El Congreso aprueba en segunda votación ampliación de derechos laborales para trabajadores públicos bajo régimen CAS, generando debate sobre sostenibilidad fiscal.
El Pleno del Congreso de la República aprobó este jueves 5 de marzo, en segunda y definitiva votación, el dictamen que amplía significativamente los derechos laborales de los trabajadores públicos contratados bajo el régimen del Decreto Legislativo 1057, conocido como régimen CAS. Esta decisión, largamente esperada por miles de servidores públicos, reconoce el acceso a beneficios cruciales como las gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad, así como la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), equiparándolos en ciertos aspectos a los trabajadores del régimen laboral general del sector público. La iniciativa, que tuvo su primera votación el 17 de septiembre de 2025, ha sido objeto de intensos debates y análisis, culminando en una aprobación que promete transformar las condiciones laborales de una parte importante del personal estatal.
El dictamen aprobado establece que los trabajadores CAS recibirán gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad, cada una equivalente a una remuneración mensual completa. Este beneficio representa un avance sustancial, considerando que hasta ahora los servidores de otros regímenes públicos percibían un aguinaldo fijo de S/ 300. Asimismo, se les otorgará el derecho a la CTS, calculada sobre el 100% de su sueldo por cada año de servicio. Es importante destacar que este pago de CTS tendrá carácter cancelatorio, es decir, se efectuará únicamente al momento de la finalización del vínculo laboral con la entidad estatal.
La aprobación de esta norma implica una regulación más precisa de los derechos y obligaciones de los servidores contratados bajo el régimen CAS. Para ello, se plantea la modificación de los artículos 3, 5 y 6 del Decreto Legislativo 1057, que regula el régimen especial de Contratación Administrativa de Servicios. El artículo 3, en su nueva redacción, redefine el Contrato Administrativo de Servicios como una modalidad especial de contratación laboral exclusiva del Estado, que se rige por el propio decreto legislativo y, de manera supletoria, por la Ley 30057, Ley del Servicio Civil, siempre y cuando esta última resulte más favorable para el trabajador. Esta modificación busca brindar mayor seguridad jurídica y protección a los trabajadores CAS.
El artículo 6, por su parte, es el que introduce los nuevos beneficios laborales. Además de las gratificaciones y la CTS, el dictamen busca establecer un marco más claro para otros derechos laborales, aunque estos no fueron detallados en la información proporcionada. La implementación de estos cambios generará un impacto significativo en las finanzas públicas, lo que ha provocado críticas y preocupaciones por parte de algunos sectores.
El régimen de Contratación Administrativa de Servicios fue creado en 2008 con el objetivo de ordenar la contratación de personal que prestaba servicios al Estado bajo esquemas más flexibles. Inicialmente concebido como una fórmula transitoria, el régimen CAS ha ido incorporando beneficios y ajustes legales que reconocen su naturaleza laboral especial. Sin embargo, su permanencia y su eventual equiparación con otros regímenes de empleo público han sido objeto de debate constante.
La aprobación de esta ampliación de derechos ha generado reacciones encontradas. Si bien los trabajadores CAS celebran la medida como un logro histórico, algunos analistas y exfuncionarios públicos han expresado su preocupación por la sostenibilidad fiscal de la medida. El exministro de Economía Luis Miguel Castilla, por ejemplo, ha calculado que el costo de esta ampliación podría ascender a S/ 3.050 millones, lo que representa una carga considerable para las arcas del Estado.
Las críticas se centran en la falta de una planificación presupuestaria adecuada para hacer frente a este nuevo gasto. Se argumenta que la medida, impulsada por el partido APP, es “populista” y podría comprometer la estabilidad económica del país. Sin embargo, los defensores de la medida sostienen que se trata de una inversión en el capital humano del Estado y que los beneficios para los trabajadores CAS se traducirán en una mayor eficiencia y calidad de los servicios públicos.
En el sector privado, las gratificaciones son un beneficio laboral establecido por ley, entregado dos veces al año, en julio y diciembre, y equivalentes a una remuneración mensual íntegra para quienes han laborado todo el semestre. El cálculo de las gratificaciones en el sector privado también considera bonificaciones adicionales según el régimen de salud del trabajador. La aprobación de las gratificaciones para los trabajadores CAS busca equiparar sus beneficios a los del sector privado, aunque en este caso el monto podría ser superior al aguinaldo tradicional del sector público.
La implementación de esta nueva normativa requerirá la elaboración de reglamentos y la asignación de recursos presupuestarios. El gobierno deberá definir los mecanismos para garantizar el cumplimiento de la ley y evitar posibles distorsiones en el mercado laboral. Asimismo, será necesario evaluar el impacto de la medida en la eficiencia y la calidad de los servicios públicos.
El debate sobre el futuro del régimen CAS continúa abierto. Algunos sectores proponen su eliminación gradual y la incorporación de los trabajadores CAS al régimen laboral general del sector público. Otros abogan por la consolidación del régimen CAS como una modalidad especial de contratación laboral, con derechos y obligaciones claramente definidos. La decisión final dependerá de la voluntad política del gobierno y de la capacidad de llegar a un consenso entre los diferentes actores involucrados.
En conclusión, la aprobación de la ampliación de derechos laborales para los trabajadores CAS representa un hito importante en la historia del empleo público en el Perú. Si bien la medida ha generado controversia y preocupaciones sobre su sostenibilidad fiscal, también ha sido celebrada como un logro histórico por los trabajadores CAS. El futuro del régimen CAS y su impacto en las finanzas públicas serán temas clave en la agenda política y económica del país en los próximos meses. La correcta implementación de esta norma y la asignación de recursos presupuestarios adecuados serán fundamentales para garantizar su éxito y evitar posibles consecuencias negativas.
