Acción Ciudadana ha encendido las alarmas sobre la transparencia en la ejecución de proyectos de infraestructura pública en El Salvador, revelando que un alarmante 80% de la información oficialmente requerida por la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) no está disponible en los portales gubernamentales. Este hallazgo, expuesto en el informe “Transparencia Activa en Proyectos de Infraestructura Pública 2025”, pone en tela de juicio la rendición de cuentas en medio de una ola de préstamos internacionales aprobados por el gobierno del presidente Nayib Bukele, a menudo sin el debido escrutinio legislativo.
El monitoreo exhaustivo, que abarcó 23 proyectos de obra pública – algunos seguidos desde años anteriores y otros de reciente creación y alta prioridad gubernamental – revela un deterioro significativo en la transparencia activa. De los proyectos evaluados, 14 (60%) no obtuvieron ningún punto de los 23 posibles según la normativa, lo que significa que no se encontró información pública disponible sobre ellos. El porcentaje general de transparencia activa se situó en un preocupitante 19%, un retroceso con respecto al 26% registrado en 2024.
La organización subraya que la transparencia activa es una herramienta crucial para el control social y la mitigación de riesgos de corrupción, especialmente en proyectos de gran envergadura que involucran importantes sumas de dinero público. La falta de acceso a información detallada sobre contratos, ejecución y uso de fondos dificulta la fiscalización ciudadana y abre la puerta a posibles irregularidades.
Ninguno de los proyectos analizados cumplió con los 23 parámetros de información establecidos en la LAIP, y el puntaje más alto alcanzado fue de 16 puntos sobre 23. La situación se agrava con la desaparición de documentos que sí estaban disponibles en 2024, complicando aún más la búsqueda de información relevante.
La principal causa de esta opacidad, según Acción Ciudadana, es la clasificación sistemática de la información como “reservada”, generalmente por un período de siete años. Esta práctica impide conocer detalles esenciales sobre la planificación, contratación, ejecución y supervisión de los proyectos. Entre las reservas más destacadas se encuentran el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) y varios proyectos viales estratégicos, como la ampliación del tramo Los Chorros, el Puente General José Manuel Arce, la frontera La Hachadura y el Periférico Gerardo Barrios.
La reserva también se extiende a proyectos más recientes, como el ambicioso programa “Dos Escuelas por Día”, iniciado en mayo de 2025 y declarado bajo reserva total por el Ministerio de Obras Públicas (MOPT) en septiembre del mismo año. Si bien el sitio web del programa (“dosescuelasxdia”) publica información sobre el monto de inversión y la institución ejecutora de cada escuela intervenida, el monto total general de la inversión permanece desconocido. Acción Ciudadana critica que la publicación de datos parciales a través de estrategias de marketing gubernamental no exime el cumplimiento de la LAIP.
Otro proyecto bajo reserva es el de Energía Geotérmica, también clasificado por la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) por un período de siete años desde junio de 2025. Esta situación limita la capacidad de fiscalizar el uso de los préstamos otorgados por organismos financieros internacionales y la ejecución de los proyectos.
En cuanto a los proyectos evaluados por primera vez, Acción Ciudadana observa una tendencia a la aprobación acelerada de préstamos con organismos financieros como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Andina de Fomento (CAF), el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Banco Mundial. La poca información disponible sobre estos proyectos se obtuvo principalmente a través de los sitios web de estos organismos, mientras que la publicación en los portales oficiales de las instituciones responsables es escasa o nula. La información que se difunde a menudo es parcial y se presenta a través de conferencias de prensa, sin cumplir con los parámetros establecidos en la LAIP.
La organización destaca que la publicación de la información oficiosa debe realizarse en los portales oficiales, lo que permitiría a la ciudadanía ejercer un control social efectivo desde las primeras etapas de los proyectos. El Ministerio de Obras Públicas (MOP) es la institución con el mayor número de proyectos emblemáticos, tanto de los monitoreados en años anteriores como de los nuevos. Su presupuesto ha aumentado significativamente debido a estos proyectos, y se le acusa de utilizar de forma excesiva la reserva de información, llegando incluso a declarar la reserva a partir de solicitudes de ciudadanos que requerían información específica.
Acción Ciudadana también constató que en varios proyectos no se encontró documentación ni en los portales institucionales ni en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (COMPRASAL).
En conclusión, el informe revela que la información disponible en 2025 es menor que en 2024, y algunos documentos previamente publicados ya no están accesibles. Se incumple sistemáticamente la LAIP en la mayoría de los proyectos, y ninguna institución evaluada cumplió con el 100% de los parámetros exigidos. La reserva de información es el principal obstáculo para el acceso a datos clave sobre contratos, ejecución y uso de fondos públicos.
Ante este panorama crítico, Acción Ciudadana sugiere que las entidades contraloras, como la Corte de Cuentas, deben intensificar las auditorías sobre proyectos con altos montos presupuestarios y baja transparencia. La organización insta a una mayor rendición de cuentas y a la publicación proactiva de información para garantizar que los fondos públicos se utilicen de manera eficiente y transparente. La falta de transparencia no solo socava la confianza ciudadana, sino que también aumenta el riesgo de corrupción y el despilfarro de recursos en un momento en que El Salvador enfrenta importantes desafíos económicos y sociales.
