Eisenhower entregó la dependencia energética a la Unión Soviética, la administración Trump la está entregando a Pekín.
