El Gobierno Petro amplía el espectro del impuesto al patrimonio, incluyendo ahora a las sucursales y establecimientos permanentes de sociedades extranjeras operando en Colombia, siempre y cuando sus activos superen los $10.474 millones (200.000 UVT). Esta medida, implementada a través de un reciente decreto, añade una nueva capa de presión fiscal sobre las empresas, especialmente aquellas en sectores ya gravados con tasas que superan el 90%. La decisión ha generado fuertes críticas por parte de gremios empresariales y analistas, quienes advierten sobre un posible impacto negativo en la inversión extranjera y la seguridad jurídica.
La base gravable para estas sociedades se calculará sobre el patrimonio líquido atribuible a sus operaciones en Colombia. El cronograma de pago difiere del establecido para las empresas nacionales: el 50% deberá ser cancelado el 30 de abril, y el restante el 1 de junio, mientras que las empresas colombianas tienen plazos diferentes. Esta diferenciación en los plazos ha sido señalada como un elemento adicional de complejidad para las empresas afectadas.
El panorama tributario colombiano ya es complejo para las empresas. Si bien la tarifa general de renta corporativa es del 35%, los sectores minero-energético y financiero enfrentan tasas que pueden alcanzar el 40%. A esto se suman impuestos como el IVA (19%), el impuesto al patrimonio (con tarifas entre 0,5% y 5%), el impuesto de industria y comercio (ICA, entre 0,4% y 1,2%), el impuesto a las ganancias ocasionales, el gravamen a los movimientos financieros y los aportes parafiscales, elevando la carga tributaria total a niveles significativos.
La ampliación del impuesto al patrimonio a las empresas extranjeras ha desatado una ola de preocupación en el sector empresarial. Lisandro Junco, exdirector de la DIAN, advierte que esta medida podría incentivar la salida de empresas que tienen la capacidad de trasladar sus operaciones a otros países. “Esto termina provocando que las empresas que están aquí y que pueden irse, lo hagan; y las que no, tendrán que hacer planeaciones abruptas ante la posibilidad de que las reglas del juego vuelvan a cambiar en cualquier momento”, afirmó. Junco enfatiza que las empresas extranjeras, especialmente aquellas en los sectores de hidrocarburos y bancario, se ven particularmente afectadas por las sobretasas existentes.
Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), ha calificado la norma como una “afrenta a la democracia participativa”, argumentando que la imposición de impuestos sin la debida representación socava la confianza de los inversionistas y afecta la inversión productiva. Mac Master subraya que la medida golpea directamente la seguridad jurídica, un factor crucial para atraer y retener inversión extranjera.
Analistas coinciden en que el problema no radica en la magnitud de una tarifa individual, sino en el efecto acumulativo de todos los impuestos a lo largo del ciclo económico de la empresa. César Cermeño, director de la maestría en Tributación de la Universidad de los Andes, destaca que la carga tributaria no se limita a los impuestos nacionales y territoriales, sino que también incluye los altos costos administrativos asociados al cumplimiento de las obligaciones fiscales. “Es importante considerar que la carga tributaria de las empresas no se limita al valor que deben asumir por concepto de impuestos nacionales y territoriales, sino también a los altísimos costos administrativos”, advierte Cermeño.
La medida del Gobierno Petro se suma a otras recientes decisiones tributarias que han generado controversia, como la reactivación de impuestos suspendidos por la Corte Constitucional, incluyendo un gravamen del 16% a las apuestas en línea. Estas acciones han intensificado el debate sobre la política tributaria del gobierno y su impacto en la economía colombiana.
La preocupación por el impacto en la inversión extranjera es palpable. Las empresas extranjeras, que a menudo buscan estabilidad y predictibilidad en las políticas fiscales, podrían reconsiderar sus inversiones en Colombia ante la incertidumbre generada por estos cambios. La salida de empresas extranjeras no solo implicaría una pérdida de inversión, sino también la reducción de la generación de empleo y la disminución de la actividad económica.
El gobierno, por su parte, defiende la medida como necesaria para aumentar la recaudación fiscal y financiar programas sociales. Sin embargo, los críticos argumentan que la política tributaria actual podría tener el efecto contrario, desalentando la inversión y frenando el crecimiento económico.
La situación plantea un desafío para el gobierno, que deberá encontrar un equilibrio entre la necesidad de aumentar los ingresos fiscales y la importancia de mantener un clima de inversión favorable. La transparencia, la predictibilidad y la participación de los diferentes actores económicos en el diseño de las políticas tributarias son fundamentales para garantizar la sostenibilidad del crecimiento económico y el bienestar social en Colombia.
La incertidumbre sobre el futuro de la política tributaria en Colombia persiste. Las empresas, tanto nacionales como extranjeras, se encuentran a la espera de nuevas señales del gobierno y de una mayor claridad en las reglas del juego. La confianza de los inversionistas es crucial para el desarrollo económico del país, y cualquier medida que la socave podría tener consecuencias negativas a largo plazo. El debate sobre la política tributaria en Colombia está lejos de terminar, y su resultado tendrá un impacto significativo en el futuro económico del país.
