La disputa por el control y el futuro administrativo de Comfenalco Antioquia ha escalado a los estrados judiciales. El pasado miércoles 29 de julio, la Alcaldía de Medellín, bajo el liderazgo del alcalde Federico Gutiérrez, radicó una acción de tutela con solicitud de medida cautelar. El objetivo primordial de esta acción legal es frenar el proceso adelantado por la Superintendencia del Subsidio Familiar para levantar la intervención administrativa total que pesa sobre la caja de compensación desde septiembre de 2023.
A través de su abogado David Salazar Ochoa, el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín busca que la justicia suspenda de manera inmediata los efectos de la Resolución 0563, expedida el 17 de julio de 2026. Mediante dicho acto administrativo, la Superintendencia inició el procedimiento para desmontar la intervención. La Alcaldía solicita que se detengan todas las actuaciones derivadas de esta decisión, haciendo especial énfasis en la suspensión de la Asamblea General Extraordinaria de Afiliados, la cual está convocada para el próximo 5 de agosto. En dicha sesión, se tiene previsto elegir a los representantes de los empleadores que integrarían el Consejo Directivo.
El conflicto ha trascendido lo estrictamente jurídico para convertirse en un choque político. Tras la radicación de la tutela, el alcalde Federico Gutiérrez utilizó su cuenta de X para lanzar fuertes críticas contra el Gobierno Nacional. El mandatario afirmó que el presidente Gustavo Petro pretende tomar el control de Comfenalco Antioquia antes de finalizar su mandato con el fin de dejar "atornillada" a la junta directiva y al gerente, asegurando que no permitirán que esto suceda. Gutiérrez señaló que la Alcaldía, en alianza con la Gobernación de Antioquia, el sector empresarial y ciudadanos, ha acudido a la justicia para defender la entidad. Asimismo, hizo un llamado a los ministros y funcionarios del Gobierno Nacional para que cumplan con la Constitución y la ley, advirtiendo que no deben prestarse para actuaciones ilegales.
Uno de los puntos centrales de la controversia radica en la aparente contradicción de la Superintendencia del Subsidio Familiar. Según el Distrito, apenas en abril de 2026, la entidad había prorrogado la intervención por 12 meses adicionales, argumentando que los riesgos para la caja no solo persistían, sino que se habían agudizado. En aquel momento, la autoridad había declarado la improcedencia del levantamiento de la medida, fundamentando su decisión en pérdidas acumuladas en el programa de vivienda que superaban los 54.873 millones de pesos y un pasivo litigioso mayor a los 60.000 millones de pesos. No obstante, solo 90 días después, la postura cambió radicalmente, coincidiendo con el periodo cercano al cambio de gobierno de Petro a De la Espriella.
En la demanda, el equipo jurídico de la Alcaldía argumenta que se ha vulnerado el debido proceso administrativo y el derecho a la seguridad social. Sostienen que la Superintendencia incurrió en un defecto procedimental grave al ignorar los pasos establecidos en la Resolución 0629 de 2018 para el levantamiento de intervenciones. Específicamente, alegan que se omitió la recomendación obligatoria del Grupo de Medidas Especiales y no se convocó al Comité de Dirección Institucional, basando la decisión únicamente en la recomendación del Agente Especial de Intervención.
Adicionalmente, existe una disputa legal sobre el efecto del recurso de reposición interpuesto por el Distrito el 27 de julio. Mientras la Superintendencia afirma que dicho recurso tiene efecto devolutivo y no suspende la orden, la Alcaldía sostiene que, por ley, debería tener un efecto suspensivo, lo que obligaría a detener cualquier actuación hasta que se resuelva la queja de fondo.
La gravedad de la situación se ve reflejada en los datos técnicos presentados en la tutela. El Distrito denuncia que varias actividades críticas del Plan de Mejoramiento presentan un avance del 0%. Entre estas se encuentran la determinación técnica de las afectaciones a los recursos del 4%, FOVIS y FOSFEC, así como la reconstrucción de la ruta de pagos judiciales por sentencias en salud. También se menciona la falta de implementación del Manual de Prevención del Riesgo Antijurídico y la ausencia de gestiones ante la Contraloría y la Procuraduría por presuntas irregularidades.
A esto se suman dudas financieras persistentes. La tutela expone que no hay claridad sobre el destino de 10.000 millones de pesos cedidos irregularmente en 2021 a la sociedad Mandato Salud S.A.S. De igual forma, no se ha explicado plenamente la situación del remanente de 45.403,5 millones de pesos relacionado con el lote B Parque Los Encuentros, cuyo avalúo total ronda los 90.000 millones de pesos.
La urgencia de la medida judicial se fundamenta en que el nuevo Consejo Directivo llegaría a manejar recursos cercanos a 1 billón de pesos anuales. La Alcaldía advierte que permitir la elección del 5 de agosto sin haber saneado las causas que originaron la intervención pondría en riesgo inminente los recursos destinados a la población más vulnerable, incluyendo a trabajadores de menores ingresos y madres cabeza de familia. Finalmente, se destaca que la Procuraduría General de la Nación ya ha emitido observaciones advirtiendo que se están ejecutando órdenes sin que el acto administrativo esté en firme.
