El Gobierno de Nayib Bukele ha logrado que la organización Comunidades de Fe Organizadas en Acción (COFOA) cese sus operaciones en El Salvador, tras una recomendación dirigida a la Iglesia Católica. La noticia, confirmada por COFOA a través de un comunicado, ha generado preocupación entre defensores de los derechos humanos y analistas políticos, quienes ven en esta acción un nuevo ejemplo de la estrategia gubernamental para limitar la influencia de organizaciones de la sociedad civil.
COFOA, nacida en 2008 en la Catedral Nuestra Señora de los Pobres de Zacatecoluca, se dedicaba a la formación de líderes comunitarios desde una perspectiva de fe, promoviendo la participación ciudadana en la búsqueda de soluciones a problemas locales. Durante 2025, la organización formó a más de 1,400 líderes, quienes a través de 128 comités de organización local, lograron impulsar proyectos comunitarios por un valor aproximado de $450,000. Estos proyectos incluyeron la construcción de puentes, mejoras en calles, sistemas de agua potable y otras infraestructuras esenciales para el bienestar de las comunidades más vulnerables.
La misión central de COFOA era incidir en las políticas públicas, abogando por la justicia, la equidad y el respeto a la dignidad humana. La organización presentó iniciativas en la Asamblea Legislativa relacionadas con la legalización de la propiedad de tierras para familias de bajos recursos, el acceso a la educación en comunidades marginadas y la reparación de infraestructura vial. Su trabajo se basaba en el diálogo y la negociación con diversas instituciones del Estado y actores sociales, buscando soluciones a los problemas que afectan a las familias y comunidades salvadoreñas.
A pesar de la conclusión de sus labores como Centro de Servicio de la Diócesis de Zacatecoluca, COFOA enfatiza que el proceso de organización comunitaria continuará. La organización destaca que su labor ha trascendido la estructura administrativa, convirtiéndose en un movimiento de fe arraigado en las comunidades y sus líderes. Estos líderes, inspirados en valores de fe, solidaridad y compromiso, seguirán trabajando por la construcción de comunidades más justas, resilientes y con mayores oportunidades para todos.
La presión ejercida por el Gobierno de Bukele sobre COFOA se enmarca en un contexto más amplio de restricciones a la libertad de asociación y expresión en El Salvador. Diversos sectores han denunciado que el Gobierno ha utilizado la Ley de Agentes Extranjeros, aprobada en 2023, como una herramienta para silenciar a las organizaciones de la sociedad civil. Esta ley impone un impuesto del 30% a las donaciones recibidas por organizaciones que son consideradas “agentes extranjeros”, lo que ha llevado al cierre de operaciones de decenas de organizaciones que dependen de financiamiento internacional.
La Ley de Agentes Extranjeros ha sido ampliamente criticada por organizaciones internacionales de derechos humanos, quienes la consideran una violación a los principios de libertad de asociación y expresión. Se argumenta que la ley tiene como objetivo ahogar financieramente a las organizaciones que critican al Gobierno o que trabajan en áreas consideradas sensibles, como la defensa de los derechos humanos, la transparencia y la rendición de cuentas.
En el comunicado, COFOA agradece el apoyo de obispos, líderes religiosos de diferentes denominaciones, organizaciones profesionales e instituciones locales que colaboraron en su misión. También reconoce la apertura de varias alcaldías para trabajar en conjunto con los líderes comunitarios y agradece a la ministra de Vivienda, Michelle Sol, y al presidente Bukele por la coordinación en el proceso de legalización de lotificaciones, que benefició a más de 350,000 familias.
Sin embargo, el agradecimiento no oculta la clara presión ejercida por el Gobierno para que COFOA cese sus actividades. La recomendación a la Iglesia Católica, según fuentes cercanas a la organización, fue transmitida en reuniones privadas donde se enfatizó la incomodidad del Gobierno con el trabajo de COFOA en las comunidades.
La conclusión de las operaciones de COFOA en El Salvador no significa el fin de su legado. La organización ha inspirado procesos de organización comunitaria en Honduras y Guatemala, y ha iniciado nuevas etapas de trabajo en Colombia, Panamá y Perú. Su experiencia y metodología de formación de líderes comunitarios desde una perspectiva de fe continúan siendo relevantes en otros países de la región.
La situación de COFOA plantea serias interrogantes sobre el futuro de la sociedad civil en El Salvador. La creciente restricción de espacios para la participación ciudadana y la criminalización de la disidencia amenazan la democracia y el Estado de derecho. La presión sobre organizaciones como COFOA, que trabajan en la defensa de los derechos de las comunidades más vulnerables, es un síntoma preocupante de la deriva autoritaria que se observa en el país.
Analistas políticos advierten que el Gobierno de Bukele busca consolidar su poder a través del control de la sociedad civil y la limitación de la libertad de expresión. La Ley de Agentes Extranjeros y la presión sobre organizaciones como COFOA son parte de una estrategia más amplia para silenciar a las voces críticas y crear un ambiente de sumisión y obediencia.
La comunidad internacional ha expresado su preocupación por la situación de los derechos humanos en El Salvador y ha instado al Gobierno a respetar la libertad de asociación y expresión. Sin embargo, el Gobierno de Bukele ha ignorado estas llamadas y ha continuado con su política de restricción de espacios para la participación ciudadana.
El cierre de COFOA es un duro golpe para las comunidades salvadoreñas que dependían de su apoyo y acompañamiento. Sin embargo, los líderes comunitarios formados por la organización han reafirmado su compromiso de continuar trabajando por la construcción de comunidades más justas, resilientes y con mayores oportunidades para todos. La lucha por la justicia y la equidad en El Salvador continúa, a pesar de los obstáculos y las amenazas.
