Dos años después del inicio de la crisis en la cooperativa COSAVI, los afectados denuncian la ineficiencia del proceso de devolución de fondos y la falta de transparencia por parte de las autoridades. El economista Juan José Ortiz, representante de los socios, advierte que el caso ha trascendido las fronteras salvadoreñas, convirtiéndose en un problema de alcance internacional. La situación ha generado desesperación entre los socios, con al menos 11 fallecimientos registrados entre quienes no pudieron recuperar sus ahorros.
El 1 de marzo de 2024 marcó el inicio de las irregularidades, cuando los socios comenzaron a experimentar límites en los retiros de sus fondos. Inicialmente, se estableció un límite de 3,000 dólares semanales, que posteriormente se redujo a 1,000 dólares. Durante el periodo comprendido entre el 1 de marzo y el 9 de abril, muchos asociados lograron retirar parte de sus ahorros, anticipando una posible crisis.
La situación escaló rápidamente cuando una usuaria de COSAVI en Santa Elena exigió la devolución inmediata de 50,000 dólares, un reclamo que se viralizó en redes sociales el 8 de mayo de 2024. Al día siguiente, la Superintendencia del Sistema Financiero, encabezada por Evelyn García, y la Fiscalía General, liderada por Rodolfo Delgado, anunciaron públicamente la intervención de la cooperativa. Sin embargo, según testimonios de los afectados, la intervención ya se estaba aplicando de facto desde el 1 de marzo.
En el momento del anuncio, la Fiscalía señaló a 32 sospechosos vinculados al caso y presentó a 16 personas detenidas. No obstante, a la fecha, se desconoce la situación de las otras 16 personas señaladas, ya que el proceso judicial se mantiene bajo reserva. Posteriormente, se han realizado detenciones de otras jefaturas de la cooperativa, pero ni la Fiscalía ni la Superintendencia han ofrecido información pública detallada sobre estos procedimientos.
Ortiz cuestiona la legalidad de la intervención, argumentando que COSAVI se encontraba en proceso de convertirse en un banco cooperativo, pero aún no había completado el trámite. Por lo tanto, considera que la institución competente para intervenir era el INSAFOCOOP, y no la Superintendencia del Sistema Financiero.
La falta de transparencia y la ausencia de explicaciones técnicas, financieras o legales por parte de las instituciones involucradas –Superintendencia, Fiscalía y juzgado especializado– han generado frustración y desconfianza entre los afectados. Ortiz critica el mecanismo de devolución de dinero por “capas”, calificándolo de ineficiente. Después de 24 meses, el proceso apenas ha logrado devoluciones de hasta 80,000 dólares, lo que genera incertidumbre para aquellos socios que tenían depósitos significativamente mayores.
“Si una persona tenía medio millón de dólares en COSAVI, ¿cuándo le corresponderá recuperar su dinero si en dos años apenas se ha llegado a los 80 mil?”, se pregunta Ortiz, resaltando la lentitud del proceso y la falta de una hoja de ruta clara para la recuperación de los fondos.
Dentro de la cooperativa, existían dos tipos de socios: aquellos que poseían certificados a plazo y aquellos que tenían certificados de aportación. Los socios con certificados de aportación, que en algunos casos ascendían a 5,000, 10,000 o 15,000 dólares, han visto cómo sus certificados han perdido vigencia contractual debido a la suspensión de pagos de intereses por parte de la Superintendencia. A pesar de ello, aún no han recibido la devolución de sus ahorros.
Julio Flores, otro de los afectados, relata la angustia y la incertidumbre que viven los socios. La crisis de COSAVI, que inicialmente afectaba a un grupo específico de personas, ha comenzado a tener repercusiones económicas a nivel nacional e incluso internacional, según Ortiz. La falta de una solución efectiva y la prolongada espera por la devolución de los fondos han generado un clima de desconfianza en el sistema financiero y han afectado la estabilidad económica de muchas familias.
La situación de los afectados por COSAVI se agrava con el paso del tiempo. La falta de información clara, la lentitud del proceso de devolución y la ausencia de una respuesta contundente por parte de las autoridades han generado un sentimiento de abandono y desesperación. La comunidad de socios exige una investigación exhaustiva, la identificación y el castigo de los responsables, y una solución justa y rápida para la recuperación de sus ahorros.
La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa emitió un dictamen favorable…
