El gobierno saliente de Gabriel Boric entrega a la administración de José Antonio Kast una compleja situación migratoria, marcada por un acumulado de 75.352 órdenes de expulsión pendientes, algunas de ellas datando desde 2016. La oposición, liderada por el futuro director del Servicio Nacional de Migraciones (Sernamig), Frank Sauerbaum, ha criticado la gestión actual, acusándola de no cumplir con la ley y de ejecutar un número limitado de deportaciones. Mientras, el actual director del Sernamig, Luis Thayer, defiende su labor, destacando el aumento de las expulsiones administrativas y la normalización del funcionamiento del servicio.
Las cifras revelan un panorama desafiante. Durante la presidencia de Boric, las deportaciones disminuyeron un 32% en comparación con el periodo anterior, liderado por Sebastián Piñera. Mientras Piñera expulsó a 6.668 migrantes, el gobierno actual alcanzó las 4.544 deportaciones. Sin embargo, desde el oficialismo se argumenta que se produjo un incremento significativo del 67% en las expulsiones administrativas, aquellas dispuestas por la autoridad política, en contraste con las expulsiones judiciales, que representaban el 80% durante la administración anterior.
La dificultad para aumentar el número de expulsiones se atribuye principalmente a dos factores clave. En primer lugar, la mayoría de los individuos con órdenes de expulsión son de nacionalidad venezolana, representando el 50% de las órdenes emitidas en los últimos diez años. La interrupción de las relaciones diplomáticas con el gobierno venezolano dificulta la materialización de estas deportaciones. En segundo lugar, el presupuesto asignado al Sernamig es limitado. En 2025, el presupuesto para expulsiones ascendía a $3.882.492.000, lo que permitía deportar un máximo de 1.313 personas, considerando un costo promedio de $2.956.000 por deportación.
El Sernamig enfatiza la necesidad de mayores recursos y una mayor capacidad de la Policía de Investigaciones (PDI). Actualmente, la PDI solo puede retener a un individuo con una orden de expulsión pendiente por un máximo de cinco días, y a menudo, el tiempo necesario para coordinar los vuelos de deportación excede este plazo. Además, la dotación policial es insuficiente para detectar y detener a personas con órdenes pendientes.
En agosto de 2023, se implementaron modificaciones a la Ley 21.325, que ampliaron el plazo de retención de la PDI de dos a cinco días y permitieron la notificación de las órdenes de expulsión a través de correo electrónico y carta certificada, eliminando la obligación de notificación presencial.
Luis Thayer destaca el aumento de las expulsiones administrativas durante su gestión. “El 2025 es el año con más expulsiones de este tipo ejecutadas de los últimos 8, y el año que le sigue es el 2024. Hemos tenido una baja paulatina, sin embargo, en las expulsiones judiciales ejecutadas, porque desde 2022 la ley impide expulsar a condenados por tráfico de drogas con condenas bajas. Hemos querido cambiarlo pero no ha habido acuerdo en el Congreso", explica.
Thayer subraya tres desafíos clave para la próxima administración: aprobar el proyecto de ley que permitiría la expulsión de traficantes de drogas, retomar las relaciones consulares con Venezuela y aumentar los recursos y herramientas disponibles para la PDI. “Para que la próxima administración pueda aumentar este volumen y acercarse a materializar las casi 80 mil expulsiones dictadas, tiene tres desafíos complejos pero muy claros”, afirma.
El año 2024 marca un punto de inflexión en la gestión migratoria, gracias a la implementación de un nuevo procedimiento de notificación y la digitalización de los flujos administrativos. Como resultado, el número de órdenes de expulsión se incrementó exponencialmente: de 1.465 en 2023 a 12.472 en 2024 y a 23.778 en 2025. Las órdenes despachadas durante 2025 representan el 32% del total acumulado en la década y más de un tercio de todas las expulsiones administrativas dictadas desde 2016.
Aproximadamente el 90% de las órdenes de expulsión se dictan por ingreso irregular, lo que constituye una falta administrativa y no un delito penal.
Thayer enfatiza que su gobierno priorizó la eficiencia en las expulsiones y el fortalecimiento del trabajo policial. “El inicio de cerca de 90 mil procedimientos y la firma de más de 45 mil órdenes de expulsión, junto a los cambios normativos impulsados y la incorporación de herramientas digitales para el control migratorio en terreno, dan cuenta de esa urgencia”, señala.
“Resolvimos problemas fundamentales de la institución y estamos dejando una institucionalidad más preparada para resolver de manera efectiva los desafíos que tiene el país”, concluye el director nacional del Sernamig, dejando un legado complejo para la administración entrante de José Antonio Kast, quien deberá abordar la crisis migratoria con urgencia y buscar soluciones efectivas para reducir el acumulado de órdenes de expulsión pendientes. La tarea se presenta ardua, requiriendo una estrategia integral que involucre la diplomacia, la asignación de recursos y la coordinación interinstitucional.
