El Congreso y el Poder Ejecutivo chocan por el impacto fiscal de dos nuevas leyes aprobadas, generando preocupación en el Consejo Fiscal y abriendo un debate sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas. Las normas, que benefician a trabajadores CAS con gratificaciones y CTS, así como a militares y policías con un aumento en sus pensiones, podrían comprometer la inversión estatal, según advierte la premier Denisse Miralles.
La aprobación, el pasado jueves 12, de estas dos leyes ha encendido las alarmas en el Consejo Fiscal (CF), organismo encargado de evaluar la sostenibilidad de las cuentas públicas. El impacto potencial en el presupuesto nacional ha generado una rápida reacción del gobierno, buscando un punto medio entre las demandas sociales y la responsabilidad fiscal.
Inicialmente, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), bajo la dirección de Gerardo López, había optado por una postura cautelosa, anunciando que esperaría la autógrafa de las leyes para emitir una opinión técnica. Sin embargo, la presidenta del Consejo de Ministros (PCM), Denisse Miralles, ha adelantado la posición del Ejecutivo, proponiendo una solución gradual para mitigar el impacto económico.
“Lo que ofrezco es una salida. El tema no es solo observar la norma y que quede allí. Hay que darle una solución a las personas que buscan ser reconocidas. Debemos buscar una forma gradual (de aplicarla)”, declaró Miralles en una entrevista con RPP este lunes 16. La premier, quien previamente ocupó el cargo de titular del MEF, hizo referencia a un caso similar ocurrido el año pasado con la Ley N.º 32387, que incrementó el Fondo de Compensación Municipal (Foncomun).
En aquella ocasión, el CF también había advertido sobre un impacto negativo en las finanzas públicas. Sin embargo, gracias a una negociación liderada por el MEF, se logró implementar el incremento de manera paulatina, distribuyendo el aumento del 2% en 0.5 puntos porcentuales anuales. Miralles propone replicar esta estrategia para las nuevas leyes, buscando un equilibrio entre la satisfacción de las demandas sociales y la preservación de la estabilidad fiscal.
“Muchos gobiernos locales querían que el incremento se dé en un solo año. Se trabajó desde el MEF con sus equipos y se logró que sea paulatino: 0.5 puntos porcentuales cada año (...) Algo de eso propongo para estas normas (pensiones militares y beneficios laborales a CAS) para que el impacto fiscal no sea tan fuerte”, explicó la premier.
La propuesta de Miralles se enmarca en una estrategia más amplia de diálogo y negociación con el Congreso, buscando evitar un enfrentamiento frontal que podría paralizar la agenda legislativa y generar incertidumbre económica. La premier adelantó que abordará este tema en su discurso ante el pleno del Congreso este miércoles 18 de marzo, durante la presentación de la moción de confianza de su gabinete.
A pesar de la disposición al diálogo, Miralles reconoció que ambas normas impulsadas por el Congreso implican un aumento en el gasto corriente del Estado, lo que exige una gestión responsable de los recursos públicos. La premier advirtió que un mayor gasto corriente podría traducirse en una reducción de la inversión en infraestructura, lo que tendría consecuencias negativas para el desarrollo económico del país.
“Para tener más gasto corriente, debes reducir el gasto en inversión. Habrá menos recursos para infraestructura. Eso no puede darse porque eso es desarrollo y beneficia a todos. Debe ser un balance. Creo que sí se puede. No lo veo tan lejano, pero la franqueza no hay que perderla, hay que buscarle una salida rápida”, reiteró Miralles.
La situación plantea un desafío importante para el gobierno, que debe encontrar un equilibrio entre las demandas sociales, la sostenibilidad fiscal y la necesidad de impulsar el crecimiento económico. La propuesta de Miralles de implementar las nuevas leyes de manera gradual podría ser una solución viable, pero requerirá de un amplio consenso político y una gestión eficiente de los recursos públicos.
El debate sobre el impacto fiscal de estas leyes también pone de manifiesto la importancia de una planificación presupuestaria rigurosa y una evaluación exhaustiva de las consecuencias económicas de las políticas públicas. El Consejo Fiscal jugará un papel crucial en este proceso, proporcionando análisis técnicos y recomendaciones al gobierno y al Congreso.
La aprobación de estas leyes ha generado expectativas entre los trabajadores CAS y los miembros de las fuerzas armadas y policiales, quienes ven en ellas un reconocimiento a sus derechos laborales y una mejora en sus condiciones de vida. Sin embargo, es fundamental que estas demandas se satisfagan de manera sostenible, sin comprometer la estabilidad económica del país.
La próxima semana será clave para definir el futuro de estas leyes y el rumbo de las finanzas públicas. La presentación de la moción de confianza del gabinete y el debate en el Congreso serán momentos cruciales para alcanzar un acuerdo que beneficie a todos los peruanos. La premier Miralles ha extendido la mano al diálogo, pero la responsabilidad de encontrar una solución recae en todos los actores políticos y sociales. El futuro económico del país podría depender de ello.
